Administración, dineros, ciudadanos

(Ayer, en La Nueva España) ADMINISTRACIÓN, DINEROS, CIUDADANOS Hace pocas fechas el ministro Escrivá (el tipo con la mejor fama inmerecida de España desde antes de ser ministro) se ponía como una pantera al negar que se exigiese cita previa en la Seguridad Social, pese a que en la página web del citado organismo se especifica: «La atención al ciudadano en las oficinas de la Seguridad Social requiere disponer de una cita». Pero seguramente a ninguno de ustedes le hace falta recurrir a testimonios externos para saber que en muchas oficinas de la Administración se exige aún hoy cita previa, sin la cual no se puede realizar trámite alguno. Y aunque es verdad que en algunas dependencias o servicios de las Administraciones se ha eliminado la demanda como exigencia sine qua non para ser atendido, sigue siendo requerida en otras. Conozco varios casos recientes en que un ciudadano se ha personado en una oficina, con todas las ventanillas vacías, para realizar un trámite y no ha podido hacerlo por carecer de esa previsión. Sin ir más lejos, los remito a ustedes a la página 48 de LA NUEVA ESPAÑA, edición de Xixón, del miércoles 24 de mayo, donde don Celeste Pérez cuenta esa experiencia en una AEAT prácticamente vacía, en Xixón. La parte dura de la pandemia, con sus exigencias de precauciones y separación, dio lugar en un principio a razonables cautelas para evitar la acumulación de ciudadanos en las oficinas, pero, en parte, esas exigencias han seguido manteniéndose, sin justificación alguna, en el momento actual, constituyendo una comodidad para los empleados públicos y una carga para los usuarios. En general, los tiempos estimados en la cita previa son demasiado largos y, además, hay ciudadanos que no acuden a cumplimentarla, con lo que se suceden esos panoramas de funcionarios mano sobre mano y sillas o ventanillas vacías. Vayan ustedes a un ambulatorio y verán que ocurre lo mismo, pese a las reiteradas quejas de los sindicatos de los profesionales de la sanidad. Paralelamente, entre una parte del funcionariado se ha puesto en marcha una cadena de reivindicaciones de más comodidad y de más salarios, la del teletrabajo, por ejemplo, ocupación que, si muy moderna, es difícil de evaluar en su rendimiento desde la Administración, por muchas razones. En el ámbito de la sanidad, también se ha abierto una carrera de reivindicaciones salariales y de relajación del trabajo, que unos sindicatos aceptan y otros no. Y no digamos nada ya del mundo de la justicia, en que parece haberse establecido una cadena de relevos para paralizarla: primero los letrados, después jueces y fiscales, ahora los funcionarios, en una especie de ejecución de la canción del “todos queremos más, y más, y más, y mucho más”. Con esos antecedentes, exitosos además, con la presión de la inflación sobre los sueldos, y con el pésimo ejemplo dado por el Gobierno mediante la subida de las pensiones en la cuantía del IPC, no será de extrañar que en meses próximos más grupos de la Administración inicien sus movimientos reivindicativos. Quiénes ganan está claro. Y quiénes pierden, también: los ciudadanos que ven sus juicios aplazados sine die (claro que algunos delincuentes son premiados con esa demora), aquellos cuyas citas en la Sanidad se retrasan (más), y todos nosotros, en general, que somos los que pagamos esperas, retrasos y subidas salariales, a sumar a los regalos del Gobierno para viajes y entretenimiento del ocio (entre otras cosas). Y no puedo evitar, es un vicio personal, traer aquí una cita de la Ilíada: -¡Oh amigos, capitanes y príncipes de los argivos, los que bebéis en la tienda de los Atridas Agamenón y Menelao el vino que el pueblo paga!