Administración, dineros, ciudadanos

(Ayer, en La Nueva España) ADMINISTRACIÓN, DINEROS, CIUDADANOS Hace pocas fechas el ministro Escrivá (el tipo con la mejor fama inmerecida de España desde antes de ser ministro) se ponía como una pantera al negar que se exigiese cita previa en la Seguridad Social, pese a que en la página web del citado organismo se especifica: «La atención al ciudadano en las oficinas de la Seguridad Social requiere disponer de una cita». Pero seguramente a ninguno de ustedes le hace falta recurrir a testimonios externos para saber que en muchas oficinas de la Administración se exige aún hoy cita previa, sin la cual no se puede realizar trámite alguno. Y aunque es verdad que en algunas dependencias o servicios de las Administraciones se ha eliminado la demanda como exigencia sine qua non para ser atendido, sigue siendo requerida en otras. Conozco varios casos recientes en que un ciudadano se ha personado en una oficina, con todas las ventanillas vacías, para realizar un trámite y no ha podido hacerlo por carecer de esa previsión. Sin ir más lejos, los remito a ustedes a la página 48 de LA NUEVA ESPAÑA, edición de Xixón, del miércoles 24 de mayo, donde don Celeste Pérez cuenta esa experiencia en una AEAT prácticamente vacía, en Xixón. La parte dura de la pandemia, con sus exigencias de precauciones y separación, dio lugar en un principio a razonables cautelas para evitar la acumulación de ciudadanos en las oficinas, pero, en parte, esas exigencias han seguido manteniéndose, sin justificación alguna, en el momento actual, constituyendo una comodidad para los empleados públicos y una carga para los usuarios. En general, los tiempos estimados en la cita previa son demasiado largos y, además, hay ciudadanos que no acuden a cumplimentarla, con lo que se suceden esos panoramas de funcionarios mano sobre mano y sillas o ventanillas vacías. Vayan ustedes a un ambulatorio y verán que ocurre lo mismo, pese a las reiteradas quejas de los sindicatos de los profesionales de la sanidad. Paralelamente, entre una parte del funcionariado se ha puesto en marcha una cadena de reivindicaciones de más comodidad y de más salarios, la del teletrabajo, por ejemplo, ocupación que, si muy moderna, es difícil de evaluar en su rendimiento desde la Administración, por muchas razones. En el ámbito de la sanidad, también se ha abierto una carrera de reivindicaciones salariales y de relajación del trabajo, que unos sindicatos aceptan y otros no. Y no digamos nada ya del mundo de la justicia, en que parece haberse establecido una cadena de relevos para paralizarla: primero los letrados, después jueces y fiscales, ahora los funcionarios, en una especie de ejecución de la canción del “todos queremos más, y más, y más, y mucho más”. Con esos antecedentes, exitosos además, con la presión de la inflación sobre los sueldos, y con el pésimo ejemplo dado por el Gobierno mediante la subida de las pensiones en la cuantía del IPC, no será de extrañar que en meses próximos más grupos de la Administración inicien sus movimientos reivindicativos. Quiénes ganan está claro. Y quiénes pierden, también: los ciudadanos que ven sus juicios aplazados sine die (claro que algunos delincuentes son premiados con esa demora), aquellos cuyas citas en la Sanidad se retrasan (más), y todos nosotros, en general, que somos los que pagamos esperas, retrasos y subidas salariales, a sumar a los regalos del Gobierno para viajes y entretenimiento del ocio (entre otras cosas). Y no puedo evitar, es un vicio personal, traer aquí una cita de la Ilíada: -¡Oh amigos, capitanes y príncipes de los argivos, los que bebéis en la tienda de los Atridas Agamenón y Menelao el vino que el pueblo paga!

