Juticia a lo moro, justicia a la española

(Ayer, en La Nueva España) JUSTICIA A LO MORO, JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Estos días, un personaje famoso, Kevin Space (que, por cierto avileseó y niemeyerió cuatro veces por invitación de don Vicente Álvarez Areces), ha sido absuelto por un jurado de nada menos que de nueve cargos por delitos sexuales. Hasta aquí, casi normal, lo anormal es que, en alas del movimiento # meToo, las redes sociales y la cobardía de «negociantes», «mundo de la cultura» e instituciones, ya había sido condenado sin juicio seis años antes: arruinada su carrera, expulsado de una serie que protagonizaba, borrado digitalmente de una película de Ridley Scot que ya estaba terminada; y, ahora piensen en su día a día: arruinadas su vida personal y social. ¿Quién lo resarce? Nadie. ¿Quién repara el daño permanente? Nadie. Los movimientos que acusan sin pruebas y que logran establecer la condena social a través de miles de cómplices que se convierten en dioses justicieros multiplicándola en las redes son una nueva versión de la «Ley de Lynch» o de aquella «justicia popular» que en Grecia condenaba a muerte a Sócrates o a Alcibíades. O, si les gusta más, «justicia a la mora». Recuerden ustedes. Capítulo XXVI de la segunda parte del Quijote. El muchacho que relata ante el retablo de maese Pedro el episodio de Gaiferos y Melisendra, tras referir la afrenta de un moro a una dama y el castigo que por ello recibe, proclama con admiración: «y veis aquí dónde salen a ejecutar la sentencia, aun bien apenas no habiendo sido puesta en ejecución la culpa; porque entre moros no hay «traslado a la parte», ni «a prueba estese», como entre nosotros». A lo que don Quijote replica: «—Niño, niño, seguid vuestra historia en línea recta y no os metáis en las curvas o transversales; que para sacar una verdad en limpio menester son muchas pruebas y repruebas». Pero hay otro tipo de justicia, que podríamos llamar «a la española», aquella que practicaba durante años, con pruebas y repruebas, la Inquisición. Recuerden a Fray Luis: cuatro años de cárcel, hasta que lo soltaron, inocente. Pues bien, casualmente, ha coincidido con la exoneración del señor Kevin, la de la Audiencia Nacional nada menos que a veinte acusados tras la ampliación del puerto de El Musel. Veinte acusados. Ocho años de trámites, nada menos. Y lo que es peor, la Audiencia Nacional censura el que hayan llegado a juicio oral «hechos con escaso o nulo poder incriminatorio», lo que implica una censura a los jueces que iniciaron el procedimiento y al fiscal que siguió insistiendo pese a que el Tribunal de Cuentas no halló «perjuicio al erario» en el 2019. Ya saben: ocho años de censura social, de pérdidas de empleo, de gastos en defensa, de señalamiento social, de incomodidades familiares… Justicia «a la española», ya ven, no como «a la mora», aquí es con papeles. Llevo una anotación de casos donde el instructor o la fiscalía abren una causa general que queda en nada o casi nada después de mucho tiempo. Son muy abundantes, y la reparación del daño, moral, económico, personal, nunca es resarcible. A veces da la impresión de que lo que se persigue no es tanto la búsqueda de la justicia como la búsqueda de la imagen de que “el mocín” es un incansable perseguidor de la justicia.

