Me alegra el covid de Pedro Sánchez

(Ayer, en La Nueva España) L’APRECEDERU ME ALEGRA EL COVID DE PEDRO SÁNCHEZ No porque él esté enfermo, por supuesto, que le deseo la mejor salud del mundo, sino porque la noticia de su contagio puede significar un toque de atención Me explico: con la retirada de medidas precautorias, la extensión de un cierto discurso de que “no pasa nada” y el entenebrecimiento de los datos de los enfermos (seguimiento únicamente de los mayores de sesenta años, información sobre los contagios en fechas espaciadas), se ha instalado en la población la impresión de que ya no existe el peligro de infección y, en consecuencia, de que no hay que tomar medida alguna y en ninguna circunstancia para prevenirse del covid. Y, sin embargo, continúa habiendo muertos a diario, hay ingresados en las ucis, los contagios siguen siendo abundantes, aunque, en general, menos virulentos. Paralelamente al discurso oficial y al “clima” generalizado de calma chicha, existe un segundo discurso, emitido con sordina por los especialistas, alertando de que no debemos relajar las precauciones, de que un pico o una nueva variante pueden aparecer en cualquier momento y que la llegada del otoño y la coincidencia con la gripe estacional puede traer un aumento de la incidencia del virus. Es por eso por lo que me alegra el covid de don Pedro y la noticia del mismo. A ver si sirve de timbre de alarma para la toma de conciencia por parte de la población y de las autoridades políticas y sanitarias. En conexión con la materia, conviene señalar que aumenta el número de enfermos en espera de una intervención quirúrgica, se retrasan los plazos para una primera cita, algunas pruebas diagnósticas tardan meses en ser informadas, etc. Tenemos un problema de medios, de médicos, de enfermeras, que se ha visto agravado por las bajas por covid y las debidas y merecidas vacaciones del personal. ¿Soluciones? Pocas y con más dinero, que no tenemos. Revisemos la gestión del que tenemos.

Irresponsables responsables

(Ayer, en La Nueva España) IRRESPONSABLES RESPONSABLES Primero gestionaron ellos, bueno, principalmente ÉL, la pandemia. ¿Se acuerdan de sus peroratas?, ¿de su “hemos vencido al virus y controlado la pandemia”? Después traspasaron la gestión y la confusión a las autonomías y los TSJ, ahora nos la han trasladado a cada uno de nosotros: arréglese usted, responsabilícese usted. Lo han hecho, al menos, por dos razones: la universal, por los votos: así, ellos no son responsables de nada; la otra, más comprensible, por razones económicas, para que menos empresas estuviesen paralizadas o medio paralizadas y para que gasto y consumo fuesen mayores. Lo malo es que, mediante los discursos, la ausencia de normativas y la eliminación práctica de todas las restricciones legales, han insertado en la sociedad la impresión de que no pasa nada, de que el virus no existe o que es prácticamente inocuo, y, de este modo, las únicas medidas recomendables, la mascarilla y la distancia social, apenas se respetan, entre otras cosas porque mucha gente piensa que no son necesarias, como consecuencia de ese proceder del Gobierno. Es más, frente a lo que ocurre en otros países, el Gobierno hace todo lo posible por ocultar el estado de la enfermedad: se informa únicamente sobre los contagios (confirmados) entre mayores de sesenta años; se proporciona noticia de ellos solamente dos veces a la semana, y con sordina; no se dan bajas laborales a los enfermos que no presenten una sintomatología grave; los centros sanitarios son remisos a practicar PCRs y no tienen en cuenta los test de antígenos… Todo ello supone que existe un alto número de infectados (la mayoría, es cierto, asintomáticos o con síntomas leves), que siguen haciendo vida laboral y social contagiando a otros y, entre ellos, a sus contactos con más riesgo, las personas mayores o vulnerables. Pese a toda esa ocultación y disimulo, las cifras del virus entre los computables, los mayores de sesenta, no paran de subir y el número de hospitalizados, graves o no, también. En los últimos días los responsables sanitarios de las comunidades, al igual que la ministra Darias, no dejan de susurrar (sí, susurrar, sotto voce, al escuchu) que la gente vuelva a tomar precauciones, use la mascarilla, guarde la distancia social, etc., pero sin legislar ni proclamarlo con tanta intensidad que haga variar la opinión general de que no hay peligro y no pasa nada, aunque sí pase. Lo que aquí hemos dicho ya alguna vez, y han repetido médicos y epidemiólogos en los últimos tiempos en vista de la progresión del virus, lo acaba de gritar la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia: ha acusado al Gobierno de “populismo sanitario” por ocultar los datos y no querer tomar medidas de nuevo: «Las personas querían volver a la normalidad, existía una fatiga pandémica que hace que ahora las autoridades no se atrevan a poner medidas de nuevo». Tal vez se podría llevar a los tribunales a los irresponsables responsables de este desastre. Pero no al Gobierno, sino a ellos, nominatim. Porque no se trata de que los presupuestos, es decir todos, o sea, usted y yo, paguen, en su caso, el desaguisado, sino de que lo hagan las concretas personas impulsoras de esa felonía política que provoca la extensión descontrolada de la enfermedad.