Para pandemia, la Administración

(En La Nueva España, el 16/11/2022) PARA PANDEMIA, LA DE LA ADMINISTRACIÓN Estos días LA NUEVA ESPAÑA promueve una campaña de esclarecimiento y denuncia de las demoras de la Administración causadas por la cita previa, que es un mecanismo más de inferir las molestias y daños habituales que con sus retrasos frecuentes provoca el Estado. No es la única la Administración (estatal, autonómica, municipal) la que ha implantado la norma diferidora postpandemial, también lo han hecho algunas empresas en su atención al público. Sobre los retrasos, inconcebibles a veces, de la Administración están apareciendo en estas páginas ejemplos frecuentes: «El colmo de la burocracia: dieciocho años para obtener un permiso para fabricar galletas artesanales», por ejemplo, o «Aunque parezca mentira, llevamos ya cinco años peleando con las licencias». Pero no hablamos de ahora de trámites para inversiones o empresas, sino de esos retrasos de días o meses que sufren los ciudadanos para trámites corrientes: una cita en el médico, una certificación del Ayuntamiento, renovar el carné de identidad… Pues bien, ese procedimiento ocasiona molestias y retrasos al ciudadano, retrasos que, en algunos casos, le hacen llegar fuera de plazo para otras actuaciones administrativas. Y añadamos que, en no pocas ocasiones, el conseguir ser atendido para obtener la cita previa constituye un verdadero calvario de llamadas inútiles a teléfonos que nunca se descuelgan, que siempre están ocupados o que nos piden paciencia hasta que se cortan de por sí. Pónganse ustedes ahora en el lugar de una persona tal vez mayor, tal vez poco ducha en las artes digitales —cuando la cita requiere ese camino—, y sentirán la desesperación, impotencia y ganas (o, más bien, necesidad) de proferir maldiciones de los afectados. No se entiende de ninguna manera que, tras haberse superado los momentos más difíciles de la pandemia, en lo que las autoridades califican ahora como «de normalidad», no se vuelva a la situación de «normalidad» anterior. Ya que la cita previa implica una dilación injustificable para recibir al ciudadano, supone molestias o perjuicios para él y entraña mayores costos en la Administración. ¿La razón? Porque el tiempo calculado entre cita y cita es un tiempo generoso, y, por tanto, el número de personas diarias atendidas es mucho menor. Sin contar con que suele haber inasistencias y durante ese período, reservado pero no ocupado, no se atiende a nadie. Pregúntense ustedes en qué tiempo antes llegaban a un mostrador y cuánto tardan ahora en llegar. ¿Y a quién beneficia el sistema? Digámoslo con claridad: únicamente a los funcionarios de toda condición, sexo y ventanilla, a su comodidad, lo mismo que el teletrabajo los beneficia a ellos, mientras que es dudoso que acelere la tramitación administrativa. Alto y claro: la cita previa es un abuso, una tropelía, una arbitrariedad. Es el virus postpandémico que se ha instalado en nuestra sociedad, con daño, naturalmente, para el ciudadano.

