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Yo compro el voto, usted pone el dinero y la salud

(Ayer, en La Nueva España) YO COMPRO EL VOTO, USTED PONE EL DINERO Y LA SALUD Ya saben, desde hace años los gobiernos, en general, y los gobiernos progresistas muy en particular, vienen tomando medidas para evitar los desahucios de los inquilinos que no pagan y que se encuentran en situación de «vulnerabilidad». El actual Gobierno ha prolongado esas medidas con el pretexto de la pandemia, de modo, que, en la práctica, no se puede desalojar a quienes no pagan o a quienes ocupan ilegalmente una vivienda, si se hallan en cierta situación económica o parecen o fingen estarlo, o se tarda varios años en desalojarlos. Esa preocupación por los desfavorecidos no lleva a los gobernantes a tomar medidas «progresistas» tales como darles una vivienda social o a pagar a los expropiados por el impago una nueva vivienda o a compensarles desde el primer día el lucro cesante y los gastos añadidos, no, los lleva a expropiar la casa del particular, del propietario, que actúa de beneficiario de los presuntos indefensos «a jornal de su pena y su cuidado», como diría don Francisco de Quevedo. Yo los invito a que lean ustedes en estas dos direcciones de LA NUEVA ESPAÑA, aunque podría señalarles otras muchas de todo el país: https://www.lne.es/cuencas/2022/11/28/alquila-casa-sotrondio-sufre-impagos-79208577.html; https://www.lne.es/asturias/2022/11/13/duenos-pisos-alquiler-ruina-exencion-78490554.html. ¿Qué señalan? ¿De qué acusan, en último término, estas víctimas al Gobierno?: de que para recuperar su piso de quien lo ha ocupado por la violencia o no ha pagado nunca su alquiler tarden años, tanto por la propia lentitud de la justicia, como por las artimañas, consentidas, de los que no pagan, como por las leyes antidesahucio perpetradas por los legisladores; de que, mientras tanto, estén obligados, bajo severas penas, a seguir pagando los gastos de agua, luz y comunidad de quienes les han «expropiado» su propiedad; de que, al final, cuando recuperan el piso, no recuperan, salvo en casos excepcionales y tras pasar por los juzgados y los gastos de abogados, nunca los alquileres debidos ni los gastos pagados ni los daños causados en la vivienda. Si ustedes indagan con cierto interés en la materia, verán que, en bastantes casos, la situación de vulnerabilidad aducida por los impagadores es falsa o dudosa. Pero, sobre todo, hay un dato terrible: en no pocas ocasiones, cuando la vivienda queda desocupada, tras años de pleitos e intervenciones judiciales, el piso presenta daños gravísimos, y no es infrecuente que se hayan llevado muebles, radiadores, cortinas, etc. Es decir, que cuando desalojan, «desalojan». Naturalmente, no todos los inquilinos que no pagan han de ser así, pero estos casos que suceden con cierta frecuencia ponen una duda razonable sobre el tipo de personas que se acogen a esa situación de vulnerabilidad que, en principio, debería producirnos una cierta empatía hacia su problema. Ahora bien, debemos señalar que, frente al discurso de un cierto «progresismo», los propietarios sufrientes de todas estas agresiones injustas y «legales» no son millonarios con muchas propiedades, sino gentes corrientes, y en situación de precariedad, muchas veces, de edad avanzada, en ocasiones, que tienen ese segundo piso como fruto de su esfuerzo de muchos años, y que debería constituir para ellos un alivio para unos ingresos o una pensión reducida. Nos hallamos, pues, ante una situación de injusticia total, yo diría más, ante una situación de «expropiación» por parte del Gobierno, sin compensación alguna. El legislador parece guiarse aquí por la frase de Proudhon, «La propiedad es el robo», para de eso concluir que «puesto que es así, hagamos nosotros justicia, es decir, lo mismo». ¡Ah, si ellos creyesen que están en peligro su propiedades, o que no las podrían rescatar pronto en caso de ocupación! Y, sobre todo, no se engañen: quienes legislan a costa del dinero y «a jornal de la pena y el cuidado de los demás» no lo hacen por altruismo, o no exclusivamente por ello, lo hacen porque saben que entre cierta tropa próxima a ellos, eso les da votos. «Yo compro el voto y ustedes ponen el dinero, el sufrimiento y el mal trago». Esa es la fórmula.

Como pequeños dioses

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Hace un par de años, a comienzos de 2010, escribí en estas páginas un par de artículos titulados respectivamente, ¿Hacia la Argentinización de España? y ¿Hacia una época de convulsiones? El contenido de ambos se puede deducir de sus títulos y, aunque bajo la modalidad prudencial de la interrogación, contenían el anuncio de algunas cosas que ya han surgido y el temor de otras que pudieran aparecer e intensificarse.

