¿Quién paga?

(Ayer, en La Nueva España) ¿QUIÉN PAGA? Un entrañable familiar mío, ya fallecido, ante cualquier cuestión que se planteaba de gasto, ya fuera inversión, ya fiesta, realizaba siempre una pregunta: ¿quién paga? Voy a hablar del conflicto educativo presente y de sus arrastres y sus consecuencias económicas, pero antes permítanme alguna puntualización. La consejera, doña Lydia, amplió en una hora lectiva el horario de Primaria durante los meses de junio y septiembre, a fin de que los docentes pudiesen atender el comedor. ¿Ella sola, por sí y ante sí? ¿Sin que lo supiese el señor Barbón, al menos? ¡No me diga! (Un paréntesis. No se me olvidará. Entrevista en LA NUEVA ESPAÑA a doña Lydia, recién nombrada consejera: “Les neñes, perdón, las niñas”. Eso ya me lo dijo todo sobre ella y sobre la relación que, de verdad, con la lengua que dicen amar y defender guardan muchos de los “asturianistas” de izquierdas. Y, ya, del resto, ¿qué quieren que les diga?). IU, encabezada por don Ovidio, consejero de Ordenación del Territorio y de otras ocupaciones, se lanza a la calle contra el Gobierno para apoyar, de momento, a los docentes. ¿Tampoco ellos conocían las decisiones que motivaron las movilizaciones de los profesores? ¿Están en un Gobierno donde no se comunican los planes unos a otros? ¿De verdad? Y, en caso de ser así, ¿qué hacen ahí? Y si tienen que salir contra el Gobierno, ¿por qué no salen de él, que es la forma más efectiva de ir en su contra? Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿quién paga? Reconozcamos, previamente, que desde hace décadas a los enseñantes -es cierto que con la complicidad de una parte del enseñantazgo- viene convirtiéndoselos en funcionarios cuya misión principal es rellenar papeles donde especifiquen su actividad en el aula, la justificación de sus decisiones y la coincidencia de esas decisiones con un amplio número de parámetros que las leyes estiman que deben constar como validación justa y verificable de la actividad docente. ¿Les parece lo antecedente palabrería, acaso ininteligible? Pues no lo es más que toda la palabrería de la legislación docente y su traslación al papel. Y sobre esa vaporosa carga recae principalmente la función de la Inspección educativa. En pocas palabras, la actividad docente se ha convertido, más que en ilustrar y formar al alumno, en prevenirse de posibles reclamaciones de padres, alumnos e inspectores sobre la literalidad de las prescripciones salvífico-burocráticas. Al mismo tiempo, los profesores han visto disminuir su autoridad ante padres y alumnos, y -mediante un chantaje horario inventado por el PSOE areciano- se han convertido en cuidadores de patios y pasillos, entre policías y curatiritas físicas y emocionales. ¿Que, al tiempo, existe una discriminación salarial con otras comunidades, donde se paga mejor, y alguna promesa de reducción de horarios incumplida? Pues sí. Pero, atención, una vez anulada la causa inicial de la movilización que solo afectaba a Primaria, aquella ampliación horaria en junio y septiembre, la enseñanza entera, Secundaria y Bachillerato, se han sumado a las demandas, unas más oscuras y otra más clara: la pasta. Sorprendentemente, los padres y los alumnos -a mí, lo de los alumnos me parece, simplemente, manipulación- se han sumado a apoyar todas las reivindicaciones. Pero no acaba aquí la cosa, como ha evidenciado Vicente Montes en estas páginas (https://www.lne.es/opinion/2025/06/01/analisis-politico-vicente-montes-riesgo-118076219.html), nuevos sectores de la Administración se han sumado o se van a sumar a estas reclamaciones de pane lucrando y mejoras en el trabajo. Ya lo están haciendo algunos servicios y lo harán, sin duda, más sectores de la Administración si prosigue la pelea en la enseñanza y el Ejecutivo sigue mostrando desorientación o debilidad. El resultado será, sin duda, un aumento notable del gasto de la Administración en el capítulo de personal. Añadamos ahora que, en materia de Enseñanza, el Gobiernu ha decidido establecer la educación gratuita de 0 a 3 años, que, de momento, se está financiando con fondos europeos, pero cuyo gasto corriente habrá que costearlo con recursos propios, y, asimismo, la matrícula universitaria gratuita para tirios y troyanos, para millonarios o insolventes. ¿Y quién paga todo esto? Solo existen dos formas de hacerlo: o reducciones de servicios y prestaciones actuales o subiendo los impuestos, a los vivos y a sus herederos. Sin embargo, la concepción común de la sociedad parece ser que el dinero público, además de no ser de nadie, como decía la fenómeno, es absolutamente ilimitado, es decir, que, como el maná, cae del cielo, esto es, de las faldas del Gobierno. No hay grupo humano que no aparezca cada día en los medios, ya sea una asociación vecinal de un minúsculo barrio, ya un docto investigador de algún ámbito científico, acaso un grupo de empleados y, sobre todo, un sindicato, que no venga a entonar aquel conocido cantar de “todos queremos más […], el pobre quiere más, el rico mucho más, y nadie con su suerte se quiere conformar”. Pero, ¡ay!, el dinero no desciende, como el orbayu y los milagros, del empíreo, sino que asciende hacia el cielo gubernamental desde nuestros bolsillos. Por eso a mí me extraña el entusiasmo con que muchos ciudadanos apoyan las reivindicaciones que, al fin y al cabo, van a sufragar ellos fundamentalmente. Más aún teniendo en cuenta que Asturias es una de las comunidades españolas donde las personas pagamos impuestos más altos. Porque, además, como en tantas cosas relativas al mundo impositivo, en este ámbito, el de los aumentos salariales reivindicados en la Administración, existe una injusticia patente: tanto los funcionarios como quienes no lo son van a pagar por igual, en términos monetarios, la subida de impuestos que se derive del nuevo gasto, pero unos se beneficiarán de las prebendas anejas al estatus funcionarial -estabilidad, jubilación, permisos, vacaciones...- y de sus nuevos emolumentos; y otros se limitarán a pagar más o a disfrutar de menos prestaciones. Y que conste que yo quiero pagar mis impuestos no por lo que habitualmente se dice, sanidad, educación…, sino por algo más primario: para no tener que salir a la calle con madreñes porque esté la calle embarrada y sin asfaltar, y para no tener que ir a la fonte con el caldero a fin de traer el agua a casa.

