Felicitación doble

Felicitación doble. Toi cola muyer nun chigre tomando un daqué. Abórdame una persona, más xoven que nós, a la que reconozo ensin muncha precisión. Vien saludanos y dame les gracies, pola Llei d'Usu (un día d'estos falo d'ello) y, tres recordar les crítiques y los insultos que recibimos pola única llei qu'esiste de defensa del asturianu dende que tenemos autonomía, vuelve dame les gracies pola mio última novela, De los sueños hicimos pesadilla, que, diz él, aparte de gusta-y muncho, vieno abri-y los güeyos sobre la realidá d'quella época (la novela va del 1929 al 1945). Como yera obligao, agradeci-ylo muncho.

Una de risa y otra no tan de risa

(Ayer, en La Nueva España) UNA DE RISA Y OTRA NO TAN DE RISA La izquierda anduvo estos días revuelta con actos que tenían relación con la enseña nacional o, si quieren, constitucional; es decir, española. Tras la jura de bandera el fin de semana pasado en Uviéu, el señor Llamazares realizaba una protesta a la que los medios no dieron mucho aire. Pero no centra ello mi atención, sino una carta que el hoy presidente de la Xunta, el señor Cofiño, publicaba aquí, en LA NUEVA ESPAÑA, el 28.09.2023. La sustancia de la misiva era la siguiente: el PP había presentado una propuesta para conceder la Medalla de Asturias el año próximo al Regimiento Príncipe número 3. La Mesa de la Cámara (mayoría PSOE-IU) se ha opuesto a la tramitación de la propuesta. El PP ha calificado el rechazo de sectario. Don Juan Cofiño ha salido al paso acusando al PP de utilizar al Ejército y, por ello, de “prácticas sectarias que generan tensiones gratuitas, fracturan la unidad de los españoles y amenazan la convivencia”. Diré que tengo en estima al señor Cofiño por muchas razones, entre otras, porque es de los pocos políticos que han tenido con el mundo real una relación que ha ido más allá de su ideología –en su caso, el mundo empresarial–, y, por tanto, sus actuaciones tienen más aciertos que las de los que no tienen más patrimonio vivencial que su discurso. No obstante, sí quiero comentar otro párrafo de su carta, que está en conexión discursivo-política con el antecitado. Este: «Llueve sobre mojado sobre este particular, toda vez que la derecha española –en su desviada interpretación de la noción de Estado– lleva tiempo apropiándose espuriamente del emblema de nuestra bandera, de tal suerte que muchos españoles, lamentablemente, se muestran apáticos o escépticos en presencia de la misma, ante su grosera utilización partidaria». Afirmar tal cosa desde la izquierda, que mayoritariamente tiene, desde que hay democracia, como bandera emocional e identitaria una enseña retrógrada que pasea en mítines y manifestaciones, y que, además, mira con desdén o rocea a la española, la constitucional, puede incitar a muchos comentarios o reacciones. Apostemos por el más plácido: tomémoslo a risa. En otro orden de cosas, estos últimos días han producido cierta jocosidad algunos errores en los cambios de los indicadores de las carreteras dependientes del Gobierno central. “Gráu”, por ejemplo, o “La Corredoira”. Bueno, sonriamos, pero miremos lo que hay detrás: un avance, un reconocimiento, un respeto a la lengua asturiana y, por tanto, a los asturianos. Efectivamente, me consta que han sido gestiones del Gobierno de Barbón las que han “convencido” al departamento correspondiente del Estado para que se atenga a la ley y la realidad, con un retraso de, si no de toda la vida, por lo menos de 25 años, desde que se aprobó la Ley de Uso y Promoción del Asturiano. Porque, efectivamente, los nombres de los lugares (pueblos o ciudades) de Asturies son los que son oficialmente; es más, y perdóneseme la tautología, son los que son —y mucho menos son los que han falsificado los funcionarios de carreteras—, y eso no depende de que el asturianu sea lengua oficial o no, como me contestó en su día, en carta particular, el ministro Álvarez-Cascos y como han venido haciendo hasta ahora todos los ministros del ramo. Tres observaciones. La primera: los sucesivos ejecutivos socialistas vienen incumpliendo sistemáticamente el artículo 15 de la Llei d’Usu, según recientemente hemos denunciado ante el anterior Gobierno Xesús Cañedo y yo. La ley no dice que todos los topónimos deban ser bilingües, ni mucho menos, solo algunos; tampoco que la prelación deba darse al castellanizado. La segunda: como en la mencionada denuncia hemos manifestado, la metodología de los nombres en los indicadores de carreteras es una auténtica chapuza, cuyo único criterio parece ser el del operario que los rotula. Y tres: ya que se da ese plausible paso adelante en las carreteras de titularidad estatal, ¿no se podía tener un poco de cuidado y que alguien vigilase lo que al final se va a pintar y colgar?

