Xuan Xosé Sánchez Vicente: asturianista, profesor, político, escritor, poeta y ensayista. Articulista en la prensa asturiana, y tertuliano en los coloquios más democráticos. Biógrafo no autorizado de Abrilgüeyu
¿Quién paga?
(Ayer, en La Nueva España)
¿QUIÉN PAGA?
Un entrañable familiar mío, ya fallecido, ante cualquier cuestión que se planteaba de gasto, ya fuera inversión, ya fiesta, realizaba siempre una pregunta: ¿quién paga? Voy a hablar del conflicto educativo presente y de sus arrastres y sus consecuencias económicas, pero antes permítanme alguna puntualización.
La consejera, doña Lydia, amplió en una hora lectiva el horario de Primaria durante los meses de junio y septiembre, a fin de que los docentes pudiesen atender el comedor. ¿Ella sola, por sí y ante sí? ¿Sin que lo supiese el señor Barbón, al menos? ¡No me diga!
(Un paréntesis. No se me olvidará. Entrevista en LA NUEVA ESPAÑA a doña Lydia, recién nombrada consejera: “Les neñes, perdón, las niñas”. Eso ya me lo dijo todo sobre ella y sobre la relación que, de verdad, con la lengua que dicen amar y defender guardan muchos de los “asturianistas” de izquierdas. Y, ya, del resto, ¿qué quieren que les diga?).
IU, encabezada por don Ovidio, consejero de Ordenación del Territorio y de otras ocupaciones, se lanza a la calle contra el Gobierno para apoyar, de momento, a los docentes. ¿Tampoco ellos conocían las decisiones que motivaron las movilizaciones de los profesores? ¿Están en un Gobierno donde no se comunican los planes unos a otros? ¿De verdad? Y, en caso de ser así, ¿qué hacen ahí? Y si tienen que salir contra el Gobierno, ¿por qué no salen de él, que es la forma más efectiva de ir en su contra?
Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿quién paga? Reconozcamos, previamente, que desde hace décadas a los enseñantes -es cierto que con la complicidad de una parte del enseñantazgo- viene convirtiéndoselos en funcionarios cuya misión principal es rellenar papeles donde especifiquen su actividad en el aula, la justificación de sus decisiones y la coincidencia de esas decisiones con un amplio número de parámetros que las leyes estiman que deben constar como validación justa y verificable de la actividad docente. ¿Les parece lo antecedente palabrería, acaso ininteligible? Pues no lo es más que toda la palabrería de la legislación docente y su traslación al papel. Y sobre esa vaporosa carga recae principalmente la función de la Inspección educativa. En pocas palabras, la actividad docente se ha convertido, más que en ilustrar y formar al alumno, en prevenirse de posibles reclamaciones de padres, alumnos e inspectores sobre la literalidad de las prescripciones salvífico-burocráticas. Al mismo tiempo, los profesores han visto disminuir su autoridad ante padres y alumnos, y -mediante un chantaje horario inventado por el PSOE areciano- se han convertido en cuidadores de patios y pasillos, entre policías y curatiritas físicas y emocionales.
¿Que, al tiempo, existe una discriminación salarial con otras comunidades, donde se paga mejor, y alguna promesa de reducción de horarios incumplida? Pues sí. Pero, atención, una vez anulada la causa inicial de la movilización que solo afectaba a Primaria, aquella ampliación horaria en junio y septiembre, la enseñanza entera, Secundaria y Bachillerato, se han sumado a las demandas, unas más oscuras y otra más clara: la pasta.
Sorprendentemente, los padres y los alumnos -a mí, lo de los alumnos me parece, simplemente, manipulación- se han sumado a apoyar todas las reivindicaciones.
Pero no acaba aquí la cosa, como ha evidenciado Vicente Montes en estas páginas (https://www.lne.es/opinion/2025/06/01/analisis-politico-vicente-montes-riesgo-118076219.html), nuevos sectores de la Administración se han sumado o se van a sumar a estas reclamaciones de pane lucrando y mejoras en el trabajo. Ya lo están haciendo algunos servicios y lo harán, sin duda, más sectores de la Administración si prosigue la pelea en la enseñanza y el Ejecutivo sigue mostrando desorientación o debilidad. El resultado será, sin duda, un aumento notable del gasto de la Administración en el capítulo de personal. Añadamos ahora que, en materia de Enseñanza, el Gobiernu ha decidido establecer la educación gratuita de 0 a 3 años, que, de momento, se está financiando con fondos europeos, pero cuyo gasto corriente habrá que costearlo con recursos propios, y, asimismo, la matrícula universitaria gratuita para tirios y troyanos, para millonarios o insolventes.
¿Y quién paga todo esto? Solo existen dos formas de hacerlo: o reducciones de servicios y prestaciones actuales o subiendo los impuestos, a los vivos y a sus herederos. Sin embargo, la concepción común de la sociedad parece ser que el dinero público, además de no ser de nadie, como decía la fenómeno, es absolutamente ilimitado, es decir, que, como el maná, cae del cielo, esto es, de las faldas del Gobierno. No hay grupo humano que no aparezca cada día en los medios, ya sea una asociación vecinal de un minúsculo barrio, ya un docto investigador de algún ámbito científico, acaso un grupo de empleados y, sobre todo, un sindicato, que no venga a entonar aquel conocido cantar de “todos queremos más […], el pobre quiere más, el rico mucho más, y nadie con su suerte se quiere conformar”. Pero, ¡ay!, el dinero no desciende, como el orbayu y los milagros, del empíreo, sino que asciende hacia el cielo gubernamental desde nuestros bolsillos.
Por eso a mí me extraña el entusiasmo con que muchos ciudadanos apoyan las reivindicaciones que, al fin y al cabo, van a sufragar ellos fundamentalmente. Más aún teniendo en cuenta que Asturias es una de las comunidades españolas donde las personas pagamos impuestos más altos. Porque, además, como en tantas cosas relativas al mundo impositivo, en este ámbito, el de los aumentos salariales reivindicados en la Administración, existe una injusticia patente: tanto los funcionarios como quienes no lo son van a pagar por igual, en términos monetarios, la subida de impuestos que se derive del nuevo gasto, pero unos se beneficiarán de las prebendas anejas al estatus funcionarial -estabilidad, jubilación, permisos, vacaciones...- y de sus nuevos emolumentos; y otros se limitarán a pagar más o a disfrutar de menos prestaciones.
Y que conste que yo quiero pagar mis impuestos no por lo que habitualmente se dice, sanidad, educación…, sino por algo más primario: para no tener que salir a la calle con madreñes porque esté la calle embarrada y sin asfaltar, y para no tener que ir a la fonte con el caldero a fin de traer el agua a casa.
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