Ayer, en LNE: Nunca es tarde

                                            L’APRECEDERU

                                NUNCA ES TARDE

                El Gobierno anuncia la reforma de la Administración, para buscar una mayor eficacia y abaratar costos. Era necesario hace mucho tiempo, así que, si lo lleva a cabo, la dicha, aunque tarda, es buena.

                ¿Reacciones? Lo esperable de cada uno de los actores del teatro público-representativo: Podemos e IU se han preocupado fundamentalmente por los funcionarios (¿pero acaso no representan a los ciudadanos?), igual que los sindicatos, y el PP ha aprovechado para decir que Barbón la tiene pequeña, o algo así. Un sindicato ha llegado a decir, incluso, que hacen falta más funcionarios. C’S ha estado prudente y los empresarios han aplaudido.

                ¿Cuál es el estado de la cuestión? ¿Sobran funcionarios? Probablemente en el ámbito de la administración general, sí. No tiene sentido que, tras años de progresiva informatización, no pare de crecer el número de ellos. Y, por otro lado, es seguro también que son necesarios en ciertas actividades los que de momento lo están en otras sin mayor ocupación. Además, es precisa una reforma general de la estructura administrativa en virtud de las realidades y necesidades actuales.

                Mas la reforma fundamental, la que hará que la maquinaria sea más barata y atienda con mucha mayor rapidez al ciudadano, no es principalmente una cuestión de empleos y puestos: es la simplificación de la normativa y de los procedimientos, hay que eliminar drásticamente los efectos de un vientre suelto legislativo y normativo de décadas.

                Tampoco anda muy bien la maquinaria informática del Principado, ni en terminales, ni en servidores: hay todavía auténticas patatas por las oficinas.

                El Gobierno se enfrenta a una hercúlea tarea. Va a encontrar reticencias y resistencias de todo tipo: derechos adquiridos, oposiciones corporativas y pleitos. Item más: para algunas actuaciones carecerá de competencia legislativa.

                Merece la pena la tarea. Esperemos que no ocurra como con el parto de los montes, que, tras gran estrépito y expectación, parieron un minúsculo ratón.

Güei, en La Nueva España: Mieres: bajando a tierra

(Trescribo, como davezu, los primeros párrafos.)

L'aprecederu

Mieres: bajando a tierra

La realidad termina por pinchar algunas de las burbujas, como la reducción de jornada de los empleados públicos

15.03.2016 | 04:05

Xuan Xosé Sánchez Vicente En el Ayuntamiento. Sus empleados y la corporación. Como nos pasó a todos. Bajando a tierra de la nube.

El gobierno Aznar facilitó algunas burbujas. Tiró del maná de las subvenciones europeas y, en el ámbito de la Administración y los servicios ligados a ella (la sanidad, por ejemplo), inventó una nueva burbuja: redujo en 2,5 horas la jornada de los empleados públicos.

Creo que, en su día, fui de los pocos que mostré mi extrañeza ante aquel regalo; de los pocos que pregunté por el coste y de dónde iba a salir el dinero para sufragarlo. (De la misma manera que formulé en solitario la cuestión de que quién iba a pagar los gastos ordinarios de funcionamiento de aquel regalo de Cascos, Villa y Hevia a Mieres que fue el Campus del Caudal, mediante aquel anómalo procedimiento paraadministrativo y político que fueron los llamados "fondos mineros").

En el año 2012 el PP cantó la palinodia con respecto a aquel regalo alocado de don J.M. Aznar [............................................................................................................................................................]

Una hestoria de fai 120 años

La esquela ye del 31/07/13. En Verín.

Y esta ye la hestoria: Fai 120 años, más o menos.

El funcionariu:

-¿Nombre del padre?

-Eu non sei.

Y elli, imperturbable, de lóxica cartesiana, insensible, reglamentista:

-Incógnito.

