ESOS JUECES

La justicia, cuando de repente y en tropel se entra en una casa, sobresalta y atemoriza hasta las conciencias no culpables. («La ilustre fregona»)

           Y esas sentencias. La verdad es que en los últimos tiempos abundan los jueces y las sentencias que a los ciudadanos comunes nos extrañan o están cerca de escandalizarnos (si no lo hacen plenamente es porque escandalizarse, escandalizarse, empieza a ser difícil visto lo visto en tantos ámbitos de lo contemporáneo).

Empecemos por señalar lo que, en teoría, parece consenso: que los jueces deberían ser como los buenos árbitros, o mejor, como el buen narrador, de quien decía Flaubert que, al igual que Dios en el universo, debe estar presente en todas partes pero visible en ninguna. Y, sin embargo, cada vez disponemos de más jueces luminarias, que son ellos la causa tanto como la propia causa. Es cierto que, en parte, eso se debe a la necesidad de alimentar con combustible segundo a segundo los medios de comunicación y que, por tanto, existe una porción de responsabilidad en ese estado de cosas no imputable a los propios jueces; pero de todos es sabido que sí existen unos cuantos que parecen necesitar el aliento vital de focos y flases para subsistir.  

Otro tipo de juez, que con gran frecuencia se dobla en el anterior, es el juez que pudiéramos llamar «de pasión romántica». Como el pirata de Espronceda, parece ir sentado a la popa de su escritorio recitando el «que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío a quien nadie puso leyes». Realizan una interpretación «creativa» de la ley; aplican la legislación de forma que resulta difícil de aceptar que sea exactamente la legislación escrita lo que fundamenta sus sentencias; o, sencillamente, se niegan a aplicar la ley, porque entienden ellos que están por encima de la misma y de sus procedimientos. Un ejemplo próximo lo tenemos en la Audiencia Nacional, con jueces que se niegan a aplicar la reciente limitación a la llamada «justicia universal». Y no se trata de que el magistrado entienda que la ley es inconstitucional y de que, en desacuerdo con ella, inicie un procedimiento ante instancias superiores para dilucidar tal cuestión, sino, simplemente que señala que la ley no afecta a su función.

Esas interpretaciones «creativas» de la ley se sustentan, en el fondo, en una andrómina: la de que es el juzgador el creador de la ley. Y no hará falta decir que la delegación de la soberanía de los ciudadanos, esto es, la capacidad de decidir qué es punible o posible y qué no, recae únicamente en los parlamentarios electos, por tontos que sean; no en los individuos particulares, por listos que sean o se crean.

Una forma de creatividad es aquella de las sentencias basadas en una especie de sustantividad del argumento ontológico de San Anselmo y, al mismo tiempo, en la creencia de la perennidad del maná (o, tal vez, del milagro de los panes y los peces). Son sentencias que se producen a propósito de conflictos entre particulares y Administración. Pues bien, en muchos de estos casos tal parece que alguien hubiese conjurado al juez con un «nunca la mano te duelga», dado lo cuantioso de las indemnizaciones con que se obliga a reparar un daño, en muchos casos con dudoso fundamento objetivo. «In dubio pro reo» parece haber sido sustituido en estos casos por el «In litigio pro litigante». Y, en todos esas circunstancias, da la impresión de que las bases fundamentales de las decisiones son dos: la primera,  la de que el dinero de la Administración cae, como el maná del cielo, y, por tanto, no es de nadie; la segunda, la de que el mundo ha de ser siempre perfecto, y si un ciudadano tropieza, por un decir, en una baldosa suelta y cae, la culpa es del Concejo, porque ha de tener siempre y a toda hora todo su territorio en perfecto y beatífico estado.

Ya sabemos, por otro lado, que hay jueces del Real Madrid y del Barcelona CF, y nos lo hace manifiesto su elección partidista para ciertos órganos. Lo terrible es que en muchos casos, ese «ser» se traslada al hacer, y que la sentencia, como saben enjuiciados y abogados, se orientará (o matizará, en el mejor de los casos) hacia un lado u otro dependiendo de las variables del juzgador, del juzgado y de lo juzgado. He aquí un último ejemplo reciente, el de ese fiscal de la Audiencia Nacional que, desde una perspectiva fuertemente ideologizada (valga decir «prejuiciosa»), se dedicaba a mandar impíos trinos contra compañeros, superiores jerárquicos  y, por supuesto, el Gobierno. ¿Podríamos confiar en su imparcialidad según nuestra persona y la acusación con que acudiésemos a su presencia? Y, sobre todo, ¿podríamos confiar en el buen sentido y juicio de quien, amparándose en el infantil y maripopinesco «@cespiralidoso», enviaba sus trinos (o impíos píos) ¡pensando que su origen y cuenta eran anónimos y no se descubrirían!?

¡Arreniego! ¡Arreniego!, que diría mi abuela materna, Carolina.

