Justicia, sentencias, injusticia

(Ayer en LNE) L’APRECEDERU JUSTICIA, SENTENCIAS, INJUSTICIA Estos días se han fallado tres sentencias en Asturies que tienen en común un pronunciamiento en favor de los acusados, definitivo, casi definitivo o provisional. Significan, algunas, el fracaso de los acusadores; otras, el fracaso de la maquinaria de la justicia. La primera sentencia, la que es, desde luego, más endeble a favor del acusado, es la revocación del fallo que condenaba a diez años de prisión al conocido popularmente como “Padre Chus”. Sentenciado a 10 años de prisión, el TSJA ha invalidado esa resolución del tribunal inferior por una tramitación inadecuada. El segundo caso tiene como protagonista a Francisco Álvarez-Cascos, tan protagonista él de tantas cosas en la política española y asturiana. Acusado por Foro y la fiscalía de delitos relacionados con los gastos que cargaba al partido, fue absuelto en primera instancia. Recurrida la sentencia por el ministerio público y por el partido, el TSJA desestima el recurso de ambos y su pretensión de un nuevo juicio por un tribunal distinto. Escandaloso es, sin duda, el proceso del llamado “caso Pokémon”. Durante doce años, ¡doce!, ha estado rodando la instrucción de la jueza Pilar de Lara, en la que se implicó en toda España a centenares de políticos, funcionarios y empresarios. Al margen de algún tirón de orejas que dieron en su día a la jueza los órganos superiores, al final todo ha quedado en agua de borrajas o, si lo prefieren, en indagaciones pilarlarianas. Se lo digo en titulares de LA NUEVA ESPAÑA: «El caso Pokémon, que señaló a muchos políticos asturianos, ya es papel mojado: los jueces no ven delitos y lo archivan. Doce años después de la polémica instrucción de la jueza Pilar de Lara, la causa termina sin juicios y sin apreciar ilícitos». Huelgan los comentarios, pero es evidente que la justicia no siempre es justa, a veces es muy injusta, y, que, en algunos casos, simplemente hace mal su trabajo.

ESOS JUECES

La justicia, cuando de repente y en tropel se entra en una casa, sobresalta y atemoriza hasta las conciencias no culpables. («La ilustre fregona»)

           Y esas sentencias. La verdad es que en los últimos tiempos abundan los jueces y las sentencias que a los ciudadanos comunes nos extrañan o están cerca de escandalizarnos (si no lo hacen plenamente es porque escandalizarse, escandalizarse, empieza a ser difícil visto lo visto en tantos ámbitos de lo contemporáneo).

Empecemos por señalar lo que, en teoría, parece consenso: que los jueces deberían ser como los buenos árbitros, o mejor, como el buen narrador, de quien decía Flaubert que, al igual que Dios en el universo, debe estar presente en todas partes pero visible en ninguna. Y, sin embargo, cada vez disponemos de más jueces luminarias, que son ellos la causa tanto como la propia causa. Es cierto que, en parte, eso se debe a la necesidad de alimentar con combustible segundo a segundo los medios de comunicación y que, por tanto, existe una porción de responsabilidad en ese estado de cosas no imputable a los propios jueces; pero de todos es sabido que sí existen unos cuantos que parecen necesitar el aliento vital de focos y flases para subsistir.  

Otro tipo de juez, que con gran frecuencia se dobla en el anterior, es el juez que pudiéramos llamar «de pasión romántica». Como el pirata de Espronceda, parece ir sentado a la popa de su escritorio recitando el «que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío a quien nadie puso leyes». Realizan una interpretación «creativa» de la ley; aplican la legislación de forma que resulta difícil de aceptar que sea exactamente la legislación escrita lo que fundamenta sus sentencias; o, sencillamente, se niegan a aplicar la ley, porque entienden ellos que están por encima de la misma y de sus procedimientos. Un ejemplo próximo lo tenemos en la Audiencia Nacional, con jueces que se niegan a aplicar la reciente limitación a la llamada «justicia universal». Y no se trata de que el magistrado entienda que la ley es inconstitucional y de que, en desacuerdo con ella, inicie un procedimiento ante instancias superiores para dilucidar tal cuestión, sino, simplemente que señala que la ley no afecta a su función.

Esas interpretaciones «creativas» de la ley se sustentan, en el fondo, en una andrómina: la de que es el juzgador el creador de la ley. Y no hará falta decir que la delegación de la soberanía de los ciudadanos, esto es, la capacidad de decidir qué es punible o posible y qué no, recae únicamente en los parlamentarios electos, por tontos que sean; no en los individuos particulares, por listos que sean o se crean.