Y asina pasó dempués l'apellíu a la nieta, qu'agora, por fin, descansa en paz.

Y ehí ta la escena, 120 años dempués.

(Por ciertu, n'Ourense hai entovía 13 "incógnito" de segundu apellíu.)

El pecáu de ser funcionariu

Trescribo equí l'artículu de Roberto L. Blanco Valdés (del que, por ciertu, toi lleendo estos díes "Los rostros del federalismo") sobre "los pecaos" de los funcionarios. Asoleyóse en La Voz de Galicia del 08/03/13.

Pongo equí la so versión en gallegu. Los que, como yo, son funcionarios, entenderánlu.

Confésoo, son funcionario: rogo descúlpenme

Un bo amigo, colega universitario, entre outras cousas, e home posuidor sempre de puntual información, contoume un día, pouco despois da rebaixa salarial aos empregados públicos adoptada por Zapatero -a primeira na nosa historia-, que alguén externo ao Consello de Ministros, pero de toda confianza do presidente, filtroulle que a proposta inicial de redución que formulara Economía, moi superior á que logo se acordou, roldaba no seu tramo alto a cifra do 30 %, o que a el e a min pareceunos, claro, un verdadeiro disparate.

Fóra ou non exacta esa información -cosa sobre a que non podo pronunciarme-, o certo é que, co tempo, veu a ser verdade. Pois se sumamos a aquela inicial rebaixa salarial a que o ano pasado supuxo a supresión da extra de Nadal e as que agora se anuncian -onte para os profesores das universidades de Santiago e Vigo- e, un pouco antes, para a maioría dos empregados públicos galegos como consecuencia da eliminación do complemente específico nas extras de xuño e de decembro, os cálculos máis serios apuntan a que a rebaixa de salario neto para algúns empregados sitúase xa na contorna do 30 %. Debe terse en conta, por suposto, para computar tal porcentaxe, a perda derivada de sucesivas conxelacións salariais (nunha situación moderadamente inflacionista) e da alza do IRPF que, desde o 2013, asumiremos os asalariados españois.

Neste escenario hei de recoñecerlles que eu, abandonada xa toda capacidade de protesta, cheguei á conclusión de que algún mal terrible debemos ter feito os empregados públicos a España -á parte dese consumo de teléfono e papel que tanto preocupa a Joan Rosell, presidente da CEOE- para ser tratados a vergazos, trato que contribúe, polo demais, en gran medida, a unha contracción brutal do consumo persoal e familiar, como puideron comprobar con dor, na pasada campaña do Nadal, empresarios grandes, medianos e pequenos.

Xa que logo asumo o meu tanto de responsabilidade por ser funcionario e pido publicamente desculpas por tan abxecta condición. Entoo, con sinceridade, un mea culpa por haberme graduado en Dereito aos 22 anos; haberme doutoramento, aos 29, con premio extraordinario; e ter obtido por oposición, e por unanimidade do tribunal, unha praza de profesor titular aos 31 e unha de catedrático aos 35. Actos todos, sen dúbida, escandalosos, que demostran unha vocación de aproveitado e abusón e que merecen un castigo.

Por iso, tras o recoñecemento da miña falta, solicito desde esta tribuna que me sexa rebaixado o salario cada ano ata lograr a que se supón ha de ser a perfecta condición do funcionario: que traballe sen cobrar e expíe así o seu pecado nefando: ter ese posto estable ao que, ¡malvados!, todos aspiramos.

Roberto L. Blanco Valdés pa La Voz de Galicia del 08/03/13

Ente "atracadores" y incompetentes: paga de Ñavidá

Agora paez que por fin, arrepentíos quiciabis poles feches -y, a lo meyor, pola bronca'l confesor-, los de Facienda van devolver el dineru que nos arrobaren na paga de Navidá nun pagada a les "clases pasives del Estáu" (funcionarios de carrera de l'Administración Civil y Militar del Estáu, incluyíos los trabayadores de Xusticia y los Cuerpos y Fuerces de Seguridá y Cortes Xenerales, además de cargos públicos como los presidentes del Gobiernu y los ministros).

O, a lo meyor, nun fue'l cura'l que los arreprendió, sinón la muyer de dalgún, yá que como hai ministros ente los afectaos, fue, quiciabis, la muyer de dalgún d'ellos la que-yos lo echó en cara. Porque la verdá ye que quitar a ún les perres de la cotización pola paga que nun cobra, ¡Hai que tenela de fierru (la cara, claro)!.

La otra desplicación ye entá peor, la qu'ellos dan: que, cuando llexislaren pa quitar la paga de Ñavidá a los funcionarios (¡el 7% del sueldu anual, güeyu!), nun s'alcordaren de camudar la Llei de Clases Pasives del Estáu, l'artículu 23 de la cuala obliga a cotizar poles 14 pagues añales.

¿Puede ser tanta incompetencia? Puede ser. Nun tienen más que buscar equí, nesti blog, na etiqueta "acéfalos llexislantes" y verán cómo eso de llexislar ensin saber de lo que se llexisla faise tolos díes.