Cuando a la peste la llamamos gripe

(Ayer, en La Nueva España) CUANDO A LA PESTE LA LLAMAMOS GRIPE El Gobierno central, como ustedes saben, decidió a mediados de abril eliminar la obligatoriedad de las mascarillas en interiores, salvo en los centros sanitarios y sociosanitarios y en el transporte. Al mismo tiempo, se han modificado radicalmente tanto el registro de los enfermos de covid como la notificación del número de infectados, con la intención de dar la impresión de que el riesgo es leve y la situación está más o menos controlada. El covid vendría a ser, en lo personal y lo social, como una gripe. Pero la realidad es muy otra, lo único que se ha hecho ha sido lo que denominé en LA NUEVA ESPAÑA del 19/03/2022 la “ocultación de la pandemia”. En primer lugar, controlando estadísticamente solo a los mayores de 60 años y a las personas especialmente vulnerables y, eventualmente, a quienes presenten una afección notable (fiebre alta, problemas respiratorios). De modo que quienes no tengan esos síntomas y no se hallen en los dos grupos citados, una gran mayoría, no tienen existencia estadística, aunque estén infectados. El Gobierno sabe que, de todas maneras, la decisión que ha tomado presenta muchos problemas en la práctica, y, así, recomienda un “uso responsable” de la mascarilla en interiores donde se permanezca mucho tiempo, en “eventos multitudinarios”, “en el entorno familiar y en eventos privados” según los participantes; siempre en ámbitos sanitarios y sociosanitarios; cuando aún estando en espacios abiertos no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros con otras personas durante un tiempo (¡Y quién habla con otro a una distancia superior a 1,5 metros?). En el ámbito laboral, deja las decisiones en manos de los departamentos de prevención riesgos laborales. Esa negación de la realidad lleva a que no se de la baja laboral a quienes no tienen síntomas graves. Deben por lo tanto acudir al trabajo a pesar de poder infectar; eso sí, con la responsabilidad de llevar mascarilla, aunque se les recomienda el teletrabajo (por ejemplo, si usted es dependiente en un comercio o trabaja delante de un torno). Es curioso que, por una parte, el Gobierno sacuda sus responsabilidades en las empresas (¡a cuántos problemas y pleitos puede dar origen esa decisión!), que ya se han quejado por ello y por la imprecisión de la norma, y que, por otro, no permita a los Gobiernos regionales tomar sus propias decisiones en virtud de la situación de la pandemia en sus lugares. Así, Ejecutivos como los de Asturies, Galicia o Cantabria, en desacuerdo con la medida, tienen que limitarse a pedir responsabilidad a los ciudadanos, es decir, a invitarlos a que hagan caso omiso de la norma del Gobierno central. El de Galicia ha pedido que las mascarillas se sigan usando en las escuelas. Y la realidad es que los datos empeoran semana tras semana en casi toda España, tanto en infectados (anotados estadísticamente) como en ingresos hospitalarios. En nuestro país vamos casi a la cabeza de España (¡triste registro!). En concreto, en una progresión continua, el domingo 24 de abril 395 personas permanecían hospitalizadas con confirmación de covid, de los que 384 estaban ingresados en planta y 11 en la UCI. Entre los días 21 y 24 de abril habían fallecido un total de 17 personas por el coronavirus, con edades comprendidas entre 44 y 99 años. De modo que la comparación del covid con una simple gripe es una total falacia, entre otras razones porque la gripe es una enfermedad estacional, el covid no; el covid tiene en algunos casos efectos invalidantes permanentes, la gripe no; la gripe no causa tantas muertes. Además, sobre el covid no sabemos muchas cosas, por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia actual de ómicron y sus variantes? ¿Van a aparecer otras cepas para las que la población no esté vacunada? ¿Es suficiente la inmunidad temporal de las vacunas hasta ahora suministradas? ¿Lo es la autoinmunidad de los ya contagiados? Y, por otro lado, no sabemos exactamente en qué momento del contagio actual estamos. ¿En el final de un proceso? ¿En el comienzo de otro, de otra “ola”? El caso es que las infecciones no paran de aumentar. Echar la culpa de ese aumento a la movilidad y aglomeraciones de Semana Santa no es más que una hipótesis. Y, si fuese así, ¿qué ocurrirá durante el verano cuando movilidad y atropamientos son más? En todo caso, no olvidemos una cosa importantísima, los efectos inducidos: la ocupación hospitalaria retrasa visitas, tratamientos y operaciones, ya de por sí bastante retrasadas, con una espera desesperante y dañosa en muchos casos. En estos momentos ya estamos ante una semiparalización de operaciones en nuestros hospitales.

OCULTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA PANDEMIA

(Ayer, en La Nueva España) OCULTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA PANDEMIA El Gobierno central, no con la aquiescencia de todas las comunidades, se halla en un proceso tendente a eliminar en poco tiempo todas las restricciones que se habían establecido con respecto a la pandemia y los mecanismos de control e información sobre ellas. A la esperpéntica eliminación de las mascarillas en exteriores (realizada menos de una semana después de haber sido prorrogada) y a la suspensión de la cuarentena para los contactos estrechos con infectados, seguirán ahora la información sobre los contagios únicamente dos veces a la semana, la eliminación de las pruebas de PCR a los casos que no sean graves o vulnerables (es decir, que estén previamente señalados como tales) y, muy pronto, la eliminación de las mascarillas en interiores. ¿Qué se logra con ello? Evidentemente, aumentar la sensación entre una gran parte de la población de que el peligro ya no existe y de que no son necesarias las precauciones. Y, sin embargo, el peligro sigue existiendo. Es cierto que la cantidad de ingresados en los hospitales y en las UCIs disminuye en toda España, pero no es menos cierto que el número de afectados no baja, es más, sigue aumentando, leve pero insistentemente. Si, como parece verosímil, ello se debe a los encuentros masivos del antroxu, es de esperar que acontecimientos multitudinarios como la Semana Santa, en que es posible, además, que no se exijan ya mascarillas en colegios ni en interiores, los hagan aumentar. Se habla de “gripalizar” el Covid, tratándolo igual que una gripe y como si lo fuera. Pero ello es una absoluta falacia. En primer lugar, porque sigue habiendo muertos de la pandemia todos los días, y no uno ni dos; en segundo lugar, porque mientras la gripe es estacional, el covid, en sus diversas variantes, nos frecuenta durante todo el año, luego el número de sus víctimas mortales es mayor; en tercer lugar, porque deja secuelas permanentes, graves algunas, que no deja la gripe. De modo que a lo que vamos es, en realidad, a una ocultación de la pandemia, con las consecuencias ya dichas, entre otras, repito, la pérdida de conciencia del riesgo por una parte importante de la población. Y todo ello, si no aparece una nueva variante, ante la que tardaremos tiempo en reaccionar. Por otro lado, la enfermedad y sus riesgos han servido para que en múltiples ámbitos del servicio al público, empezando por la Administración (oficinas, policía, juzgados, ambulatorios, Hacienda, ayuntamientos…) y siguiendo por bancos y otras oficinas, se haya aprovechado para prestar un servicio peor al ciudadano y para trabajar menos. Les cuento solo un caso de hace dos días. Viuda. Se le exige un certificado de matrimonio en el banco (no vale el libro de familia). Ha de ir al juzgado. Va. Debe pedir cita previa. Se le da un teléfono. Dos días llamando. Nadie lo coge. Tendrá que acudir a un familiar para que demande la cita a través de interné. No se trata únicamente del maltrato que se efectúa a quien no sabe moverse por interné o no tiene medios para ello (¿y desde cuándo es una obligación constitucional el saberlo o el disponer de esos medios?), sino que se ha aprovechado para trabajar menos en cada servicio. Se calcula un promedio temporal para despachar las citas y, en virtud de ello, se dan. Pero muchas veces las visitas llevan mucho menos tiempo y durante él el servicio permanece muerto y el oficinista folgáu. Y, además, ¿cómo es posible que ahora que se van retirando todas las restricciones no se retire la de la cita previa, verdadera incomodidad para el ciudadano, que, además, ha incrementado el tiempo que lleva resolver una gestión? Porque no se trata de que los ciudadanos vuelvan a agolparse ante los mostradores, no. Bien está que se guarden las colas y se mantengan las distancias, pero por qué no puede cada uno decidir en qué día y en qué hora aguarda su turno a las puertas de la oficina correspondiente. La perspectiva es, pues, que la enfermedad va a “desaparecer”, pero sus efectos dañinos en el servicio a los ciudadanos, así como el aprovechamiento para un más descansado trabajo de empleados y funcionarios van a quedar, tal vez para siempre. ¿Qué les parece, uno y otro?