Con el término «argentinización» venía yo a definir no tanto una concreta situación de de las cuentas públicas (la del «corralito», por ejemplo), cuanto un proceso progresivo de degradación, empobrecimiento y corrupción colectivos. Ese proceso no solo tendría como causa principal la propia economía y como impulsor importante los partidos políticos, sino que vendría impulsado por organizaciones sociales y por los mismos ciudadanos a título individual, tanto por acción como por omisión; pero, sobre todo, aplaudiendo y exigiendo de los políticos aquellas actuaciones que, aparentemente, cursan a favor de los ciudadanos, pero que, en la práctica, van en su contra, porque violentar lo posible en nombre de lo deseable no lleva más que al desastre.

Sigo pensando, como en aquella fecha, que la probabilidad de que ese proceso continúe y se acelere hasta un nivel irreversible no es muy alta; igualmente, que el conjunto de España posee palancas económicas y sociales suficientes para salir adelante. No obstante, en los últimos tiempos, aquellas señales que aparecían en el 2010 van reforzándose con otras. En el caso del conflicto catalán, por ejemplo, la respuesta del PSOE —responsable, a propósito, por voluntario activismo de la situación presente— de «federalismo ni Dios sabe qué ni cómo» no ha contribuido más que a introducir una variable de mayor confusión en un problema complejo y endiablado. ¿Y cuáles han sido las razones del partido de don Pablo, don Felipe y José Luis para complicar más las cosas? Pues puramente electorales, de defensa de su negocio

Pero es en otros aspectos de la actuación social y política donde veo yo motivos más preocupantes. La cuestión de los desahucios, en concreto, ha excitado a muchos políticos y grupos sociales a saltarse la ley o amenazar con ello y a proclamarlo, además. El sindicato policial SUP se ha manifestado a favor de apoyar a los policías que se nieguen a efectuar desalojos de viviendas; los mossos d’Esquadra han hablado de que no quieren ser «verdugos»; los cerrajeros de San Sebastián se han negado a aplicar la ganzúa a las puertas; alcaldes de la península y de Canarias, socialistas y no socialistas, han amenazado con retirar sus fondos de las entidades bancarias que ejecuten… Pero quizás el caso más notable sea del de Juan Alberto Belloch, alcalde socialista de Zaragoza hoy e inventor en su día del capitán Kahn y del que él llamó «Código penal de la democracia». Pues bien, este fenómeno de ojos saltones y vigilantes ha anunciado «que sus guardias no desalojarán a nadie», es decir, ha aseverado que los obligará a incumplir la ley.

Pero el caso más llamativo es quizás el de los jueces. A título individual unos, de forma colectiva la mayoría, parecen haberse imbuido en los últimos tiempos de una especie de «espíritu de San Garzón», que los lleva a pretender convertirse en otro poder legislativo. En algunos casos, mediante sentencias que llevan al límite las interpretaciones de la ley o que pretenden paralizar su aplicación por disconformidad con ella. De manera generalizada — también a título individual o, sobre todo, mediante manifestaciones colectivas—, oponiéndose a las iniciativas legislativas e, incluso, amenazando con no aplicarlas. En pocos meses ha ocurrido ello con la legislación laboral, con la Ley de tasas judiciales, con la Ley de desahucios, con la ejecución de lanzamientos, con los indultos. No importa que, en todas estas cuestiones, los jueces tengan ninguna razón, poca, mucha o toda. En primer lugar no son ellos los creadores de la ley, sino quienes la aplican y la interpretan. En segundo lugar, los servidores del Estado están obligados a una cierta contención y discreción. En otros ámbitos esa ejemplaridad de sometimiento al cometido, se lleva a rajatabla. Piénsese, por ejemplo, en el cese fulminante del general director de la revista Ejército, Ángel Luis Pontijas Deus, por permitirse una crítica sobre el proceso independentista en Cataluña, esto es, por incumplir su obligación de discreción en cuanto militar.

Da la impresión de que, en España, muchos servidores del Estado —ya como Administración, ya como entidad política— han hecho suyo el lema de Huidobro, «¿Por qué cantáis la rosa, ¡Oh, Poetas! Hacedla florecer en el poema? El poeta es un pequeño Dios», y de que, como tales, se han puesto a hacer florecer su rosa en sus actos, en sus autos y en sus discursos.

Quizás no estaría de más recordar cuál es la conducta ejemplar en el funcionario o servidor público: cuando el 7 de septiembre de 1873 Nicolás Salmerón se vio obligado a firmar unas sentencias de muerte, dimitió y se fue para casa sin firmar. No intentó ninguna fórmula torticera para no aplicar la ley, ni se declaró insumiso con ella siguiendo en su cargo. Se fue. Al igual que el señor Belloch, por ejemplo.

Vamos meter la pata

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La mio impresión ye que güei PP y PSOE nun van llegar a un alcuerdu nel tema los desahucios. El PSOE nun lo va facer hasta que pase la fuelga xeneral, o, polo menos, hasta primeres hores de la tarde de mañana.

Esti ye'l pronósticu agora, a les 9,50 del martes 13. Tampoco ye difícil que meta la pata.