Pero, en tou casu, la cosa nun ye solo incompetencia. Dende fai cuatro meses veníen anunciando que yera bono pa los funcionarios cotizar por esta paga de Ñavidá que nun cobraben, y xustificábenlo diciendo que asina "nun perdíen derechos na xubilación".

Munches debieren ser les voces y los espatuxos cuando agora dan marcha atrás y anuncien que nos prósimos tres meses van devolver les perres de la exacción, del "atracu". ¿CON INTERESES, SEÑOR MONTORO?

Y pa que terminen de ver la burlla de too esto, piensen que munchos funcionarios que yá superaren los 35 años de cotización (máximu d'años polos que se paga pensión a les "clases pasives") siguen pagando tolos meses unos 150 euros mensuales ¡PA LA PENSIÓN!, cada mes y pa mayor inri, tamién nesta paga de Ñavidá que nun se cobró.

Como pequeños dioses

Hace un par de años, a comienzos de 2010, escribí en estas páginas un par de artículos titulados respectivamente, ¿Hacia la Argentinización de España? y ¿Hacia una época de convulsiones? El contenido de ambos se puede deducir de sus títulos y, aunque bajo la modalidad prudencial de la interrogación, contenían el anuncio de algunas cosas que ya han surgido y el temor de otras que pudieran aparecer e intensificarse.

Con el término «argentinización» venía yo a definir no tanto una concreta situación de de las cuentas públicas (la del «corralito», por ejemplo), cuanto un proceso progresivo de degradación, empobrecimiento y corrupción colectivos. Ese proceso no solo tendría como causa principal la propia economía y como impulsor importante los partidos políticos, sino que vendría impulsado por organizaciones sociales y por los mismos ciudadanos a título individual, tanto por acción como por omisión; pero, sobre todo, aplaudiendo y exigiendo de los políticos aquellas actuaciones que, aparentemente, cursan a favor de los ciudadanos, pero que, en la práctica, van en su contra, porque violentar lo posible en nombre de lo deseable no lleva más que al desastre.

Sigo pensando, como en aquella fecha, que la probabilidad de que ese proceso continúe y se acelere hasta un nivel irreversible no es muy alta; igualmente, que el conjunto de España posee palancas económicas y sociales suficientes para salir adelante. No obstante, en los últimos tiempos, aquellas señales que aparecían en el 2010 van reforzándose con otras. En el caso del conflicto catalán, por ejemplo, la respuesta del PSOE —responsable, a propósito, por voluntario activismo de la situación presente— de «federalismo ni Dios sabe qué ni cómo» no ha contribuido más que a introducir una variable de mayor confusión en un problema complejo y endiablado. ¿Y cuáles han sido las razones del partido de don Pablo, don Felipe y José Luis para complicar más las cosas? Pues puramente electorales, de defensa de su negocio

Pero es en otros aspectos de la actuación social y política donde veo yo motivos más preocupantes. La cuestión de los desahucios, en concreto, ha excitado a muchos políticos y grupos sociales a saltarse la ley o amenazar con ello y a proclamarlo, además. El sindicato policial SUP se ha manifestado a favor de apoyar a los policías que se nieguen a efectuar desalojos de viviendas; los mossos d’Esquadra han hablado de que no quieren ser «verdugos»; los cerrajeros de San Sebastián se han negado a aplicar la ganzúa a las puertas; alcaldes de la península y de Canarias, socialistas y no socialistas, han amenazado con retirar sus fondos de las entidades bancarias que ejecuten… Pero quizás el caso más notable sea del de Juan Alberto Belloch, alcalde socialista de Zaragoza hoy e inventor en su día del capitán Kahn y del que él llamó «Código penal de la democracia». Pues bien, este fenómeno de ojos saltones y vigilantes ha anunciado «que sus guardias no desalojarán a nadie», es decir, ha aseverado que los obligará a incumplir la ley.

Pero el caso más llamativo es quizás el de los jueces. A título individual unos, de forma colectiva la mayoría, parecen haberse imbuido en los últimos tiempos de una especie de «espíritu de San Garzón», que los lleva a pretender convertirse en otro poder legislativo. En algunos casos, mediante sentencias que llevan al límite las interpretaciones de la ley o que pretenden paralizar su aplicación por disconformidad con ella. De manera generalizada — también a título individual o, sobre todo, mediante manifestaciones colectivas—, oponiéndose a las iniciativas legislativas e, incluso, amenazando con no aplicarlas. En pocos meses ha ocurrido ello con la legislación laboral, con la Ley de tasas judiciales, con la Ley de desahucios, con la ejecución de lanzamientos, con los indultos. No importa que, en todas estas cuestiones, los jueces tengan ninguna razón, poca, mucha o toda. En primer lugar no son ellos los creadores de la ley, sino quienes la aplican y la interpretan. En segundo lugar, los servidores del Estado están obligados a una cierta contención y discreción. En otros ámbitos esa ejemplaridad de sometimiento al cometido, se lleva a rajatabla. Piénsese, por ejemplo, en el cese fulminante del general director de la revista Ejército, Ángel Luis Pontijas Deus, por permitirse una crítica sobre el proceso independentista en Cataluña, esto es, por incumplir su obligación de discreción en cuanto militar.

