La irresponsabilidad de Gobierno e invacunados

(Ayer, en La Nueva España) LA IRRESPONSABILIDAD DE GOBIERNO E INVACUNADOS Sobre el virus del Covid-19 aún desconocemos aspectos de su comportamiento. Del mismo modo, de las vacunas no sabemos con precisión la duración de la inmunización producida por ellas, que seguramente variará con la edad o los parámetros individuales de salud, pero sí hay cosas que conocemos con certeza: atenúan notablemente la gravedad de la enfermedad en los vacunados, si no la evitan; aminoran de forma importante la mortalidad; restringen, aunque no impiden, la transmisión. Visualmente: han reducido los números dramáticos de las primeras oleadas a una enfermedad contagiosa de efectos limitados en los individuos y sobrellevables en el sistema hospitalario. Pero los efectos de la pandemia no son únicamente sanitarios en relación con los afectados. Lo son muy grandes en las repercusiones que sobre el conjunto de la sanidad tiene: retraso en las intervenciones quirúrgicas y en las revisiones periódicas, dolencias que no se detectan a tiempo, hartazgo y cansancio de los sanitarios. Naturalmente, todo ello tiene su traducción en costos económicos, no pequeños, relativos a la salud y la enfermedad; pero los tiene también, dramáticos, sobre la economía y el empleo: nada he de decirles a ustedes de lo que ha ocurrido estos dos años en lo relativo al paro, la desinversión, el cierre de empresas y, en lo macroeconómico, el crecimiento de déficit y deuda. Y las amenazas sobre la actividad económica siguen ahí, como un buitre. Así, esta semana pasada, el solo anuncio de una nueva variante, la ómicron, ha hecho caer las bolsas, restringirse el tráfico aéreo y los desplazamientos y establecer nuevas limitaciones en la vida social, daño este, el de las limitaciones en la vida social, que no hemos hasta ahora enumerado, pero que no es el menor de todos los que ha causado el SARS-19. En España las cosas se han agravado por las desafortunadísimas interpretaciones del Cosntitucional, la falta, en consecuencia, de una legislación ad hoc y la arbitrariedad de algunos tribunales, que emiten dictados al aire de sus miembros. La situación, efecto de la vacunación, es, como hemos dicho, mejor gracias a las vacunas, pero puede ir a peor si acaso alguna nueva variante del virus no puede ser contrarrestada por las actuales vacunas o si se produce una transmisión incontrolada, fruto de la falta de prevención en la interacción social. De modo que se hacen necesarias dos intervenciones para, en el estado actual de las variantes del SARS-19 y sus vacunas, reducir al máximo transmisión e infección: la vacunación de toda la población; disponer de una legislación que permita actuar a las autoridades de forma rápida y efectiva, sin estar sometidas a los avatares de las contradictorias decisiones judiciales. En cuanto a lo segundo, es evidente que el Gobierno central, con su negativa a legislar al respecto, es responsable de una parte de la propagación de la enfermedad, y su responsabilidad pasará a ser gravísima si se produce un empeoramiento drástico de la situación pandémica (aunque no se nos deben escapar las dificultades para redactar una normativa adecuada, al haber ligado el T.C al estado de excepción confinamientos y toques de queda). En cuanto a los invacunados, sobre señalar su responsabilidad al negarse a hacerlo, por las razones que sean, salvo si son relativas a su estado de salud, hay que mostrar la extrañeza que produce el que se entienda esa negativa como parte de su derecho de libertad. Hagámonos una pregunta: ¿qué habría ocurrido si la gente hubiese rechazado las vacunas de la viruela o la poliomielitis? Y otra: ¿qué libertad es esa que incluye el derecho a hacer enfermar o matar al vecino? Más aún: ¿vamos a vacunar a los niños y permitir que una parte no pequeña de la población adulta no lo haga por razones que van desde las del pasotismo a las de tipo religioso o ideológico? De todas maneras, en caso de que la situación se estabilice, que debamos convivir con la enfermedad en un nivel de la misma que sea más o menos “aceptable”, y visto que vamos a tener que estar vacunándonos cada cierto tiempo hasta que no aparezcan otras vacunas de duración permanente o prolongada, seguramente será necesario plantearse una convivencia más “normal” con la enfermedad, como otra infección vírica y respiratoria cualquiera, de modo que, sin dejar de prevenir mediante la vacunación, permitamos que la atención sanitaria general fluya sin restricciones exageradas y que la economía mantenga un nivel de actividad que no suponga crisis de crecimiento, riqueza y empleo.