La Administración, contra los ciudadanos

(Ayer, en La Nueva España) LA ADMINISTRACIÓN, CONTRA LOS CIUDADANOS Conocerán ustedes casos en que los retrasos de la Administración para recibir a quien necesitaba realizar un trámite determinado han producido o han estado a punto de producir perjuicios irreparables por sobrepasarse la fecha en que se cumplían determinados plazos para alguna gestión interna o externa a la Administración. La causa fundamental de ello consiste en la exigencia de cita previa que, durante la pandemia, establecieron las administraciones y algunas empresas y, que, para pasmo e irritación de todos, han decidido seguir manteniendo en estos momentos y como norma para el futuro. No se entiende de ninguna manera que, tras haberse superado los momentos más difíciles, en lo que las autoridades califican ahora como “de normalidad”, no se vuelva a la situación de “normalidad” anterior. Ya que la cita previa implica una dilación injustificable para recibir al ciudadano, supone molestias o perjuicios para él y entraña mayores costos en la Administración. ¿La razón? Porque el tiempo calculado entre cita y cita es un tiempo generoso, y, por tanto, el número de personas diarias atendidas es mucho menor. Pregúntense ustedes en qué tiempo antes llegaban a un mostrador y cuánto tardan ahora en llegar. ¿Y a quién beneficia el sistema? Digámoslo con claridad: únicamente a los funcionarios de toda condición, sexo y ventanilla, a su comodidad, lo mismo que el teletrabajo. Pero el problema de la gerencia pública de los asuntos va mucho más allá. Como mero indicio, piensen ustedes que el Gobiernu lleva años tratando de modificar la legislación relativa a la Administración (gestión y funcionarios) y que no acaba de hacerlo: reconoce que existe un problema (y no menor), pero no sabe cómo realizarlo. Una parte sustancial de ese problema proviene de la legislación, esto es, de la política: Ejecutivos, Parlamentos, partidos políticos, asesores, expertos, sabios. Se legisla “con las témporas”, con desconocimiento de los efectos reales de lo impreso sobre la realidad. Piensen ustedes, por ejemplo, en los problemas de la legislación asturiana con respecto a los arreglos de viviendas en los entornos del Camino de Santiago (solo recientemente solucionados en parte) o para ampliar una casa en núcleos rurales. Yo les recomiendo que relean ustedes la amplia información contenida en LA NUEVA ESPAÑA del domingo cuatro del corriente titulada «El colmo de la burocracia dieciocho años para obtener un permiso para fabricar galletas artesanales». Verán ahí cómo la legislación impide muchas veces que puedan encajar en ella determinados proyectos. Pero también de qué forma cada departamento o funcionario se escuda en otros para no tomar decisiones: «La licencia dependía de tres departamentos del Principado y todos me decían: ‘si te la firma el otro, te la firmo yo’. Y yo les decía: ‘vale, os junto a los tres y me firmáis’. Pero no hubo manera». Y es que la histeria anticorrupción que azota el país desde hace una década no solo ha creado una legislación que se excede en la vigilancia y los procesos y excita el celo robinhoodesco de algunos togados, sino que ha provocado entre los funcionarios un clima de permanente recelo y de huida de las propias responsabilidades. Algunos lo sabemos desde hace tiempo y lo hemos denunciado, prefiero ahora ponerlo en boca de un alto funcionario, don Antonio Arias Rodríguez («Elogio de la Y», LA NUEVA ESPAÑA, 14/09/2022): «Hoy los funcionarios… Nadie se moja. No importa la eficacia del gasto. Los empleados públicos… intentamos hacer nuestra tarea… sin correr ningún riesgo. Si cae una ladera o un puente y deja cientos de vecinos incomunicados por carretera, nadie asumirá el riesgo de considerarlo una emergencia y verse después ante posibles responsabilidades o involucrado años después en un titular de prensa». Que haya una empresa que no pueda abrir o tenga que cerrar, negocios o vecinos perjudicados, un ciudadano mal o tarde atendido, con daño en sus intereses… que haya un cadáver más, ¿qué importa al mundo?, como diría Espronceda. ¿Alguien se atreverá?

Entre la incredulidad y el enojo

(Ayer, en La Nueva España) L’APRECEDERU ENTRE LA INCREDULIDAD Y EL ENOJO Me llega un comunicado de un centro comercial ofreciéndome una nueva tarjeta. Con asombro, veo que no es ya que no me la manden a casa, sino que para recogerla tengo que pedir cita previa. El abuso de la cita previa, tal vez medio explicable durante la pandemia, parece haber gustado en las Administraciones y en ciertas empresas, como algunos bancos. Y aun parece que esté para quedarse. En ciertas oficinas, incluso, no se puede pasar de la puerta sin ese requisito. Ni para hacer una pregunta sobre horarios, pongamos. Es un abuso y una tomadura de pelo. Para todo el mundo, en general, porque nadie está obligado a tener un ordenador o un teléfono móvil con capacidad internáutica. Pero es que, además, arroja a las tinieblas a muchísimas personas que son incapaces de moverse en esos ámbitos –y, créanme, algunas páginas son bastante coñazo y dificultosas- y las obliga a mendigar favores. “¡Sin piedad!”, así podríamos calificar el comportamiento de estas Administraciones y empresas. Y hablando de las conexiones internáuticas, leo en LA NUEVA ESPAÑA que vecinos de la zona rural de Xixón se agrupan para contratar el servicio con una determinada empresa. Hartos de tener conexiones muy deficientes o de no tenerlas. Y hartos, también o sobre todo, del bla, bla, bla de la Administración, que predica planes y da plantones (no de árboles, por supuesto). Ahí no estaremos a la cabeza, pero sí en otras cosas. Por ejemplo, en nuestro absentismo laboral. Cada día faltan al trabajo 26. 169 personas, 5.948 sin causa justificada. Medalla de bronce en el conjunto de España. Donde salta la incredulidad es al contemplar algunas leyes. He aquí que una desgraciada muchacha resulta asesinada con veinte puñaladas. Pues bien, la ley entiende que no es ese requisito suficiente para dictaminar que hubo “ensañamiento”. A veces la ley tiene razones que la razón no es capaz de comprender.

OCULTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA PANDEMIA

(Ayer, en La Nueva España) OCULTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA PANDEMIA El Gobierno central, no con la aquiescencia de todas las comunidades, se halla en un proceso tendente a eliminar en poco tiempo todas las restricciones que se habían establecido con respecto a la pandemia y los mecanismos de control e información sobre ellas. A la esperpéntica eliminación de las mascarillas en exteriores (realizada menos de una semana después de haber sido prorrogada) y a la suspensión de la cuarentena para los contactos estrechos con infectados, seguirán ahora la información sobre los contagios únicamente dos veces a la semana, la eliminación de las pruebas de PCR a los casos que no sean graves o vulnerables (es decir, que estén previamente señalados como tales) y, muy pronto, la eliminación de las mascarillas en interiores. ¿Qué se logra con ello? Evidentemente, aumentar la sensación entre una gran parte de la población de que el peligro ya no existe y de que no son necesarias las precauciones. Y, sin embargo, el peligro sigue existiendo. Es cierto que la cantidad de ingresados en los hospitales y en las UCIs disminuye en toda España, pero no es menos cierto que el número de afectados no baja, es más, sigue aumentando, leve pero insistentemente. Si, como parece verosímil, ello se debe a los encuentros masivos del antroxu, es de esperar que acontecimientos multitudinarios como la Semana Santa, en que es posible, además, que no se exijan ya mascarillas en colegios ni en interiores, los hagan aumentar. Se habla de “gripalizar” el Covid, tratándolo igual que una gripe y como si lo fuera. Pero ello es una absoluta falacia. En primer lugar, porque sigue habiendo muertos de la pandemia todos los días, y no uno ni dos; en segundo lugar, porque mientras la gripe es estacional, el covid, en sus diversas variantes, nos frecuenta durante todo el año, luego el número de sus víctimas mortales es mayor; en tercer lugar, porque deja secuelas permanentes, graves algunas, que no deja la gripe. De modo que a lo que vamos es, en realidad, a una ocultación de la pandemia, con las consecuencias ya dichas, entre otras, repito, la pérdida de conciencia del riesgo por una parte importante de la población. Y todo ello, si no aparece una nueva variante, ante la que tardaremos tiempo en reaccionar. Por otro lado, la enfermedad y sus riesgos han servido para que en múltiples ámbitos del servicio al público, empezando por la Administración (oficinas, policía, juzgados, ambulatorios, Hacienda, ayuntamientos…) y siguiendo por bancos y otras oficinas, se haya aprovechado para prestar un servicio peor al ciudadano y para trabajar menos. Les cuento solo un caso de hace dos días. Viuda. Se le exige un certificado de matrimonio en el banco (no vale el libro de familia). Ha de ir al juzgado. Va. Debe pedir cita previa. Se le da un teléfono. Dos días llamando. Nadie lo coge. Tendrá que acudir a un familiar para que demande la cita a través de interné. No se trata únicamente del maltrato que se efectúa a quien no sabe moverse por interné o no tiene medios para ello (¿y desde cuándo es una obligación constitucional el saberlo o el disponer de esos medios?), sino que se ha aprovechado para trabajar menos en cada servicio. Se calcula un promedio temporal para despachar las citas y, en virtud de ello, se dan. Pero muchas veces las visitas llevan mucho menos tiempo y durante él el servicio permanece muerto y el oficinista folgáu. Y, además, ¿cómo es posible que ahora que se van retirando todas las restricciones no se retire la de la cita previa, verdadera incomodidad para el ciudadano, que, además, ha incrementado el tiempo que lleva resolver una gestión? Porque no se trata de que los ciudadanos vuelvan a agolparse ante los mostradores, no. Bien está que se guarden las colas y se mantengan las distancias, pero por qué no puede cada uno decidir en qué día y en qué hora aguarda su turno a las puertas de la oficina correspondiente. La perspectiva es, pues, que la enfermedad va a “desaparecer”, pero sus efectos dañinos en el servicio a los ciudadanos, así como el aprovechamiento para un más descansado trabajo de empleados y funcionarios van a quedar, tal vez para siempre. ¿Qué les parece, uno y otro?