La Ley de Uso y Promoción del Asturiano: Puntualizaciones e historia

(Ayer, en La Nueva España) LA LEY DE USO Y PROMOCIÓN DEL ASTURIANO: PUNTUALIZACIONES E HISTORIA El día 19 de abril, junto con mi amigo y compañero Xesús Cañedo Valle, daba una charla en el RIDEA para aclarar algunos extremos al respecto de esa ley, que lleva en vigor veinticuatro años, en gran parte incumplida y, desde luego, desconocida en su génesis. Corrían sobre la ley y su elaboración dos ideas erróneas: que había habido unanimidad en su gestación y que era “una ley del PP”, una auténtica falacia esto último. A la vista de tales despropósitos, pedí a don Javier Junceda que nos habilitase en el Instituto un tiempo para exponer la verdad histórica, esto es, la verdad a secas. Sustancio aquí aquella exposición. Los invito a leer no sólo por conocer la historia, sino para que, seguramente, se asombren y rían ante algunos comportamientos bufos. En las elecciones autonómicas de 1995 el PP obtuvo 21 escaños, 17 el PSOE, 6 IU y 1 el PAS. Puesto que en aquel momento (regnante Julio Anguita) IU no quería llegar a acuerdos con el PSOE, se hizo con el Gobiernu el PP, con Sergio Marqués como presidente. Esa mayoría minoritaria permitía gobernar, pero no tener Presupuestos; Asturies se enfrentaba así a cuatro años sin inversiones, con las consecuencias que ello suponía. En esa situación nosotros nos ofrecimos a negociar Presupuestos si se daba una coyuntura que lo hiciera posible, que se dio cuando el señor Saavedra abandonó IU y se mostró dispuesto, también, a un acuerdo presupuestario. El día 10 de diciembre de 1996 (ya había pasado un año y medio desde las elecciones) firmamos entre Sergio Marqués y quien esto escribe, en representación de las respectivas fuerzas políticas y del Gobiernu, un acuerdo de cuatro puntos, los tres primeros de índole económica e inversora (permítanme recordarles que aquellos pactos coadyuvaron a la creación de 20.000 puestos de trabajo, que el paro descendió hasta el número nunca, por desgracia, repetido hasta hoy de 50.000 personas, y que, durante muchos años, los proyectos contenidos en aquellos Presupuestos siguieron desarrollándose). El cuarto punto nos comprometía a elaborar una Ley de Uso y Promoción del Asturiano en unos términos concretos y en el plazo de tres meses. Pasado más tiempo, tratamos de averiguar qué ocurría con el proyecto. Al presentarnos en la Conseyería quedamos horrorizados con el texto: aquello era un engendro que pudiéramos llamar “de los amigos de los bables”, donde se hablaba de dialectos y subdialectos, y en el que no se recogían los puntos sustanciales del acuerdo: el término de “lengua”, la toponimia real, el uso de la lengua ante la Administración, la Universidad, los ayuntamientos, etc. Por “hacer breve el cuento”, que diría don Sergio, nos sentamos en el despacho de éste Xesús Cañedo y yo y redactamos la ley. Por significar el cambio, señalemos que, como recordaba Xesús Cañedo, la titular de la Conseyería, al ver el texto, digamos, de Suárez de la Riva, exclamó: «¡Pero esto, Xuan, es la cooficialidad!». A partir de aquí el acuerdo empezó a sufrir ataques de todas partes, empezando por el propio Partido Popular, cuya Ejecutiva se pronunció públicamente en contra: tenían los Presupuestos y tenían unos acuerdos firmados, pero debían de pensar que el brocardo «pacta sunt servanda» hablaba de la entonces alcaldesa de A Veiga, del PSOE, Servanda García. El mismo Álvarez-Cascos, desde Madrid, «rechazó» la ley. Isidro Fernández Rozada argumentaba correctamente, pero para oponerse al texto: «si el bable es una lengua, ¿por qué no va a ser oficial?». (No se les oculta que en el PP se había abierto una guerra contra el Gobierno de Marqués, desde el primer día. La Ley de Uso fue una más de las armas usadas en esa batalla). Señalaré ahora que tanto IU como PSOE presentaron sendas enmiendas de totalidad al Proyecto de ley; que el PSOE auguró que el texto iba a provocar «un conflicto social», e intentó por todos los medios –filibusterismo parlamentario incluido– que la ley no saliese adelante y que se retirase. Pero la cuestión vino a complicarse aún más. Paralelamente a