Da la impresión de que, en España, muchos servidores del Estado —ya como Administración, ya como entidad política— han hecho suyo el lema de Huidobro, «¿Por qué cantáis la rosa, ¡Oh, Poetas! Hacedla florecer en el poema? El poeta es un pequeño Dios», y de que, como tales, se han puesto a hacer florecer su rosa en sus actos, en sus autos y en sus discursos.

Quizás no estaría de más recordar cuál es la conducta ejemplar en el funcionario o servidor público: cuando el 7 de septiembre de 1873 Nicolás Salmerón se vio obligado a firmar unas sentencias de muerte, dimitió y se fue para casa sin firmar. No intentó ninguna fórmula torticera para no aplicar la ley, ni se declaró insumiso con ella siguiendo en su cargo. Se fue. Al igual que el señor Belloch, por ejemplo.

Como los demás: el Gobierno regional (Foro) pretende nombrar «a dedo» a todos los jefes de servicio

Así lo denuncian los sindicatos de la opinión pública. ¿Qué esperaban? Que una cosa es mentir para ganar las elecciones y otra, gobernar.

Naturalmente, lo que decían en su programa era esto:

• Austeridad y eficiencia de la función pública

En materia de calidad del empleo público, Foro Asturias propone las medidas siguientes:

• Implantará un sistema de función pública que responda a criterios de eficacia, objetividad, transparencia e imparcialidad.

• Garantizará los sistemas de acceso a la función pública ajustados a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

• Generalizará el concurso de méritos como procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo, limitando la libre designación a supuestos excepcionales debidamente justificados.

Para más detalles, pasen y vean: El Gobierno regional pretende nombrar «a dedo» a todos los jefes de servicio (La Nueva España del 27/08/2011)

¡Hala, funcionarios, más recortes!

Venía anunciándolo equí fai tiempu, como tamién lo veníen diciendo los sindicatos. Lo que pasa que lo que se decía ye que la retayada preparábase pal prósimu añu, nos prósimos presupuestos. Como nun va haber prósimos presupuestos fechos por esti gobiernu (el del PSOE, sí, el del PSOE), van recortar el complementu productividá nun 8%. Pero como llevaben disimulando dende principios d'añu, lo que fain ye agora recortar un 16% pa suplir lo que nun lleven arramplao hasta agora a los funcionarios.

¿Recuerden ustedes de lo que presumiera siempre'l PSOE? : Que ellos, escontra'l PP, inxamás diben conxelar (¡sí, sí, conxelar) el salariu a los funcionarios, sinón que lu diben subir tolos años y, n'ocasiones, perriba l'indice de precios al consumu.

Pues ná, ¡a reíse! ¡Y a votalos!

Usos y aplicaciones del futuro recorte salarial a los funcionarios

Ahora que cada vez se habla más inténsamente de un inmiente nuevo recorte salarial a los funcionarios (por ejemplo, lean AQUÍ la carta del sindicato USO, una de las múltiples fuentes de esta noticia) quiero que recuerden todos ustedes en qué se gasta el dinero público.

Lean esta breve colección de mini-artículos que he ido recogiendo en este blog en los últimos años. Como muestra, NO es exhaustiva NI completa (seguro que ustedes pueden completarla), pero es significativa del uso y aprovechamiento que hace el gobierno del "DINERO de todos ustedes"

Ejemplos de:

USOS Y APLICACIONES DEL DINERO DE LOS CIUDADANOS

Más sobre "el dedo socialista"

A propósito de la reiterada conducata del PSOE (y su palafrenero, IU) de nombrar a dedo a los altos (y no tan altos cargos), saltándose además la propia legislación que ellos aprobaron como teórica garantía de "trasparencia" y "democracia", ensierto aquí un artículo del 02/08/2005, en que se analiza la conducta semejante del gobierno PSOE/IU en el Ayuntamientu de Xixón. Mutatis mutandis, el análisis (las razones y las causas de su proceder) valen también para el gobierno PSOE/IU en la Administración Asturiana, puesto que sus causas son las misma y su manera de proceder, idéntica (o, desde otro punto de vista, "contumaz").

AYUNTAMIENTO DE XIXÓN: CON EL DINERO DE TODOS. CONTRA EL EMPLEO DE TODOS

En ámbitos muy variados (bomberos, policías municipales, cargos de confianza, funcionarios de la administración general...), el ayuntamiento de Xixón viene acumulando un balagar de sentencias judiciales en su contra, cuyo denominador común es el mismo: la provisión de plazas se ha realizado de forma irregular. Las sanciones judiciales son tan reiteradas, afectan a ámbitos de la administración tan diversos, se refieren a momentos temporales tan distintos, que, a no haber sido el ayuntamiento censurado el que es, es decir, uno de los que tienen “controlada” o sedada la opinión, el escándalo ya habría ocupado de forma prolongada los medios de comunicación estatales.

