A CONTRACORRIENTE: GRATUIDAD, TRANSFERENCIAS Y EQUIDAD

(Ayer, en La Nueva España) A CONTRACORRIENTE: GRATUIDAD, TRANSFERENCIAS Y EQUIDAD En una entrevista del 10 de octubre en LA NUEVA ESPAÑA, Carlos Ramió Matas, Catedrático de Ciencia Política, se plantea una cuestión que yo ya he planteado aquí alguna vez, a propósito de la matrícula gratuita en la Universidad: «Es un tema muy discutible». «¿Hay mucha diferencia entre pagar 800 o 1.000 euros y pasar a gratis, cuando en las privadas se pagan 10.000 euros? Y hay que tener en cuenta que todo eso lo pagan los impuestos de los ciudadanos. Y que hay clases modestas que, no teniendo hijos (o no realizando estudios superiores, añado), están financiando los estudios de los hijos de los demás». Una reflexión semejante podría realizarse sobre otras muchas gratuidades o “regalos” del presupuesto, estatal o autonómico. Pero ahora quiero fijarme en las cuentas de una demanda universal: la eliminación del peaje del Huerna. De momento, una empresa se encarga del mantenimiento y cobra a los usuarios del servicio. Al margen de la discusión jurídica sobre la prórroga a la concesionaria, hay que señalar que esa demanda de eliminación del peaje la compartimos con Galicia para la AP-9 y con otras autopistas que solicitan una rebaja en la tasa por el uso. Se puede argumentar que existe una clara discriminación entre las comunidades que tienen una autopista con peaje y las que no: discriminación particular para los usuarios; general, para el conjunto de la actividad económica de la región afectada. Ahora bien, lo que es evidente es que son los usuarios quienes pagan la inversión inicial y el mantenimiento. La anulación de esos peajes trasladaría los costes -la indemnización a la concesionaria y el mantenimiento- al conjunto de los españoles (y de los asturianos, por tanto), usuarios o no. Y ya no quiero pensar en lo que ocurriría si, como en Galicia, pretendemos la transferencia íntegra de nuestra AP-66. A uno, que tiene ciertos años, le viene al recuerdo la transferencia “exitosa” de la educación y la Universidad Laboral en 2000, regnante don Vicente Alberto Álvarez Areces, con un pufo de 12.000 millones para el edificio e instalaciones del centro gironiano-moyano de Xixón, pufo que explica el retraso aún hoy de algunas instalaciones sin utilizar o renovar. Se podría argumentar que el trasvase de los costos de la autopista a los ciudadanos, esto es, su gratuidad para la circulación, mejoraría los gastos del transporte, que, con ello, beneficiaría al conjunto de la economía asturiana, y, por ende, también a los particulares. Permítanme mostrarme escéptico al respecto: el aumento de los costos en las mercancías se traslada rápidamente al consumidor, las rebajas, raramente. Una situación parecida se puede plantear con un empeño también generalizado: la transferencia de la red de cercanías a nuestra autonomía, y, en consecuencia, a nuestros prepuestos. Es cierto que la red está envejecida, funciona mal, quizás tiene un número excesivo de paradas, etc. ¿Habría que renovarla y mejorarla? Por supuesto. ¿Se han echado cuentas sobre ello? ¿Se confía en la generosidad del Estado para cubrir los costos en el presente y en el futuro? ¿O debería cargar sobre los bolsillos de todos los ciudadanos asturianos, usuarios o no? Y ello pasando por alto el que la transferencia tendría un inevitable aumento de los gastos, con la demanda inmediata de más empleados, menos horas de servicio, mejores salarios, más paradas, gratuidad… Todo ello difícil de resistir desde un gobierno cercano. ¿No parece una demanda ilusionaría, cuando no tenemos AVE digno de tal nombre y el servicio ferroviario funciona como (in)funciona en toda España? Y, por cierto, Galicia, como en el caso de las autovías, anda también en un estudio de las cercanías (en principio, no para su transferencia, sino para su mejora) tras un acuerdo entre PSOE y BNG, estudio que ha quedado en veremos tras la disolución de las Cortes, como han quedado en veremos la Ley de financiación de las autonomías, el anillo eléctrico y tantas otras cosas. En una palabra, antes de echar los discursos, las ilusiones y las demandas a volar, convendría estudiar bien los costos de las cosas, y pensar (como saben, “pensar” viene del latín “pensare”, “pesar”, “poner en la balanza”) de qué modo se reparten las cargas impositivas entre los ciudadanos, para que, a poder ser, en la medida de lo posible, no paguen justos (no usuarios) por pecadores (usuarios). Se llama equidad. ADDENDA: Ya saben que el eje de la campaña va a ser la vivienda. Para los de las plazas y manifestaciones, la exigencia es una versión de aquel “¡Colócanos a todos!”, que le reclamaban al cacique de la Restauración Natalio Rivas: “¡Danos una vivienda (digna, por supuesto) a todos!”. Pues bien, así la empieza el gobierno de Sánchez: «Defensa vende los terrenos de Carraclaca en los que iba a construir 900 viviendas para jóvenes a un fondo de inversión. Una promotora compra por 2 millones el suelo que salió a subasta pública en julio después de que el Ayuntamiento de Lorca no consiguiera que el Ministerio se lo cediera de forma gratuita» En Murcia. Es una noticia del 09/10/2026, ocho días después de la primera votación sobre los decretos multiplicadores de vivienda para los que menos pueden.