la tramitación de la ley empezaba a negociarse la reforma estatutaria, y ahí asomaba la cuestión de la cooficialidad. Y, de repente, la iniciativa no sólo concitaba una hostilidad universal (no sólo pública, también particular: ¡la de llamadas y conciliábulos que desde las «fuerzas vivas» se produjeron o suscitaron!) porque era «una porquería», sino porque, en un acto de auténtica traición, «la impulsábamos ¡para que no hubiese cooficialidad!». «¡Traidores!» fue un grito unánime. Empezó con la campaña Suatea y al día siguiente prosiguieron IU y otras personalidades e instituciones, por ejemplo, el presidente de la Academia de la Llingua. A la manifestación de finales de año a favor de la oficialidad, por cierto, no pudimos asistir porque nos amenazaron seriamente con «recibirnos a palos». (Es cosa asombrosa, pero ejemplar, cómo puede mentirse y manipularse con éxito a la opinión –y, también, no lo olvidemos, hablar sin saber de qué se habla–. Para conseguir la cooficialidad hacen falta 26 votos. Nosotros, con el PP, tan renuente, no sumábamos siquiera los 22 necesarios para aprobar la ley; sin embargo, que no hubiera oficialidad era culpa –única y exclusivamente– del PAS. Ni que decir tiene que cuando, tiempo después, IU gobernó con el PSOE o cuando este lo hizo en solitario nadie se acordó de exigir ya la oficialidad a quienes no sumaban los votos suficientes). Bien. La ley salió adelante porque el señor Saavedra se ausentó en la primera parte de la votación y las enmiendas de totalidad quedaron rechazadas al empatar los votos de PSOE-IU con los de PP-PAS. Pero, de pronto, entró en la sala el señor Saavedra («Tras hablar con Bueno y Alarcos –dijera–, jamás votaré ese engendro») y se dedicó a apoyar todas las enmiendas parciales de aquellos. En mi opinión, en nada mejoró el texto. Pero no acaba aquí la historia. Tiene una segunda parte, de opereta bufa. Habiendo rechazado en la Xunta las propuestas de cooficialidad de IU y PAS en el trámite de reforma del Estatuto, incluida la nuestra de cooficialidad inserta en el texto pero a la espera de un quorum suficiente en nuestro Parlamento, conocida como «cooficialidad diferida» –etiqueta que tanto daño nos hizo y por la que tanto nos vituperaron, pero cuya historia no voy desarrollar aquí–, cuando el proyecto de Estatuto llega a Madrid, IU y PP proponen incluir en él la «cooficialidad diferida». ¿Y quiénes lo hacen por parte del PP? Asómbrese: Isidro Fernández Rozada, Mercedes Fernández, Isabel Pérez Espinosa (el azote más azotador de Sergio Marqués) y ¡el propio Cascos, en persona y con insistencia! ¿Las razones del PP para esa tan llamativa como temporal pirueta? Se hallaban en plena ruptura con Sergio Marqués, y en competición, por tanto: Intelligenti pauca. De toda esta historia pueden desprenderse varias consideraciones y enseñanzas de índole particular y general, algunas desmoralizadoras. Lo dejo en sus manos y me limito a dos. La primera, señalar que, según dijera el jurista José Manuel Pérez con ocasión de celebrarse el vigésimo aniversario de la proclamación de la ley, en 2018: «Perdimos veinte años al no desarrollar la Ley de Uso: la situación sería ahora diferente». Y, añado yo, algunos aspectos de ella se eluden o incumplen flagrantemente, valga de ejemplo lo referido a la toponimia, de lo que tal vez hablaremos en otro momento. La segunda consideración. ¿Se acuerdan del episodio de Quiteria y Basilio en el Quijote? Hace este como que se suicida y consigue casarse in articulo mortis con su amada Quiteria, quitándosela al rico Camacho. Sacramentado el connubio, se arranca del pecho el artificio por el que fingió su suicidio y se pone en pie. «¡Milagro, milagro!», gritan los asistentes; «No milagro, sino industria» proclama él. Pues bien, algo de «industria» ha habido en todo este proceso (y aun, pero quede para otra, desde el primer momento de la autonomía, con el artículo 4º de la misma), pero, sobre todo, de «milagro». Y, ya que andamos de citas literarias, «A esto don Juan se arrojó […] / y lo que él aquí escribió / mantenido está por él», o, dicho en román paladino, de cada una de estas afirmaciones existe fe documental.