Una forma de creatividad es aquella de las sentencias basadas en una especie de sustantividad del argumento ontológico de San Anselmo y, al mismo tiempo, en la creencia de la perennidad del maná (o, tal vez, del milagro de los panes y los peces). Son sentencias que se producen a propósito de conflictos entre particulares y Administración. Pues bien, en muchos de estos casos tal parece que alguien hubiese conjurado al juez con un «nunca la mano te duelga», dado lo cuantioso de las indemnizaciones con que se obliga a reparar un daño, en muchos casos con dudoso fundamento objetivo. «In dubio pro reo» parece haber sido sustituido en estos casos por el «In litigio pro litigante». Y, en todos esas circunstancias, da la impresión de que las bases fundamentales de las decisiones son dos: la primera,  la de que el dinero de la Administración cae, como el maná del cielo, y, por tanto, no es de nadie; la segunda, la de que el mundo ha de ser siempre perfecto, y si un ciudadano tropieza, por un decir, en una baldosa suelta y cae, la culpa es del Concejo, porque ha de tener siempre y a toda hora todo su territorio en perfecto y beatífico estado.

Ya sabemos, por otro lado, que hay jueces del Real Madrid y del Barcelona CF, y nos lo hace manifiesto su elección partidista para ciertos órganos. Lo terrible es que en muchos casos, ese «ser» se traslada al hacer, y que la sentencia, como saben enjuiciados y abogados, se orientará (o matizará, en el mejor de los casos) hacia un lado u otro dependiendo de las variables del juzgador, del juzgado y de lo juzgado. He aquí un último ejemplo reciente, el de ese fiscal de la Audiencia Nacional que, desde una perspectiva fuertemente ideologizada (valga decir «prejuiciosa»), se dedicaba a mandar impíos trinos contra compañeros, superiores jerárquicos  y, por supuesto, el Gobierno. ¿Podríamos confiar en su imparcialidad según nuestra persona y la acusación con que acudiésemos a su presencia? Y, sobre todo, ¿podríamos confiar en el buen sentido y juicio de quien, amparándose en el infantil y maripopinesco «@cespiralidoso», enviaba sus trinos (o impíos píos) ¡pensando que su origen y cuenta eran anónimos y no se descubrirían!?

¡Arreniego! ¡Arreniego!, que diría mi abuela materna, Carolina.

Xuan Xosé Sánchez Vicente

Acéfalos legislantes

El secuestro del atunero Alakrana en aguas somalíes ha vuelto a poner de relieve, una vez más, el espectáculo bufo que, en muchas ocasiones, constituyen nuestros tribunales. Pero, fundamentalmente, lo que viene a evidenciar, es que en nuestro país «se legisla con las témporas», según he dicho aquí, en la Nueva España, decenas de veces; esto es, se legisla, de un lado, sin tener conocimiento de la realidad ni contar con ella, de otro, con la única finalidad de caer bien y ser simpático a los bienpensantes, sean cuales sean las consecuencias de lo que se legisla.

Porque, por ejemplo, al respecto del pirata de edad indefinible no es lo absurdo o lo ridículo el vodevil de contoneos y parajismos de escrúpulos que manifiestan jueces y fiscales en Madrid, sino que nuestro Parlamento haya legislado de modo y manera que un tipo que coge una ametralladora y se lanza a robar, secuestrar y matar mundo adelante sea considerado un ser no plenamente dotado de madurez, y, por lo tanto, parcial o totalmente irresponsable si no ha cumplido todavía lo dieciocho años. No es necesario recordar que, con doce y catorce años, muchos de nuestros abuelos emigraban a América, basta con mirar alrededor en nuestro mundo contemporáneo para ver la realidad tal como es, o con reparar en que nuestros gobernantes consideran suficientemente madura a una mujer de dieciséis años para que tome la decisión de abortar.

Hasta ahora ese disparate legislativo —en cuanto genérico, pues bien se podrían separar, en ese tramo de edades, tipos de delitos, gravedad de los mismos, armas utilizadas para su ejecución… —, ha servido para que determinados grupos de delincuentes se aprovechen de él y pongan a menores a cometer robos y hurtos. ¿Qué ocurrirá si grupos terroristas pasan, asimismo, a aprovechar el portillo?.

El otro elemento cuyas facetas grotescas se han puesto de manifiesto es el de la justicia global, lo que incluye el de la actuación de la justicia —por sí y ante sí— fuera de las fronteras. Es del todo seguro que el traslado a España y el sometimiento a la justicia española de los dos piratas somalíes capturados por la armada constituyen un factor que pone en peligro las vidas de los pescadores o, al menos, agrava su situación. En el mejor de los casos, encarecerá el rescate y lo dificultará.