DEL “NIN TE MUEVAS” AL “QUITA P’ALLÁ”

(La Nueva España, 09/01/2022) DEL “NIN TE MUEVAS” AL “QUITA P’ALLÁ” ¿Se acuerdan de cuando no podían salir de casa por la pandemia, tan solo a comprar, y les registraban la bolsa por si lo había hecho de verdad? ¿De aquellos tiempos posteriores en que sí podían salir, pero por tramos horarios según la edad? ¿De la época en que estuvieron cerradas las empresas porque solo se podían realizar determinadas actividades? Bien, dirán ustedes, pero eso era en aquellos largos meses en que no estaba vacunada una gran parte de la población. De acuerdo, pero vengan ustedes más acá, a los días previos a las Navidades, sí, previos. Recordemos: si uno tenía síntomas de contagio debía realizar una PCR y, en caso de ser positivo, recluirse en casa, y, dentro de casa, aislarse de los demás habitantes de la misma; y debería hacerlo durante diez días y no volver a salir hasta no tener una PCR negativa. Y dar noticia de todos sus contactos. ¿Lo olvidan? ¿No, verdad? Y la misma víspera de la Pascua, cuando toda España corrió a comprar pruebas de antígenos, todos nos repetían lo mismo, desde los expertos a la ministra de Sanidad: “Los test de antígenos no son de fiar, pueden provocar una falsa sensación de seguridad, pues podemos estar infectados y no dar positivo”. Todos. Advertencia universal y machaconamente reiterada. Pues bien, han pasado pocos días, una semana escasa, y hete aquí que el SESPA va a poner en marcha un par de puntos (en Uviéu y Xixón) para realizar test de antígenos, más rápidos y más baratos; eso sí, cuando los manden los médicos de atención primaria (con los que es imposible conectar a ninguna hora, salvo personándose en los centros de salud y esperando largas colas). La cuarentena para los infectados ha pasado de diez días a siete, y si usted no tiene síntomas en los tres últimos días, no hace la segunda PCR. Y mientras algunas comunidades pretendían seguir poniendo en cuarentena cualquier contacto estrecho de un contagiado, se ha decidido no hacerlo con ellos si es que están vacunados. Lo mismo ocurre con el rastreo de contactos: se ha abandonado en la práctica y se deja la cuestión en manos de la prudencia y la sensatez de encovidados y contactos. En todo caso, anoten ustedes la recomendación más reiterada, una y otra vez, “no llamen a su centro de salud para casi nada”, ni bajas laborales, ni sospechas, ni peticiones de pruebas, ni… Nada, salvo en caso de síntomas muy graves. Pero es igual que llamen, nunca contestará el teléfono por estar siempre ocupado. ¿Las razones? Parecen y se aducen estas: la pandemia está descontrolada por el número de casos y es inabordable. Los centros de primaria están colapsados. Se teme dañar gravísimamente la economía. Lo ha dicho Pedro Sánchez en su última alocución: “Hay que convivir con el virus”. Sobre esas realidades se construyen una serie de argumentaciones basadas en medias verdades científicas, que, en cuanto