El fondo común de todas esas irregularidades es el mismo: favorecer a un grupo de personas en nombre de algún principio aparentemente benéfico, esto es, ayudar a algunos ciudadanos a tener un empleo (estable) de forma más fácil o segura. Pero tan loable principio oculta su verdadero efecto: esos empleos, que se pagan con el dinero de los impuestos, deberían ser accesibles en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, no sólo a los afiliados a un sindicato o un partido o a los que se hallan en sus cercanías. En una palabra, el significado real de esas irregularidades es que, con el dinero de todos y en nombre de principios más o menos justicieros o filantrópicos, se actúa contra la mayoría de la población: se priva de una posibilidad de trabajo a quienes no son próximos.

Mas el verdadero sentido de todo ello va mucho más allá. Todas o la mayor parte de esas irregularidades se cometen en complicidad con los sindicatos: poder político y poder sindical establecen acuerdos en virtud de los cuales, y mediante ese proceso irregular, se favorezca a los suyos o a quienes ellos decidan. Si despojamos a esos pactos de la retórica progresista con que se visten, a nadie se le escapa la finalidad última de los mismos: se trata de reforzar y consolidar el poder de unos y otros, sindicatos y partidos políticos, en proporción directa a su cuota de representación. Porque desde hace mucho tiempo la función principal de los grandes partidos y sindicatos no es, digan lo que digan, el servicio a la mayoría, al “pueblo” o al “proletariado”, sino el mantenimiento y acrecentamiento de lo que son: gigantescas máquinas de poder y de empleo. De ese modo, ampliando el número de favorecidos por su actuación, gratifican voluntades, las compran o tratan de ganárselas. Se entiende bien, por tanto, que la irregularidad administrativa por la que se proveen las plazas no es un error o un “desliz” (para utilizar la palabra eufemística con que antaño se envolvían los hijos no deseados de las madres solteras): es el mecanismo mismo por el se apropian de la administración y hacen ver que ellos la manejan, es decir, el medio por el que se hace alarde de la irregularidad (del poder), a fin de que los favorecidos sepan a quién deben su empleo, y que los que no lo son entiendan bien adónde deben arrimarse si es que quieren algún día gozar de la lotería del favor.

No hace falta repetir otra vez cómo ese mecanismo no es más que la apropiación del común por los particulares, en contra de la generalidad de la población. Tampoco cómo todo ello no tiene nada que ver con presuntos intereses universales o de clase social. Permítaseme sólo subrayar lo que el procedimiento constituye de ataque a la modernidad y la igualdad; en qué medida va todo ello contra las conquistas que se extienden paulatinamente en el mundo occidental a partir de la disolución del Antiguo Régimen (y que ya muchos años antes, formula como ideal y programa el humanismo —por ejemplo, en Cervantes, tan poco zapaterino, en este aspecto, por cierto): un estado al servicio de todos, una administración no secuestrada por intereses particulares, la igualdad en el acceso al empleo y servicio públicos, y, en último término, por tanto, el acrecentamiento de la libertad real. Es decir, en términos históricos, esas actitudes son el pasado: mucho feudalismo (o particularismo burgués) en la apropiación de lo público; poca igualdad y menos fraternidad (a no ser que entendamos por tal la de los miembros de las fratrías entre sí).

Para concluir, dos observaciones. Las dos hacen, sin duda, aumentar el escándalo y el malestar para quienes tengan un mínimo de sensibilidad ciudadana o de interés por el bien de la generalidad. La primera, el impudor con que la mayoría de los sindicatos afectados defienden las ilegalidades y, al mismo tiempo, el estupor que suscita en ellos el que alguien no esté de acuerdo con sus pactos contra la mayoría de los ciudadanos: “No es ético -han dicho- impugnar en el juzgado las ilegalidades en materia de contratación de personal cometidas por el gobierno local tras haberlas pactado con los sindicatos”. Esto es, en traducción: “Esta es nuestra parcela de poder; ésta nuestra manera de operar, desde siempre. ¿Quién diablos es nadie para meterse en nuestro negocio?”

La segunda se refiere a las escasas reacciones que una cuestión tan escandalosa y de tanto daño al común —en la administración de todos y con el dinero de todos, recordémoslo— ha suscitado (exceptuemos con aplauso la de Armando J. Nosti Caso). Seguramente ello quiere decir que una parte importante de la población no es capaz de percibir cómo esos procedimientos les quitan, a ellos o a sus hijos, directamente el pan de la boca. Posiblemente otra ya se ha habituado a esa corrupción de la vida pública y la encuentra normal o incorregible. Algunos, finalmente, habrán aprendido la lección y tendrán una razón más para callar y procurar en el futuro, al igual que Lázaro de Tormes, “arrimarse a los buenos”.

En todo caso, den ustedes una vuelta a su alrededor, miren y pregúntense: ¿dónde están los que habitualmente se escandalizan y gritan en nombre de la ética, del pueblo, del proletariado o de los principios?

O formúlenlo de otra manera, ¿cuál es el tamaño de la red de complicidades, silencios, miedos e intereses que se extiende entre el tejido social de un concejo que, desde la transición —esto es, desde que gobiernan en él PSOE e IU—, tiene el nada honorable registro de la mayor tasa de paro de toda Asturies?

Eso sí, en nombre del pueblo y para el pueblo.

