La Ley de Uso y Promoción del Asturiano: Puntualizaciones e historia

(Ayer, en La Nueva España) LA LEY DE USO Y PROMOCIÓN DEL ASTURIANO: PUNTUALIZACIONES E HISTORIA El día 19 de abril, junto con mi amigo y compañero Xesús Cañedo Valle, daba una charla en el RIDEA para aclarar algunos extremos al respecto de esa ley, que lleva en vigor veinticuatro años, en gran parte incumplida y, desde luego, desconocida en su génesis. Corrían sobre la ley y su elaboración dos ideas erróneas: que había habido unanimidad en su gestación y que era “una ley del PP”, una auténtica falacia esto último. A la vista de tales despropósitos, pedí a don Javier Junceda que nos habilitase en el Instituto un tiempo para exponer la verdad histórica, esto es, la verdad a secas. Sustancio aquí aquella exposición. Los invito a leer no sólo por conocer la historia, sino para que, seguramente, se asombren y rían ante algunos comportamientos bufos. En las elecciones autonómicas de 1995 el PP obtuvo 21 escaños, 17 el PSOE, 6 IU y 1 el PAS. Puesto que en aquel momento (regnante Julio Anguita) IU no quería llegar a acuerdos con el PSOE, se hizo con el Gobiernu el PP, con Sergio Marqués como presidente. Esa mayoría minoritaria permitía gobernar, pero no tener Presupuestos; Asturies se enfrentaba así a cuatro años sin inversiones, con las consecuencias que ello suponía. En esa situación nosotros nos ofrecimos a negociar Presupuestos si se daba una coyuntura que lo hiciera posible, que se dio cuando el señor Saavedra abandonó IU y se mostró dispuesto, también, a un acuerdo presupuestario. El día 10 de diciembre de 1996 (ya había pasado un año y medio desde las elecciones) firmamos entre Sergio Marqués y quien esto escribe, en representación de las respectivas fuerzas políticas y del Gobiernu, un acuerdo de cuatro puntos, los tres primeros de índole económica e inversora (permítanme recordarles que aquellos pactos coadyuvaron a la creación de 20.000 puestos de trabajo, que el paro descendió hasta el número nunca, por desgracia, repetido hasta hoy de 50.000 personas, y que, durante muchos años, los proyectos contenidos en aquellos Presupuestos siguieron desarrollándose). El cuarto punto nos comprometía a elaborar una Ley de Uso y Promoción del Asturiano en unos términos concretos y en el plazo de tres meses. Pasado más tiempo, tratamos de averiguar qué ocurría con el proyecto. Al presentarnos en la Conseyería quedamos horrorizados con el texto: aquello era un engendro que pudiéramos llamar “de los amigos de los bables”, donde se hablaba de dialectos y subdialectos, y en el que no se recogían los puntos sustanciales del acuerdo: el término de “lengua”, la toponimia real, el uso de la lengua ante la Administración, la Universidad, los ayuntamientos, etc. Por “hacer breve el cuento”, que diría don Sergio, nos sentamos en el despacho de éste Xesús Cañedo y yo y redactamos la ley. Por significar el cambio, señalemos que, como recordaba Xesús Cañedo, la titular de la Conseyería, al ver el texto, digamos, de Suárez de la Riva, exclamó: «¡Pero esto, Xuan, es la cooficialidad!». A partir de aquí el acuerdo empezó a sufrir ataques de todas partes, empezando por el propio Partido Popular, cuya Ejecutiva se pronunció públicamente en contra: tenían los Presupuestos y tenían unos acuerdos firmados, pero debían de pensar que el brocardo «pacta sunt servanda» hablaba de la entonces alcaldesa de A Veiga, del PSOE, Servanda García. El mismo Álvarez-Cascos, desde Madrid, «rechazó» la ley. Isidro Fernández Rozada argumentaba correctamente, pero para oponerse al texto: «si el bable es una lengua, ¿por qué no va a ser oficial?». (No se les oculta que en el PP se había abierto una guerra contra el Gobierno de Marqués, desde el primer día. La Ley de Uso fue una más de las armas usadas en esa batalla). Señalaré ahora que tanto IU como PSOE presentaron sendas enmiendas de totalidad al Proyecto de ley; que el PSOE auguró que el texto iba a provocar «un conflicto social», e intentó por todos los medios –filibusterismo parlamentario incluido– que la ley no saliese adelante y que se retirase. Pero la cuestión vino a complicarse aún más. Paralelamente a