Daqué falla nes Cuenques, y nes cabeces

(Ayer, en La Nueva España) DAQUÉ FALLA NES CUENQUES, Y NES CABECES Las noticias sobre la enseñanza en Les Cuenques son desalentadoras. Esta: “Tres titulaciones de FP industrial con pleno empleo, a cuyos alumnos les llegan, además, ofertas de trabajo cuando aún están en prácticas, solo cubren la mitad de sus plazas”. Y esta otra: “El número de jóvenes que acceden ahora a la prueba de selectividad es un tercio de lo que era en 1999”. Todo ello no solo indica lo evidente, el desplome de la natalidad y la emigración de familias, sino otra más profunda: la práctica inutilidad de los cuantiosos fondos invertidos en Les Cuenques tratando de evitar lo inevitable y luchando, además, contra una estructura de empresas y salarios que desvirtuaba la percepción social de lo posible. Si a esto añadimos lo anómalo de la decisión de gestión de aquellos fondos, en manos de los sindicatos merced a un acuerdo entre Cascos, Villa y Hevia que tenía como objetivo arrebatar su gestión al gobierno de Marqués, no nos extrañarán algunas decisiones equivocadas. Desde ese punto de vista, el del vaciamiento de Les Cuenques y la disminución de su población estudiantil, llevar Minas a Mieres parece un esfuerzo inútil o desproporcionado. También falla la mentalidad de muchos de nuestros munícipes. LA NUEVA ESPAÑA publicó recientemente un reportaje sobre “les lletrones” de nuestros pueblos y ciudades. Pues bien, los paneles están únicamente en castellano, incumpliendo la Llei d’Usu, lo que denota que el interés por el asturiano que dicen tener algunos es solo palabrería; el respeto a la ley, de ninguno. Además, indica también nuestro aldeanismo. Nuestros rectores piensan que el nombre en asturiano haría desmerecer a su localidad y “espantaría” a los forasteros. Seguramente sería al revés. Lo distinto, lo llamativo, atraería más. Y, en último término, ¿piensan que los nombres de los pueblos de Galicia sin falsificar espantan a algún turista? ¿Sería aquí distinto? ¿O somos nosotros los que somos distintos, sin pulir?

(Ayer, en La Nueva España) DETURPACIÓN DE LA LEY Y AMANTES DEL BABLE En Asturies no existe ningún topónimo que haya denominado en castellano un lugar: todos lo han sido en asturiano, o en lenguas anteriores. La castellanización de algunos de esos topónimos ha sido un fenómeno muy tardío, en la mayoría de los casos actual, y se ha debido, fundamentalmente, a la presión castellanizadora de la Administración (Ayuntamientos, Obras Públicas…). De hecho, no existe nombre castellano para los topónimos asturianos, aunque sí castellanización fonética. Y ahí, sí, hay una sistemática descalificación de lo original. Lastres, por ejemplo, no es ningún nombre, ni castellano ni asturiano, pero la evitación de la “Ll” inicial del auténtico, hace a algunos sentirse menos “aldeanos” o “más cultos” (o, incluso, menos “asturianos”). Y a partir de ese momento, la presencia del nombre deformado en documentos, carteles y gargantas de prestigio social empieza a ejercer presión sobre el hasta entonces solitario y auténtico Llastres. Digamos que, en general, en materia de toponimia, el “asco” castellanizante hacia lo asturiano tiene declarada una guerra universal de falsificación contra la “u” y las “es” finales, las “Ll” iniciales y los diptongos de la zona occidental. En algunos casos, esa falsificación llega al ridículo (eso sí, presuntuoso), como cuando una sabia Administración convirtió Cuestes Pines en Cuesta Espinas. Consecuentemente con esa realidad, la Ley 1/1998, de promoción y uso del bable/asturiano, (que desarrolla los preceptos del artículo 4º del Estatuto y el 3º de la Constitución) establece (como “ley”, de forma obligatoria, pues) que “Los topónimos de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tendrán la denominación oficial en su forma tradicional. Cuando un topónimo tenga uso generalizado en su forma tradicional y en castellano, la denominación podrá ser bilingüe” (V, 15.1). Son ustedes lo suficientemente buenos lectores para que no haga falta subrayarles lo que la ley dice: 1) El nombre de los lugares es el que le dieron sus habitantes, “la forma tradicional”, el asturiano. 