El gobierno socialista y el dedo: ¿Prevaricación? Favoritismo, en todo caso

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado por cuarta vez en año y medio una convocatoria de puestos de altos funcionarios del Principado por haber sido designados a dedo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo cuestiona la licitud de la predilección de la Administración regional por el sistema de libre designación frente al concurso de méritos y declara ilegales los métodos utilizados para cubrir 299 puestos de jefes de servicio, coordinadores, asesores y similares. En este catálogo de plazas, aprobado el 18 de marzo de 2009, se incluyeron 291 nombramientos que el tribunal ya había anulado este año y que el Principado volvió a incorporar a una relación que se completaba con ocho puestos más, que ahora han sido igualmente invalidados.

Las sentencias anteriores, según el colectivo, no han sido ejecutadas porque el Principado, «actuando irresponsablemente con el dinero de los asturianos, decidió recurrirlas a sabiendas de la imposibilidad jurídica de que tales recursos puedan prosperar, en una política de tierra quemada que sólo pretende trasladar a los futuros gobernantes una función pública caótica y absolutamente degradada». (ver la LNE del 06/11/2010)

Leamos ahora unas frases sacadas del Auto de José Ramón Chaves, magistrado del Juzgado contencioso-administrativo número 5 de Uviéu, referentes a la legalidad del ascenso de 830 cargos intermedios de la Administración (ver LNE del 04/11/2010):

• «Posición reprochable»

• «resulta inadmisible»

• «tesis anacrónica que no se ajusta a las claves constitucionales»

• «desafiando la más elemental prudencia»

• «intento indisimulado de posponer los hechos ilícitos consumados»

• «la posición de la Administración resulta palmariamente reprochable»

• «en lugar de suspender otras convocatorias incursas en el mismo vicio»

• «llueve sobre mojado, hay sobrados pronunciamientos judiciales orientando a la Administración sobre la senda de la objetividad y cabe apreciar en la posición a este incidente un intento indisimulado de posponer los hechos ilícitos consumados»

Unas frases de los sindicatos (ver LNE del 07/11/2010)

• «Se están burlando de la justicia»

• Los servicios jurídicos de USIPA «están valorando la presentación de una querella por prevaricación»

• «Habrá que empezar a pedir responsabilidades con nombres y apellidos»

• «Cualquiera que vea esta secuencia de acontecimientos podrá interpretar que están prevaricando»,

• «Si llevan cuatro varapalos y siguen haciendo lo mismo, a la opinión pública ya le debe quedar claro que lo están haciendo de forma intencionada y caciquil. Se toman la Administración como su feudo, como si fuera un cortijo».

• La estrategia de la Administración consiste en «recurrir al Supremo para dilatar la solución definitiva del asunto»

• «una pieza más en un modelo de Administración clientelista»

¡Para que los sigáis votando!

A las rebajas realizadas en el sueldo de los funcionarios durante este año de 2009 (y que, no lo olvidemos, ¡van a ser para toda la vida!), el gobierno va añadir, según trasciende de los presupuestos de 2011, una rebaja encubierta, al reducir la paga extra de junio al mismo nivel que la de Navidades, que, para este año, quedará reducida a la mitad, según verán (sufrirán) en sus nóminas los funcionarios. O sea, que, sobre expoliadores públicos, amiseriadores a hustadillas.

En conjunto, pues, los sueldos no sólo no aumentarán, sino que, además de quedar congelados en el nivel de la rebaja eterna del 2009, sufrirán una merma adicional de entre el 1 y el 1,4%.

¡Para que los sigan votando!

Pueden ver más, esto es, sufrir por anticipado, en las dos siguientes direcciones:

• El Ejecutivo esconde una nueva rebaja de sueldo a los funcionarios (ABC del 02/11/2010)

• Las extra de los funcionarios también se recortarán en 2011 (La Nueva España del 03/11/2010)

Funcionarios: más irregularidades del Gobiernu

Vengo señalando hace tiempo las continuas irregularidades del Gobiernu asturiano y de diversos ayuntamientos socialistas (en particular, el de Xixón) en la contratación y promoción de personal. He apuntado también cómo estas irregularidades no son casuales, responden a un plan estratétegico y a una determinada forma de control de la sociedad y de ostentación del poder (puede verse, al respecto, el ensiertu del 07/08/09, aquí en este blog, titulado "Despreciando la ley: ventajismo e identidad corporativa").

Pues bien, estos días ha aparecido en los medios (sábado, 1 de mayo de 2010, La Nueva España, por ejemplo) un nuevo fallo judicial anulando decisiones administrativas socialistas, en este caso, del Gobiernu. En concreto, el TSJA acaba de anular el nombramiento de 281 altos cargos elegidos a dedo. En su sentencia, el tribunal censura que el Gobiernu abuse de la libre designación en lugar de utilizar el concurso de méritos para puestos de responsabilidad.

Esta es la tercera sentencia en ese sentido. En noviembre de 2009, por ejemplo, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Uviéu anuló el nombramiento de 350 jefes de servicio.