la tramitación de la ley empezaba a negociarse la reforma estatutaria, y ahí asomaba la cuestión de la cooficialidad. Y, de repente, la iniciativa no sólo concitaba una hostilidad universal (no sólo pública, también particular: ¡la de llamadas y conciliábulos que desde las «fuerzas vivas» se produjeron o suscitaron!) porque era «una porquería», sino porque, en un acto de auténtica traición, «la impulsábamos ¡para que no hubiese cooficialidad!». «¡Traidores!» fue un grito unánime. Empezó con la campaña Suatea y al día siguiente prosiguieron IU y otras personalidades e instituciones, por ejemplo, el presidente de la Academia de la Llingua. A la manifestación de finales de año a favor de la oficialidad, por cierto, no pudimos asistir porque nos amenazaron seriamente con «recibirnos a palos». (Es cosa asombrosa, pero ejemplar, cómo puede mentirse y manipularse con éxito a la opinión –y, también, no lo olvidemos, hablar sin saber de qué se habla–. Para conseguir la cooficialidad hacen falta 26 votos. Nosotros, con el PP, tan renuente, no sumábamos siquiera los 22 necesarios para aprobar la ley; sin embargo, que no hubiera oficialidad era culpa –única y exclusivamente– del PAS. Ni que decir tiene que cuando, tiempo después, IU gobernó con el PSOE o cuando este lo hizo en solitario nadie se acordó de exigir ya la oficialidad a quienes no sumaban los votos suficientes). Bien. La ley salió adelante porque el señor Saavedra se ausentó en la primera parte de la votación y las enmiendas de totalidad quedaron rechazadas al empatar los votos de PSOE-IU con los de PP-PAS. Pero, de pronto, entró en la sala el señor Saavedra («Tras hablar con Bueno y Alarcos –dijera–, jamás votaré ese engendro») y se dedicó a apoyar todas las enmiendas parciales de aquellos. En mi opinión, en nada mejoró el texto. Pero no acaba aquí la historia. Tiene una segunda parte, de opereta bufa. Habiendo rechazado en la Xunta las propuestas de cooficialidad de IU y PAS en el trámite de reforma del Estatuto, incluida la nuestra de cooficialidad inserta en el texto pero a la espera de un quorum suficiente en nuestro Parlamento, conocida como «cooficialidad diferida» –etiqueta que tanto daño nos hizo y por la que tanto nos vituperaron, pero cuya historia no voy desarrollar aquí–, cuando el proyecto de Estatuto llega a Madrid, IU y PP proponen incluir en él la «cooficialidad diferida». ¿Y quiénes lo hacen por parte del PP? Asómbrese: Isidro Fernández Rozada, Mercedes Fernández, Isabel Pérez Espinosa (el azote más azotador de Sergio Marqués) y ¡el propio Cascos, en persona y con insistencia! ¿Las razones del PP para esa tan llamativa como temporal pirueta? Se hallaban en plena ruptura con Sergio Marqués, y en competición, por tanto: Intelligenti pauca. De toda esta historia pueden desprenderse varias consideraciones y enseñanzas de índole particular y general, algunas desmoralizadoras. Lo dejo en sus manos y me limito a dos. La primera, señalar que, según dijera el jurista José Manuel Pérez con ocasión de celebrarse el vigésimo aniversario de la proclamación de la ley, en 2018: «Perdimos veinte años al no desarrollar la Ley de Uso: la situación sería ahora diferente». Y, añado yo, algunos aspectos de ella se eluden o incumplen flagrantemente, valga de ejemplo lo referido a la toponimia, de lo que tal vez hablaremos en otro momento. La segunda consideración. ¿Se acuerdan del episodio de Quiteria y Basilio en el Quijote? Hace este como que se suicida y consigue casarse in articulo mortis con su amada Quiteria, quitándosela al rico Camacho. Sacramentado el connubio, se arranca del pecho el artificio por el que fingió su suicidio y se pone en pie. «¡Milagro, milagro!», gritan los asistentes; «No milagro, sino industria» proclama él. Pues bien, algo de «industria» ha habido en todo este proceso (y aun, pero quede para otra, desde el primer momento de la autonomía, con el artículo 4º de la misma), pero, sobre todo, de «milagro». Y, ya que andamos de citas literarias, «A esto don Juan se arrojó […] / y lo que él aquí escribió / mantenido está por él», o, dicho en román paladino, de cada una de estas afirmaciones existe fe documental.