Llamémoslo por su nombre

(Ayer, en La Nueva España) LLAMÉMOSLO POR SU NOMBRE En el episodio de Gaiferos y Melisendra, de El Quijote, el galopín narrador de la escena que en el retablo sucede alaba el inmediato castigo que el rey moro de Zaragoza inflige a un su pariente que se atreviera a besar a Melisendra. Y el narrador viene a alabar la justicia «a lo moro» por su inmediatez, porque «entre moros no hay “traslado a la parte”, ni “a prueba y estése”, como entre nosotros». Pues bien, entre nosotros se ha instalado en los últimos tiempos la «justicia a lo moro». Frente al proceso inquisitorial, largo, con testigos, pruebas, «traslado a la parte» y sentencia, las sentencias se pronuncian de inmediato por los nuevos inquisidores, sin otras pruebas que, acaso, unos indicios; sin otra causa que la voluntad del inquisidor y sus prejuicios; sin que, desde luego, se otorgue posibilidad de defensa al sentenciado o a lo sentenciado. Esa voluntad inquisitorial es omnímoda, se proyecta tanto sobre las personas como sobre las creaciones artísticas. Sobre estas, modificándolas; sobre las personas, calificándolas de perversas, de no-personas o de gente que merece la marginación social, de manera, además, no temporal, como ocurriría con la sentencia de un tribunal que sancionase por unos hechos determinados, sino permanente, eterna, sin límite ni redención. J.K. Rowling, Woody Allen, Plácido Domingo pueden ser algunos de esos, de entre muchos, ejemplos. La actividad censora sobre las obras, su reescritura, con el estandarte de que podría haber en ellas palabras o personajes que molestasen a algún grupo (es decir, a algunas personas de algún grupo) se ha convertido en una plaga en los últimos tiempos: Roald Dahl modificado, James Bond rectificado, el Tío Gilito reescrito, películas de Walt Disney “actualizadas”… Pero la inquisición a lo moro no se limita a las creaciones artísticas. Actúa también en otros ámbitos, por ejemplo, aquí en Asturies, prohibiendo una “caravana de mujeres” por machista (como si las viajeras no viajasen voluntariamente o fuesen tontas) o, por lenguaje sexista, un anuncio de carnes que afirmaba que “las preferimos maduritas” (¿y si fuesen plátanos maduritos habría lenguaje sexista?). Asombra no solo la estrechez de miras y la falta de inteligencia, sino la voluntad dictatorial que encierran esas imposiciones y el desprecio a los ciudadanos y su inteligencia que encierran. Ese conjunto de actitudes inquisitoriales y dictatoriales están constituidas por elementos muy complejos: minorías que pretenden representar a un conjunto y que encuentran en el supuesto agravio una fórmula de identidad y de “reconocimiento”; grupos con intereses económicos que pretenden no perder dinero, no ya por aquello que se censura en determinada obra, sino por no ser alcanzados, luego, por la acusación universal de “no ser sensibles”, ser reaccionarios o “fachas”; instituciones de origen y representación política cuya única justificación de existir es dedicarse a la caza de “pecados” y “pecadores”, etc. Una palabra-piedra es aquella que, sin un contenido concreto, es capaz de suscitar una gran cantidad de emociones. Por ejemplo, en el pasado, la derecha calificaba “de la cáscara amarga” a liberales, feministas, sindicalistas, etc. Hoy en día, una de esas palabras-piedra es la de “fascista”: no designa ya a una persona que comulga con los movimientos totalitarios de los años anteriores a la II Guerra Mundial y durante la misma, sino que se usa para designar lo que molesta a quien arroja la palabra, y especialmente, a aquel o aquello que se tiene por autoritario, por su voluntad de imponer sus puntos de vista, sin contradicción de nadie. Es notable, por otra parte, que hoy todas esas actitudes de censura e imposición, de intolerancia y, sobre todo, de «justicia a lo moro», sin “traslado a la parte”, ni “a prueba y estése”, arranquen de la emotividad de aquel conjunto de grupos y puntos de vista que se califican a sí mismos como de izquierdas. No lo llamemos «censura», ni «cultura de la cancelación», pues, llamémoslo por su nombre: «levofascismo».

