AL GOCHU GORDU…
El
día 31 de marzo de 2015, el mismo día de la convocatoria de las municipales y
autonómicas, aparecía la Ley 3/2015, que modificaba algunos aspectos del gasto
electoral. La más destacable de esas modificaciones tenía como objeto eliminar
la competencia de las formaciones pequeñas y de las candidaturas independientes
e incrementar, así, el negocio de los grandes. A saber: limitaba a 0’11
céntimos por habitante el gasto en propaganda. Ahora bien, si la formación
presentaba candidaturas en el 50% de los ayuntamientos de la circunscripción,
el gasto permitido se elevaba en 150. 301, 11 €. La discriminación es escandalosa, mucho más
si se tiene en cuenta que las economías de escala abaratan el costo de cada
unidad.
Pero
fíjense bien: lo que se establece no es la limitación en la reversión de lo
invertido, lo que podría justificarse con vistas al ahorro del dinero público,
sino de la inversión. Y ese tasa se establece no para los partidos que
disfrutan de un chorro de dinero del contribuyente a través de las Cortes, de
las diputaciones, de los parlamentos autonómicos, de los ayuntamientos, partidos
que, obviamente, superan en sus candidaturas el 50% de los concejos, sino para
aquellos que no reciben (ni han recibido nunca, en la mayoría de los casos) ni
un solo euro de los contribuyentes; es decir, se limita, se atenaza, a aquellos
que usan su dinero particular, el que ponen de sus bolsillos. Si la intención
de eliminar rivales del mercado, el atropello y el ventajismo no quedan
patentes no sé qué puede estarlo.
Mas
no acaba aquí la cosa. Para quien superase en un diez por ciento el límite del
gasto electoral se establece una multa mínima ¡de 50.000 euros! Por que se vea
con claridad: un concejo como el de Bimenes podía gastar en propaganda, por
todos los conceptos, 195,47 euros, cantidad que no da ni para enviar papeletas
a las casas. Ahora bien, si superaba ese gasto en 20 euros (algo menos, en
realidad), se le impondría una sanción de 50.000 euros.
Para
que ustedes se den cuenta de la enormidad: al señor Torra por desobediencia y
prevaricación al no retirar los lazos amarillos le puede caer una multa entre
300 y 3000 €. Para el testigo que se niegue a declarar en un juicio, el del
Procés, por ejemplo, la sanción oscilará entre 200 y 5000 €. Y pueden ustedes
seguir indagando para las sanciones por otras penas en el ámbito penal. Da la
impresión de que, en este caso, la legislación no se ha engendrado en la
Carrera de San Jerónimo, sino en Sierra Morena.
Durante
cuatro años, catorce candidaturas asturianas y, es de suponer, cientos de toda
España han estado sometidas a esa amenaza que, al final no se ha consumado.
¿Por qué? Porque, junto con esa voluntad avasalladora, junto con esa voracidad
insaciable, los partidos políticos son, en general, una pandilla de
incompetentes legislando. Recuerden ustedes el reciente decreto sobre el
subsidio a los parados mayores de 52 años, la normativa sobre el registro
horario, regidos por la imprecisión y la confusión. Pues así se legisla en
general, día tras día, siempre, sin saber muy bien sobre qué o cómo, aunque sí para
qué. Y ha ocurrido que la Ley del 2015 se publicó el mismo día de la de la campaña
electoral, con lo que no pudo aplicarse retroactivamente y, en consecuencia, la
sanción a esas candidaturas ha sido sólo por el exceso de gasto, de acuerdo con
la legislación anterior.
Tal
vez conozcan aquella facecia de Patxi el vasco. Va a misa un domingo. Una
lluvia torrencial lo arrastra al río, cuya corriente lo lleva muchos metros. A
punto ya de ahogarse, se agarra a una raíz y se salva. El domingo siguiente, en
el sermón, el cura alaba el milagro: “Gracias a Dios, Patxi se salvó”. “Gracias
a Dios, no —replica Patxi—, gracias a palo, que la intención de Dios bien se
veía”.
Los
partidos políticos son, ante todo, empresas. Su principal objetivo es el
mantenimiento y ampliación de su negocio: los empleos y poder de los suyos.
Sobre ello, realizan otras acciones, a veces afortunadas para la comunidad o
sus votantes, otras, menos. Pero ese es su principal objetivo: su propia
consolidación y crecimiento.
Por
ello no habrán oído ustedes ni una sola palabra de ninguno de los instalados al
respecto de esta escandalosa injusticia, de esa voluntad de liquidar
competidores, de esa voraz discriminación. De ninguno, ni de los que otros
llamaron “casta” ni de los que dicen representar la gente y la voz del pueblo.
Y
por eso la ley sigue vigente para estas elecciones, y lo seguirá, supongo, en
el futuro. Porque ayuda a su ser esencial: el ser empresas cuyo objetivo
central son los suyos.
“Al
gochu gordu, unta-y el rau”, dice el refrán, significando que la sociedad y las
circunstancias tienden a favorecer al
que ya tiene sobre el que no tiene, al rico sobre el pobre, al poderoso sobre
el humilde.
Pero
aquí bien podría convertirse el refrán en reflexivo: “el gochu gordu úntase’l
rau”. Porque ¿qué caridad mejor entendida que aquella que, como dice otra paremia,
empieza por uno mismo?
Por
sus obras los conoceréis, nos ilustra otro adagio, éste, bíblico.
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