No es personal: son solo negocios

(el martes, en La Nueva España) NO ES PERSONAL: SON SOLO NEGOCIOS El día 31 de marzo de 2015, el mismo día de la convocatoria de las municipales y autonómicas de ese año, aparecía la Ley 3/2015, que modificaba algunos aspectos del gasto electoral. La más destacable de esas modificaciones tenía como objeto eliminar la competencia de las formaciones pequeñas y de las candidaturas independientes e incrementar, así, el negocio de los grandes. Es esa la ley que sigue vigente hoy en día y que lo estará para las elecciones municipales de 2023. Desde el primer momento y por voces diversas se señaló el escándalo que aquella legislación significaba. Lo hizo aquí, por ejemplo, el Síndico de Cuentas Antonio Arias Rodríguez (“El extraño caso de las empanadas de 50.000 euros”, LA NUEVA ESPAÑA, 26/01/2019). A saber: limitaba a 0’11 céntimos por habitante el gasto en propaganda. Ahora bien, si la formación presentaba candidaturas en el 50% de los ayuntamientos de la circunscripción, el gasto permitido se elevaba a 150. 301, 11 €. La discriminación es escandalosa, mucho más si se tiene en cuenta que las economías de escala abaratan el costo de cada unidad. La finalidad, obvia: eliminar la competencia. Ahora bien, lo escandaloso no es solamente eso, lo verdaderamente escandaloso lo constituye el régimen sancionador. Para quien supere en un diez por ciento el límite del gasto electoral se establece una multa mínima ¡de 50.000 euros! Por que se vea con claridad: un concejo con 1.000 habitantes puede gastar en propaganda, por todos los conceptos, 110 euros, cantidad que no da ni para enviar papeletas a las casas. Ahora bien, si supera ese gasto en 12 euros (algo menos, en realidad), se le impondrá una sanción de 50.000 euros. Si la intención de eliminar rivales del mercado, el atropello y el ventajismo no quedan patentes no sé qué puede estarlo. Es tan desvergonzada la manipulación, que el Tribunal de Cuentas ha reiterado (reiterado, sí) a las Cortes Generales la petición de modificación de esa legislación, alegando “que han dado lugar a la imposición de sanciones de muy elevada cuantía, en las que se pone de manifiesto una falta de proporcionalidad entre el importe de la infracción cometida y la sanción finalmente impuesta en aplicación del régimen sancionador vigente”. Y “La desproporción que genera la aplicación de estos mínimos resulta especialmente grave en el caso de pequeñas formaciones políticas, generalmente de ámbito local, para las que el límite máximo de gastos electorales establecido en la normativa es muy reducido e impide acometer una campaña electoral con garantías suficientes”. ¿Ha movido un dedo alguno de los partidos presentes en las Cortes ante ese escándalo y esa reiterada petición del Tribunal de Cuentas frente a una legislación que no parece elaborada en la Carrera de San Jerónimo, sino en la Sierra Morena del pasado? ¿Han pestañeado, siquiera? Nada. Ni creo que piensen hacerlo. Los partidos políticos son, ante todo, empresas. Su principal objetivo es el mantenimiento y ampliación de su negocio: los empleos y poder de los suyos. Sobre ello, realizan otras acciones, a veces afortunadas para la comunidad o sus votantes, otras, menos. Pero ese es su principal objetivo: su propia consolidación y crecimiento. Por ello, no habrán oído ustedes ni una sola palabra de ninguno de los instalados al respecto de esta escandalosa injusticia, de esa voluntad de liquidar competidores, de esa voraz discriminación. De ninguno, ni de los que otros llamaron “casta” ni de los que dicen representar la gente y la voz del pueblo. Y por eso la ley sigue vigente, y lo seguirá, supongo, en el futuro. Porque ayuda a su ser esencial: el ser empresas cuyo objetivo central son los suyos. “No es nada personal”, podrán decir a los afectados o perjudicados -al conjunto de los ciudadanos, en último término- “son solo negocios”.

Al gochu gordu... (discriminación y voracidad)

                 (Asoleyóse en LNE d'ayer, 23 d'abril)

                        AL GOCHU GORDU…

               El día 31 de marzo de 2015, el mismo día de la convocatoria de las municipales y autonómicas, aparecía la Ley 3/2015, que modificaba algunos aspectos del gasto electoral. La más destacable de esas modificaciones tenía como objeto eliminar la competencia de las formaciones pequeñas y de las candidaturas independientes e incrementar, así, el negocio de los grandes. A saber: limitaba a 0’11 céntimos por habitante el gasto en propaganda. Ahora bien, si la formación presentaba candidaturas en el 50% de los ayuntamientos de la circunscripción, el gasto permitido se elevaba en 150. 301, 11 €.  La discriminación es escandalosa, mucho más si se tiene en cuenta que las economías de escala abaratan el costo de cada unidad.