Güei, en LNE: Veinte años después (Ley de Uso, milagro y utilidad)

(Trescribo, como davezu, los primeros párrafos)

Veinte años después

El vigésimo aniversario de la Ley de Uso y Promoción del bable/asturiano

Xuan Xosé Sánchez Vicente 05.04.2018 | 02:48

Por iniciativa de la Consejería de Cultura se ha conmemorado estos días el vigésimo aniversario de la Ley de Uso y Promoción del bable/asturiano. En el acto central participaron tres juristas, los señores José Manuel Pérez, Nicolás Bartolomé Pérez y Leopoldo Tolivar Alas.

Los tres coincidieron en señalar la importancia de la Ley y el salto adelante que significó: Una "ley valiente, que partía de la nada, apenas desarrollada, cuyo desconocimiento es profundo y aprobada por unanimidad, algo impensable hoy en el Parlamento asturiano", dijo Leopoldo Tolivar. José Manuel Pérez señaló que "abrió un gran abanico de posibilidades y colocó al asturiano en el mapa de las lenguas de España" y que "perdimos veinte años al no desarrollar la Ley de Uso: la situación sería ahora diferente". Los ponentes coincidieron, asimismo, en indicar que la Ley contiene elementos propios de la oficialidad, como los del poder dirigirse los ciudadanos a la Administración en asturianu. Del mismo modo, señalaron cuánto más allá va este texto con respecto a otras lenguas peninsulares no oficiales, y, por supuesto, con respecto a la solo aparente oficialidad de Miranda do Douro.

Como he sido el impulsor de aquella ley en mi condición de diputado del PAS, permítanme recordar alguna cosa al respecto. En primer lugar, la historia: a partir del artículo 4º del Estatuto, iniciativa también de quien esto firma (pero entonces en el PSOE), no había existido desarrollo legislativo alguno sobre nuestra lengua. El Gobierno de Pedro de Silva había llevado a la Cámara una ley semejante a la nuestra, pero hubo de retirarla.

En una especial coyuntura política, con un Gobierno del PP presidido por Sergio Marqués, pero sin mayoría, pudimos condicionar la redacción de la futura Ley de Uso. Ya he contado aquí, en LA NUEVA ESPAÑA del 02/12/2017, los avatares ocurridos hasta que pudimos plasmar un texto consensuado con el Presidente, por lo que no volveré a repetirlo. Lo que sí quiero señalar es que en la redacción de la Ley había dos objetivos fundamentales: calificar al asturiano de "lengua" y acercar los derechos de los ciudadanos al borde de la cooficialidad, lo que pasaba por hacer válida la comunicación de los mismos con la Administración en su lengua.

Hay que recordar que el texto del artículo 4º, inexistente en la redacción inicial del Estatuto, calificaba al asturiano como "lengua propia de Asturias". Pues bien, esa calificación desapareció en las Cortes, que dieron a escoger entre la desaparición del artículo 4º o la eliminación de ese sintagma.

No era, pues, un tema baladí, la reintroducción de la palabra "lengua": enlaza, por un lado, con el artículo 3, 2º de la Constitución, "Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades de acuerdo con sus Estatutos"; pero, además, venía a borrar un debate social y político recurrente, el de que el asturiano no era una lengua, sino, a lo más, una serie infinita de dialectos sin cohesión. Lo veía bien Isidro Fernández Rozada, uno de los mayores enemigos de la Ley: "Si decimos que es una lengua, ¿qué razón hay para no hacerla oficial?", manifestó para oponerse.

No juzgaba mal el señor Isidro. Hay que decir, además, que muchos juristas calificaron la Ley de inconstitucional, por adentrarse en el núcleo duro de la oficialidad, el de la comunicación con la Administración. Incluso, un juez llegó a plantear la cuestión ante el Constitucional.

Sobre los enemigos de la Ley y el ambiente de hostilidad que hacia nosotros se creó no quiero hoy hablar. Recordar que no sólo la dirección del PP estaba en contra, también muchas gentes del ámbito de la cultura: "He hablado con Bueno y Alarcos, proclamó el señor Saavedra, y no voy a apoyar ese engendro". Pero las críticas no provenían únicamente de esos sectores, también del mundo asturianista y sus instituciones, acaso más feroces, víctimas de una ceguera absoluta sobre la realidad y las fuerzas de que cada uno disponía.

Por otro lado, y según han subrayado los ponentes del encuentro antedicho, el único defecto de la Ley ha sido que no se ha desarrollado ni se ha aprovechado todo su potencial. Así es, especialmente durante los años de Gobierno del señor Areces, incluidos aquellos de la coyunda de gobierno con IU, hubo casi una inacción total al respecto. Otros que vinieron después tampoco han sido muy partidarios, como el cura vasco del chiste no lo era del pecado.

Corrijamos una de las afirmaciones de los juristas convocados por la Consejería para la efeméride, la de que la Ley se había aprobado por unanimidad, y su añoranza de aquella voluntad de consenso de antaño. Es radicalmente erróneo. La Ley no solo sufrió el acoso social de tirios y troyanos, susurrado a través de teléfonos o gritado en insultos y pintadas, lo padeció también en el Parlamento. Por un lado, el PSOE ejerció continuadas maniobras de filibusterismo, intentando retrasar o abortar la tramitación del texto. Pero, además, la Ley pactada entre PAS y PP (mejor, PAS y Gobierno) recibió de PSOE e IU sendas enmiendas de totalidad. Los votos del PP y el mío sumaban 22; los de IU y el PSOE otros 22; el señor Saavedra decidió no participar "en aquello". Entiéndase que el procedimiento funciona así: si no se superan los votos en contra prevalece el texto de Ley presentado por el Gobierno. De ese modo, la especial composición de la Comisión que trató la iniciativa permitió que pasase la iniciativa a Pleno y que quedasen rechazadas las enmiendas de totalidad. Una vez aquí, las votaciones hicieron correr ventura distinta a unas y otras enmiendas, en un pleno que al final fue caótico.

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