Pues bien, ¿cómo se puede legislar sin tener en cuenta las situaciones de guerra —y el secuestro de barcos, no es más que una forma de conflicto armado— y sin pensar, en consecuencia, que, en ese marco, es la actuación de la fuerza y la política la que debe guiar la actuación del Estado, y no la aplicación burocrática de la legislación? ¿Es que nadie tiene aquí la mínima capacidad para pensar en el mundo real? ¿Sólo preocupan las exigencias de la moda bienpensante?.

(Por cierto, ¿qué clase de país es este donde se nos cuenta con detalle cuál ha sido el método y los medios para detener a una banda de mafiosos o a un grupo de terroristas, o se nos radia, como si fuese el resultado de un partido de fútbol, la actuación de la armada deteniendo piratas?).

¿«Con las témporas», he dicho que se legisla? Pues no tengan ustedes duda, porque, como en aquel chiste antiasturiano, podríamos decir:

—Señor, nuestros parlamentarios carecen de la cabeza.

—¡Serán acéfalos!

—Pues seránlo muy guapamente.

Al menos a juzgar por sus frutos.

Nota: esti ensiertu asoleyóse na Nueva España del 01/11/09

El ejemplo del caso Madoff

El caso Bernard Madoff resulta ejemplar (o ilustrativo) por muchas razones. Centrémonos sólo en una: la velocidad (sólo poco más de tres meses, 200 días) para el final de su juicio y condena. Si eso hubiera pasado en España, transcurrido ese tiempo ni siquiera se habría solicitado el primero de los testimonios o documentos. Recordemos, por no ir muy allá, los caso de Fórum y Afinsa, cuyas víctimas (cuyos estafados) aún no saben, siquiera, si desde el punto de vista legal han sido estafados (que lo han sido realmente en su patrimonio y expectativas de futuro).

Ello quiere decir que en nuestro país la justicia funciona mal, pero, sobre todo, que funcionan muy mal los legisladores, que perpetran leyes y normas con las témporas (¡Sí, es un eufemismo!), según vengo repitiendo hace muchos años, y que no les preocupa ni un ápice el ciudadano, el que debería ser el objeto de la política y de la Administración.

Se impone una reestructuración total de la justicia y, para que ello ocurra, es necesario limpiar los establos de Augias, la reserva mundial de la incompetencia absoluta, el Parlamento español (y de paso, el asturiano, más necesitado áun).

Una testigo protegida en Pravia

En Pravia lleva sucediendo, desde hace unos meses, una de las cosas más graves a las que está asistiendo nuestra sociedad: una joven, testigo de un delito (no un gran delito, por cierto, no un delito con muerte ni nada parecido), ha tenido que convertirse en testigo protegido, esto es, desaparecer, cambiar de domicilio y de aspecto, perdiendo su libertad y su vida social. Con todo y con ello, ha sido localizada y es amenazada cada poco.

Lo primero, evidentemente, es manifestar nuestra solidaridad con la chica, así como nuestra admiración hacia ella. Lo segundo, exigir a las autoridades judiciales y gubernativas más seriedad y profesionalidad en el tratamiento del caso.

Pero cabe también hacer alguna reflexión sobre la gravedad del asunto: señalar cómo avanzan el delito y las actuaciones mafiosas en Asturies, a pesar de que se nos diga lo contrario. Lo segundo, apuntar lo endeble de nuestro sistema judicial y policial para garantizar la seguridad de los testigos y su presentación de testimonio, teniendo en cuenta siempre que el que alguien se tenga que ocultar para proteger sus vida es un fracaso total de nuestra sociedad.

En tercer lugar cabe exigir una total transformación de la justicia: muchos elementos pseudogarantistas y, sobre todo, la lentitud en la tramitación de las causas, operan a favor de los delincuentes, no de los presuntamente acusados sin fundamento, ni, por supuesto, de las personas honradas.

Pero, especialmente, hay que ir a una profundísima reforma del sistema judicial y de los elementos procesales, de forma que, en casos como éste, los juicios se puedan realizar en un tiempo de días, y no de meses o años.

Finalmente, hay que actuar de forma que los testigos no deban convertirse en esa especie de prófugos que son los testigos protegidos, garantizando, por otra parte, su seguridad y vida normal de forma eficiente, así como, evidentemente, la confidencialidad de sus datos.