               Pero fíjense bien: lo que se establece no es la limitación en la reversión de lo invertido, lo que podría justificarse con vistas al ahorro del dinero público, sino de la inversión. Y ese tasa se establece no para los partidos que disfrutan de un chorro de dinero del contribuyente a través de las Cortes, de las diputaciones, de los parlamentos autonómicos, de los ayuntamientos, partidos que, obviamente, superan en sus candidaturas el 50% de los concejos, sino para aquellos que no reciben (ni han recibido nunca, en la mayoría de los casos) ni un solo euro de los contribuyentes; es decir, se limita, se atenaza, a aquellos que usan su dinero particular, el que ponen de sus bolsillos. Si la intención de eliminar rivales del mercado, el atropello y el ventajismo no quedan patentes no sé qué puede estarlo.

               Mas no acaba aquí la cosa. Para quien superase en un diez por ciento el límite del gasto electoral se establece una multa mínima ¡de 50.000 euros! Por que se vea con claridad: un concejo como el de Bimenes podía gastar en propaganda, por todos los conceptos, 195,47 euros, cantidad que no da ni para enviar papeletas a las casas. Ahora bien, si superaba ese gasto en 20 euros (algo menos, en realidad), se le impondría una sanción de 50.000 euros.

               Para que ustedes se den cuenta de la enormidad: al señor Torra por desobediencia y prevaricación al no retirar los lazos amarillos le puede caer una multa entre 300 y 3000 €. Para el testigo que se niegue a declarar en un juicio, el del Procés, por ejemplo, la sanción oscilará entre 200 y 5000 €. Y pueden ustedes seguir indagando para las sanciones por otras penas en el ámbito penal. Da la impresión de que, en este caso, la legislación no se ha engendrado en la Carrera de San Jerónimo, sino en Sierra Morena.

               Durante cuatro años, catorce candidaturas asturianas y, es de suponer, cientos de toda España han estado sometidas a esa amenaza que, al final no se ha consumado. ¿Por qué? Porque, junto con esa voluntad avasalladora, junto con esa voracidad insaciable, los partidos políticos son, en general, una pandilla de incompetentes legislando. Recuerden ustedes el reciente decreto sobre el subsidio a los parados mayores de 52 años, la normativa sobre el registro horario, regidos por la imprecisión y la confusión. Pues así se legisla en general, día tras día, siempre, sin saber muy bien sobre qué o cómo, aunque sí para qué. Y ha ocurrido que la Ley del 2015 se publicó el mismo día de la de la campaña electoral, con lo que no pudo aplicarse retroactivamente y, en consecuencia, la sanción a esas candidaturas ha sido sólo por el exceso de gasto, de acuerdo con la legislación anterior.

               Tal vez conozcan aquella facecia de Patxi el vasco. Va a misa un domingo. Una lluvia torrencial lo arrastra al río, cuya corriente lo lleva muchos metros. A punto ya de ahogarse, se agarra a una raíz y se salva. El domingo siguiente, en el sermón, el cura alaba el milagro: “Gracias a Dios, Patxi se salvó”. “Gracias a Dios, no —replica Patxi—, gracias a palo, que la intención de Dios bien se veía”.

               Los partidos políticos son, ante todo, empresas. Su principal objetivo es el mantenimiento y ampliación de su negocio: los empleos y poder de los suyos. Sobre ello, realizan otras acciones, a veces afortunadas para la comunidad o sus votantes, otras, menos. Pero ese es su principal objetivo: su propia consolidación y crecimiento.

               Por ello no habrán oído ustedes ni una sola palabra de ninguno de los instalados al respecto de esta escandalosa injusticia, de esa voluntad de liquidar competidores, de esa voraz discriminación. De ninguno, ni de los que otros llamaron “casta” ni de los que dicen representar la gente y la voz del pueblo.

               Y por eso la ley sigue vigente para estas elecciones, y lo seguirá, supongo, en el futuro. Porque ayuda a su ser esencial: el ser empresas cuyo objetivo central son los suyos.

               “Al gochu gordu, unta-y el rau”, dice el refrán, significando que la sociedad y las circunstancias tienden a  favorecer al que ya tiene sobre el que no tiene, al rico sobre el pobre, al poderoso sobre el humilde.

               Pero aquí bien podría convertirse el refrán en reflexivo: “el gochu gordu úntase’l rau”. Porque ¿qué caridad mejor entendida que aquella que, como dice otra paremia, empieza por uno mismo?

               Por sus obras los conoceréis, nos ilustra otro adagio, éste, bíblico.

En LNE: Al gochu gordu...

El ataque antidemocráticu (y duldosamente constitucional) y atropellador a les agrupaciones d'electores y a los partíos minoritarios por parte de los partíos instalaos, n'atención al so negociu.

Las propuestas reaccionarias del 15-M

A través de un sutil, irónico y culto artículo -como es habitual en él-, y a partir de la marcha radial (centralista y borbónica) de los del aduar sobre Madrid, Enric Juliana realiza una atinada crítica (yo ya lo he subrayado varias veces sobre la simplicidad de las propuestas del 15-M acerca de la ley electoral, su ignorancia, su carácter reaccionario y centralista.

(Y así, todo lo demás, eso sí, con el ceño adusto de quien sermonea desde la verdad absoluta, esto es, dede la intolerancia).

Lean a Enric Juliana: El 15-M radical, digo, radial