Güei, en LNE: Justicia a lo moro

(Trescribo, como davezu, los primeros párrafos)

Justicia a lo moro y otras justicias

En defensa de la tradición judicial occidental, basada en el humanismo

Xuan Xosé Sánchez Vicente 11.09.2018 | 02:15

Seguramente lo han advertido, la palabra "justicia" es una de las más emitidas en los últimos tiempos, ahora bien, su significado es muy variado, y, a veces, confuso. He aquí un dúo de músicos, Andy y Lucas, exhibiendo una pancarta con las fotografías de varias víctimas y pidiendo justicia para ellas. ¿Qué se quiere decir con ello? Pues es confuso, porque hay ahí, fallecidos cuyos culpables no han sido hallados, desaparecidos cuyos cuerpos no han sido encontrados, asesinados para los asesinos de los cuales se pide una pena más alta. Como ven, poco más allá de una emoción empática que se une últimamente a las tres sílabas de "justicia" y una especie de vago deseo de una justicia popular que, por serlo, sería "justa", unido ello a una cierta desconfianza hacia las leyes y las instituciones.

Justicia en otro sentido lo reclaman lo que pudiéramos llamar afectados por accidentes, ellos o sus familiares. Son, por poner algunos ejemplos, los de las víctimas del Madrid-Arena, del accidente ferroviario de Angrois, el del avión de Spanair en Barajas el año 2008. Lo que aquí, en general, reclaman los afectados es "más justicia", cuya traducción son dos cosas distintas: de forma universal, penas mayores para los responsables o aumentar el número de ellos, pidiendo encausar a gentes que, a su entender, aunque ahora no están encausados tuvieron culpa o responsabilidad en esos accidentes; en algunos casos, a esa reivindicación "moral" o de venganza se unen las reclamaciones económicas.

Y en movimiento permanente hacia los límites de la justicia está la "justicia de sexo" desde que el Tribunal Constitucional se dejó llevar por el impulso de lo políticamente pío y rubricó la desigualdad sustancial de hombre y mujer en las penas relativas a las cuestiones de violencia y la condición culposa de todo varón en esa materia hasta tanto no demuestre su inocencia. Pues bien, con escándalo y protestas de jueces y abogados, el 3 del pasado agosto el gobierno de las mil lenguas de Pedro Sánchez ucaseaba un real decreto sobre violencia de sexo, en el que, entre otras cosas discutibles, pone en manos de los servicios sociales la opción de colocar sobre un varón la etiqueta de ex illis es, de agresor, sin prueba ni juicio, a la pura voluntad de la acusadora y de la empatía hacia la misma de quienes (o quienas) tienen su modus vivendi y su pasión en esas materias y con ese prejucio sobre el mundo.

Esa visión prejuiciosa quiere, por lo oído, ahora extenderla el Gobierno a toda la legislación, pues pretende crear una comisión para revisar nuestras leyes desde el punto de vista del sexo (y quédese el "género" para el gremio del textil).

En otros aspectos, lo que se advierte es una creciente tendencia a exigir que la justicia actúe con inmediatez y que sus resoluciones se ajusten a aquello que la "sociedad" (es decir, los grupos poseedores de algún tipo de bandera, los programas televisivos del encanallamiento y las redes sociales) ha decidido qué y cómo debe ser. No hay más que recordar los casos de Dolores Vázquez Mosquera (caso Wanninkohf) o Diego Pastrana para saber a dónde conducen la histeria y el "derecho" del pueblo a juzgar y condenar.

No lo llamemos "ley de Lynch". Vayamos más atrás, llamémoslo "justicia a la mora". Recuerden ustedes. Capítulo XXVI de la segunda parte del Quijote. El muchacho que relata ante el retablo de maese Pedro el episodio de Gaiferos y Melisendra, tras referir la afrenta de un moro a una dama y el castigo que por ello recibe, proclama con admiración: "y veis aquí dónde salen a ejecutar la sentencia, aun bien apenas no habiendo sido puesta en ejecución la culpa; porque entre moros no hay "traslado a la parte", ni "a prueba estese", como entre nosotros".

A lo que don Quijote replica:

"-Niño, niño, seguid vuestra historia en línea recta y no os metáis en las curvas o transversales; que para sacar una verdad en limpio menester son muchas pruebas y repruebas".

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