BUENAS Y MALAS

(Ayer, en La Nueva España) L’APRECEDERU BUENAS Y MALAS Cuando las cosas van bien, es obligación señalarlo. Así, la marcha de la vacunación y la disminución de los contagios en Asturies. En ambos aspectos destacamos frente al resto de España. En el primer caso, por el alto porcentaje de vacunados, en el segundo, por la escasa cifra de los mismos. Es cierto que, en este último aspecto, hay posiblemente un vector que es parcialmente independiente de la acción humana, pero, fundamentalmente, depende de las vacunas y las medidas restrictivas. Mérito, pues, del Gobierno, mérito que subraya el que hayamos sido capaces de emplear todas las dosis que nos han sido suministradas, mientras otras comunidades, que presumen de grandes éxitos de modernidad y riqueza, almacenan vacunas a punto de caducar. Lo que parece que va a ser la relativamente próxima apertura ferroviaria por el Huerna no es un éxito que podamos atribuir a este gobierno ni a ninguno de los anteriores, ni de aquí ni de allí, aunque habrá en su día que reconocer el papel fundamental de dos personajes en ello. En todo caso, estaremos de enhorabuena y, por favor, no me hagan chistes relacionando la supresión de la marcha atrás para los asturianos en León con el estado de nuestra demografía. Lo que se ha convertido en una pesadilla más de la pandemia ha sido la cita previa y el retraso en la atención a los ciudadanos en diversos servicios, públicos o privados. La Administración, los bancos, las empresas han tomado como costumbre un cierto relajo en sus empleados y una cierta demora en la atención al paciente o al cliente. Actitud que, si justificada en los momentos más duros de la pandemia, parece haberse convertido ahora en una comodidad a la que cuesta renunciar. En algunos casos, esa deficiencia en el servicio, especialmente grave y quejosa en el ámbito sanitario, parece encontrarse, en parte, pero solo en parte, con problemas de personal.

Ayer, en LNE: Cita previa y nueva burocracia

 L’APRECEDERU

CITA PREVIA Y NUEVA BUROCRACIA

La “nueva burocracia”, la “nueva normalidad” de la relación con los servicios del Estado se ha convertido en un problema.

El más común: el acceso a la atención primaria. La petición de cita médica ha de realizarse por teléfono, el cribado inicial lo realiza un administrativo. Después (no significa el mismo día) el médico lo llama, usted describe sus síntomas, él interroga y diagnostica. Si el galeno cree que necesita una exploración meticulosa, es cierto, lo cita en la consulta. Lo normal es que despache vía telefónica.

Pónganse en el caso de quienes se expresan con dificultad o entienden mal y verán cómo es la cosa, sin descartar, además, la inseguridad sobre una exploración de esa guisa. También las necesidades de esa “nueva burocracia” (motivada por evitar la acumulación de pacientes en los ambulatorios, y, por tanto, los contagios) han eliminado el examen rutinario que se realizaba con los pacientes de enfermedades crónicas y los han dejado sin vigilancia continua y sin la tutela y consejo que mejoraba la vida del enfermo y le daba seguridad.

En el ámbito de la Administración general, la cita previa y el manejo de todos los trámites por internet han ralentizado todo. Si antes el trato con la Administración era desesperante, lo es más ahora: teléfonos que nunca se atienden, consultas que, por tanto, no pueden hacerse, cobros que no se efectúan (piensen en los ERTE). Incluso, los trámites por la “sagrada” internet no pueden realizarse a veces. Dos humoradas recientes: correo del Tribunal de Cuentas desaparecido como spam; navegadores que avisan que el servidor de un servicio público está mal conformado y que, para evitarle a usted peligros, no lo conectan con la página.

Y ahora repita, busque otros caminos (del teléfono olvídese), a ver si lo consigue. Y, si finalmente tiene que desplazarse al centro, normalmente le pedirán que se conecte por interné.

Como ardilla en jaula.