que no son certezas, son simplemente falacias. La primera, que la variante ómicron, si bien más contagiosa que la delta, es menos dañina. Hace un mes se decía exactamente lo contrario. En todo caso, puede que su menor gravedad se deba a las vacunas y no a ella misma, sin olvidar que el crecimiento exponencial de esta sexta ola se debió inicialmente a la delta y no a la recién llegada. En concreto, en el momento del “quita p’allá” de la última semana, delta constituía el cincuenta por ciento de las infecciones. Paralelamente a este supuesto reciente de la menor gravedad, corren otros que son más deseos que certidumbres: que esta variante ha venido para ser la triunfadora definitiva (lo que implica que no aparecerán otras) y que se instalará, con su menor gravedad, como un virus permanente, una especie de gripe (que, por cierto, ¿úla?, por segundo año consecutivo, sin que nadie haya sido capaz de explicar su ausencia en relación con el covid). Finalmente, que hacia mediados de mes disminuirá la cifra de contagios, con lo que, tal vez, no se saturen los hospitales como ya lo está la atención primaria. LAS MASCARILLAS Y EL DISPARATE DEL PASAPORTE COVID El Gobierno central y los autonómicos han tratado de compensar esta restricción de medidas con dos muy discutibles, la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores y la exigencia del certificado de vacunación para acceder a determinados sitios. En ambos casos, la utilidad es dudosa, en el primero porque es difícil contagiarse al aire libre; en el segundo, porque el vacunado puede contagiar igual, aunque el que lo esté aporta una cierta seguridad (una cierta probabilidad de no hacerlo) y, como efecto colateral, ha empujado a vacunarse a muchos que no lo habían hecho antes. Ahora bien, la exigencia del certificado ha causado problemas en muchos sitios al ser requerido. Aparte de lo que hayan leído en las redes, yo personalmente he visto llamar “franquista” y “dictador” en dos casos a hosteleros que lo pedían; del mismo modo, he contemplado cómo hubo que impedir la entrada en sendos establecimientos a personas de edad, una de ellas en silla de ruedas. Y es que aquí, como en tantas ocasiones, nuestros políticos legislan “con las témporas”, según he dicho muchas veces, con un profundo desconocimiento de la realidad. Han partido de la idea de que todo el mundo dispone de un teléfono inteligente o un ordenador, y que sabe moverse en el mundo digital. ¡Con lo fácil que hubiera sido eximir del pasaporte a los mayores de sesenta o setenta años, por ejemplo, que son, por cierto, quienes tienen las dosis más altas de vacunación! Porque ello no solo ha causado molestias y disgustos a los ciudadanos, sino que ha colapsado los centros de salud y sus teléfonos, con colas y colas de personas demandando ayuda para hacerse con el dichoso certificado o telefoneando insistentemente sin respuesta. Pero, en fin, estos son nuestros cráneos privilegiados.