Xuan Xosé Sánchez Vicente

Como pequeños dioses

Hace un par de años, a comienzos de 2010, escribí en estas páginas un par de artículos titulados respectivamente, ¿Hacia la Argentinización de España? y ¿Hacia una época de convulsiones? El contenido de ambos se puede deducir de sus títulos y, aunque bajo la modalidad prudencial de la interrogación, contenían el anuncio de algunas cosas que ya han surgido y el temor de otras que pudieran aparecer e intensificarse.

Con el término «argentinización» venía yo a definir no tanto una concreta situación de de las cuentas públicas (la del «corralito», por ejemplo), cuanto un proceso progresivo de degradación, empobrecimiento y corrupción colectivos. Ese proceso no solo tendría como causa principal la propia economía y como impulsor importante los partidos políticos, sino que vendría impulsado por organizaciones sociales y por los mismos ciudadanos a título individual, tanto por acción como por omisión; pero, sobre todo, aplaudiendo y exigiendo de los políticos aquellas actuaciones que, aparentemente, cursan a favor de los ciudadanos, pero que, en la práctica, van en su contra, porque violentar lo posible en nombre de lo deseable no lleva más que al desastre.

Sigo pensando, como en aquella fecha, que la probabilidad de que ese proceso continúe y se acelere hasta un nivel irreversible no es muy alta; igualmente, que el conjunto de España posee palancas económicas y sociales suficientes para salir adelante. No obstante, en los últimos tiempos, aquellas señales que aparecían en el 2010 van reforzándose con otras. En el caso del conflicto catalán, por ejemplo, la respuesta del PSOE —responsable, a propósito, por voluntario activismo de la situación presente— de «federalismo ni Dios sabe qué ni cómo» no ha contribuido más que a introducir una variable de mayor confusión en un problema complejo y endiablado. ¿Y cuáles han sido las razones del partido de don Pablo, don Felipe y José Luis para complicar más las cosas? Pues puramente electorales, de defensa de su negocio

Pero es en otros aspectos de la actuación social y política donde veo yo motivos más preocupantes. La cuestión de los desahucios, en concreto, ha excitado a muchos políticos y grupos sociales a saltarse la ley o amenazar con ello y a proclamarlo, además. El sindicato policial SUP se ha manifestado a favor de apoyar a los policías que se nieguen a efectuar desalojos de viviendas; los mossos d’Esquadra han hablado de que no quieren ser «verdugos»; los cerrajeros de San Sebastián se han negado a aplicar la ganzúa a las puertas; alcaldes de la península y de Canarias, socialistas y no socialistas, han amenazado con retirar sus fondos de las entidades bancarias que ejecuten… Pero quizás el caso más notable sea del de Juan Alberto Belloch, alcalde socialista de Zaragoza hoy e inventor en su día del capitán Kahn y del que él llamó «Código penal de la democracia». Pues bien, este fenómeno de ojos saltones y vigilantes ha anunciado «que sus guardias no desalojarán a nadie», es decir, ha aseverado que los obligará a incumplir la ley.

Pero el caso más llamativo es quizás el de los jueces. A título individual unos, de forma colectiva la mayoría, parecen haberse imbuido en los últimos tiempos de una especie de «espíritu de San Garzón», que los lleva a pretender convertirse en otro poder legislativo. En algunos casos, mediante sentencias que llevan al límite las interpretaciones de la ley o que pretenden paralizar su aplicación por disconformidad con ella. De manera generalizada — también a título individual o, sobre todo, mediante manifestaciones colectivas—, oponiéndose a las iniciativas legislativas e, incluso, amenazando con no aplicarlas. En pocos meses ha ocurrido ello con la legislación laboral, con la Ley de tasas judiciales, con la Ley de desahucios, con la ejecución de lanzamientos, con los indultos. No importa que, en todas estas cuestiones, los jueces tengan ninguna razón, poca, mucha o toda. En primer lugar no son ellos los creadores de la ley, sino quienes la aplican y la interpretan. En segundo lugar, los servidores del Estado están obligados a una cierta contención y discreción. En otros ámbitos esa ejemplaridad de sometimiento al cometido, se lleva a rajatabla. Piénsese, por ejemplo, en el cese fulminante del general director de la revista Ejército, Ángel Luis Pontijas Deus, por permitirse una crítica sobre el proceso independentista en Cataluña, esto es, por incumplir su obligación de discreción en cuanto militar.

Da la impresión de que, en España, muchos servidores del Estado —ya como Administración, ya como entidad política— han hecho suyo el lema de Huidobro, «¿Por qué cantáis la rosa, ¡Oh, Poetas! Hacedla florecer en el poema? El poeta es un pequeño Dios», y de que, como tales, se han puesto a hacer florecer su rosa en sus actos, en sus autos y en sus discursos.

Quizás no estaría de más recordar cuál es la conducta ejemplar en el funcionario o servidor público: cuando el 7 de septiembre de 1873 Nicolás Salmerón se vio obligado a firmar unas sentencias de muerte, dimitió y se fue para casa sin firmar. No intentó ninguna fórmula torticera para no aplicar la ley, ni se declaró insumiso con ella siguiendo en su cargo. Se fue. Al igual que el señor Belloch, por ejemplo.