DESPRECIANDO LA LEY: VENTAJISMO E IDENTIDAD CORPORATIVA

«El TSJA anula la designación a dedo de más de 200 altos funcionarios del Principado (a través de sucesivas sentencias)». El anterior titular de La Nueva España, de 6 de julio de este año, venía a resumir parte de los frecuentes fallos contra las decisiones administrativas del Gobierno socialista (anulación de oposiciones, anulación de la llamada carrera profesional para el personal no sanitario, anulación de las plantillas de los centros de enseñanza…). Esa continua mala práctica de gestión y administración socialista obedece a distintas razones: una de ellas es la chapucera forma de gobernar, administrar y legislar con que, en general, se manifiestan los diversos poderes del Estado en las últimas décadas, comportamiento en el que los socialistas, especialmente los asturianos, resultan primorosos.

Ahora bien, esa conducta rutinaria no obedece únicamente a un actuar ignorante o desidioso, sino que, especialmente en los casos que afectan al empleo, responde a una voluntad deliberada de exhibición de poder, con su corolario de sumisión de los individuos y fidelidad electoral. Efectivamente, quienes saben que, por ellos o para ellos, se ha violentado la ley refuerzan su compromiso si ya son propios, agradecen la dádiva si son próximos, toman nota de cuál es el camino, si ajenos. Y todos, unos y otros, saben quién tiene la fuerza y cómo la hace sentir, dulce o amargamente, según el «corrimiento hacia el rojo» que uno tenga con respecto al manantial de beneficios.

En cualquier caso, ese proceder socialista con respecto al derecho no es de hoy ni se produce únicamente en el ámbito de gobierno de la administración del Estado. Podemos recordar una de sus manifestaciones en la interpretación torticera de la Constitución que durante la II República se hizo para desalojar a Alcalá Zamora de la Presidencia (con las consecuencias que ello conllevó). Es también notorio en el conjunto de la redacción del estatuto de autonomía de Cataluña, por ejemplo, estableciendo en él —en la parte—, cómo debería ser la futura legislación de financiación de las autonomías —del todo—, anomalía que, con su habitual sutileza expresiva, ha subrayado hace poco en estas páginas don Bernardo Fernández Pérez. Se advierte en las reiteradas amenazas del Honorable Montilla, en caso de que el Tribunal Constitucional modificase sustancialmente el nuevo estatuto catalán.

De modo que esa violencia o menosprecio al imperio de la ley y sus límites no es endemismo local ni enfermedad hodierna, sino que constituye una especie de libro de estilo, de manual corporativo del partido socialista (no de todos sus miembros, es obvio). Que ello sea así obedece a razones más profundas y de más arraigo que las de las ventajas en el ejercicio del poder. ¿Cuáles son?

A mi juicio, un complejo conjunto ideológico/discursivo y emocional del que podemos entresacar dos vectores. El primero, la idea de que el socialismo (y su personificación, por tanto, el PSOE) no es una más de las fuerzas que actúa en el sistema, sino la que encarna su superación y la que representa el futuro, y, en consecuencia, «la buena», la que tiene el depósito de superioridad moral. El segundo, la persistencia, más o menos confusa, de una vieja idea izquierdista, la de que la democracia hodierna es la «democracia burguesa», una pseudodemocracia en la que las reglas de juego están siempre trampeadas a favor de los poderes ocultos. Desde esa perspectiva, el circunvalar la ley o traspasarla no sólo tiene el atenuante de que se sortean inconvenientes injustos, sino de que se labora siempre a favor del “bien” y del futuro inevitable, en la dirección del viento teleológico de la historia.

Y, sin embargo, el respeto a la ley y los procedimientos, las limitaciones impuestas por ellos no son únicamente un perifollo de la democracia, un envoltorio molesto que nos dificulta el aprovechamiento de su meollo. Los aspectos procedimentales y normativos, las reglas, los límites, son parte tan constitutiva de un sistema de libertad como los contenidos sustantivos del mismo; son ellos los que defienden el todo del abuso de una parte o de la apropiación total o fragmentaria de lo colectivo por una facción.

Como debería saber cualquier demócrata.

Esti artículu asoleyóse'l 06/08/09 na Nueva España

Tremái (de conxelación), funcionarios

El gobiernu de don José Luis Rodríguez tien propuesto que la subida de los funcionarios pal prósimu añu sea del 0,5%, lo que ye prácticamente una conxelación. Ye verdá que nun propón una conxelación dafechu, porque asina perdería l`argumentu eternu de que`l gobiernu del PP conxeló`l sueldu a los funcionarios y ellos non, pero lo que propón, si nun ye la conxelación dafechu, dexa xelaes les pates, les manes, la cabeza y el cuerpu, too menos l`embeligru.

Per otru llau, ye de prever que la subida total sea del uno o uno con cincu por cientu dempués de facer un apañu colos sos sindicatos (los de clase, que los demás son "corrientes"), pero esi mediu puntu o puntu más nun será de subida de verdá, sinón qu´encloyará otros conceptos como incentivos a la productividá, seguros de dellos tipos, etc.

Esto ye, engaños pa los que tengan fe, que, como sabe tol mundu, nun ye creer no que nun vemos, sinón nun creer lo que vemos, que ye la fe que mueve a los creyentes o enfotaos nel votu.