La irresponsabilidad de Gobierno e invacunados

(Ayer, en La Nueva España) LA IRRESPONSABILIDAD DE GOBIERNO E INVACUNADOS Sobre el virus del Covid-19 aún desconocemos aspectos de su comportamiento. Del mismo modo, de las vacunas no sabemos con precisión la duración de la inmunización producida por ellas, que seguramente variará con la edad o los parámetros individuales de salud, pero sí hay cosas que conocemos con certeza: atenúan notablemente la gravedad de la enfermedad en los vacunados, si no la evitan; aminoran de forma importante la mortalidad; restringen, aunque no impiden, la transmisión. Visualmente: han reducido los números dramáticos de las primeras oleadas a una enfermedad contagiosa de efectos limitados en los individuos y sobrellevables en el sistema hospitalario. Pero los efectos de la pandemia no son únicamente sanitarios en relación con los afectados. Lo son muy grandes en las repercusiones que sobre el conjunto de la sanidad tiene: retraso en las intervenciones quirúrgicas y en las revisiones periódicas, dolencias que no se detectan a tiempo, hartazgo y cansancio de los sanitarios. Naturalmente, todo ello tiene su traducción en costos económicos, no pequeños, relativos a la salud y la enfermedad; pero los tiene también, dramáticos, sobre la economía y el empleo: nada he de decirles a ustedes de lo que ha ocurrido estos dos años en lo relativo al paro, la desinversión, el cierre de empresas y, en lo macroeconómico, el crecimiento de déficit y deuda. Y las amenazas sobre la actividad económica siguen ahí, como un buitre. Así, esta semana pasada, el solo anuncio de una nueva variante, la ómicron, ha hecho caer las bolsas, restringirse el tráfico aéreo y los desplazamientos y establecer nuevas limitaciones en la vida social, daño este, el de las limitaciones en la vida social, que no hemos hasta ahora enumerado, pero que no es el menor de todos los que ha causado el SARS-19. En España las cosas se han agravado por las desafortunadísimas interpretaciones del Cosntitucional, la falta, en consecuencia, de una legislación ad hoc y la arbitrariedad de algunos tribunales, que emiten dictados al aire de sus miembros. La situación, efecto de la vacunación, es, como hemos dicho, mejor gracias a las vacunas, pero puede ir a peor si acaso alguna nueva variante del virus no puede ser contrarrestada por las actuales vacunas o si se produce una transmisión incontrolada, fruto de la falta de prevención en la interacción social. De modo que se hacen necesarias dos intervenciones para, en el estado actual de las variantes del SARS-19 y sus vacunas, reducir al máximo transmisión e infección: la vacunación de toda la población; disponer de una legislación que permita actuar a las autoridades de forma rápida y efectiva, sin estar sometidas a los avatares de las contradictorias decisiones judiciales. En cuanto a lo segundo, es evidente que el Gobierno central, con su negativa a legislar al respecto, es responsable de una parte de la propagación de la enfermedad, y su responsabilidad pasará a ser gravísima si se produce un empeoramiento drástico de la situación pandémica (aunque no se nos deben escapar las dificultades para redactar una normativa adecuada, al haber ligado el T.C al estado de excepción confinamientos y toques de queda). En cuanto a los invacunados, sobre señalar su responsabilidad al negarse a hacerlo, por las razones que sean, salvo si son relativas a su estado de salud, hay que mostrar la extrañeza que produce el que se entienda esa negativa como parte de su derecho de libertad. Hagámonos una pregunta: ¿qué habría ocurrido si la gente hubiese rechazado las vacunas de la viruela o la poliomielitis? Y otra: ¿qué libertad es esa que incluye el derecho a hacer enfermar o matar al vecino? Más aún: ¿vamos a vacunar a los niños y permitir que una parte no pequeña de la población adulta no lo haga por razones que van desde las del pasotismo a las de tipo religioso o ideológico? De todas maneras, en caso de que la situación se estabilice, que debamos convivir con la enfermedad en un nivel de la misma que sea más o menos “aceptable”, y visto que vamos a tener que estar vacunándonos cada cierto tiempo hasta que no aparezcan otras vacunas de duración permanente o prolongada, seguramente será necesario plantearse una convivencia más “normal” con la enfermedad, como otra infección vírica y respiratoria cualquiera, de modo que, sin dejar de prevenir mediante la vacunación, permitamos que la atención sanitaria general fluya sin restricciones exageradas y que la economía mantenga un nivel de actividad que no suponga crisis de crecimiento, riqueza y empleo.