2) Si hay un uso “generalizado” de ese nombre y de su forma castellanizada la denominación “podrá ser” bilingüe, pero el término primero es el asturiano. (Una precisión. En los debates previos a la redacción definitiva para el punto y seguido del artículo 15.1 se pensaba poco más que en los casos de Uviéu/Oviedo y Xixón/Gijón como ejemplos de entidad suficiente de coexistencia competitiva entre el término oriundo y el castellanizado). Pues bien, a diario y de manera sistemática se viene procediendo a la deturpación de la Ley en lo referente a la toponimia: en publicaciones periódicas, en televisión, en los textos administrativos, en la cartelería informativa de carreteras y calles. Se ha universalizado el Coaña/Cuaña, Gijón/Xixón, Luanco/Lluanco, Boal/Bual… para ciudades, villas, pueblos y aldeas. De esta forma se tergiversa la ley de dos formas: se convierte en el nombre originario el castellanizado; se realiza siempre el doblete, tenga el término reconvertido poco o mucho uso. Y lo que es peor, sobre dar como el bueno el nombre “extranjerizado”, se propaga esa denominación cuando en muchos casos es apenas usada o conocida por los naturales del lugar. A veces se llega al esperpento deformador: TPA, Conexión Asturias: se anuncia el lugar desde que se va a intervenir con una tríada a pie de pantalla: “Asturias Central>Gijón>Gijón/Xixón”. Como ven, el nombre que debería ser el primero se convierte en marginal, en todos los sentidos, viniendo así a representar una especie de “lo ponemos porque no queda más remedio”. Y, además, ¿Qué es el primer “Gijón” viudo? ¿Es el nombre del concejo? Pero el concejo es también Xixón. Y hay que señalar que la responsabilidad de esa deturpación de la Ley y de sus efectos negativos es entera del Gobiernu, ya por omisión, ya por su actuación a través de órganos de él dependientes, directa o indirectamente, como las consejerías, el BOPA o la TPA. Por cierto, venimos asistiendo últimamente a una campaña de cierta intensidad contra la posibilidad de que el asturiano sea declarado lengua cooficial. En general, sus enemigos se manifiestan, sin embargo, “amantes de los bables” —del “asturiano real”, acaso dirían ellos—, de las “diversas formas dialectales y espontáneas del habla popular”. Yo no he visto, sin embargo, que ninguno de ellos se haya pronunciado contra este ataque que supone esta falsificación sistemática del mandato de la Ley. Tampoco los he visto en público manifestarse contra la presión que contra esas hablas “auténticas, espontáneas y populares”, significa su estigmatización (todavía, sí) en la escuela, a pesar de la Ley; o contra las restricciones o la violencia que significa en la capacidad de expresión de muchos ciudadanos la imposibilidad de hacerlo en asturiano en los ámbitos administrativos (pese a la Ley, sí) o el baldón que recae sobre su lengua (o sus formas de hablar, si lo prefieren) por no ser reconocida como “de primera”, esto es, por ser tildada implícitamente como propia de gente ignorante o no culta. Pero pues supongo que hablan de corazón cuando ellos proclaman su amor por los “bables o bable”, quiero creer que en su vida diaria ellos lo hablarán en todas las ocasiones, aunque no sea oficial, y estimularán su uso entre sus amigos, sus pacientes, sus clientes, sus empleados o sus empleadores. Ninguna duda me cabe. Uno de los argumentos más empleados por esta gente contraria a la cooficialidad es que su implantación podría dar origen a radicalismos y formas de intolerancia extrema que la cooficialidad provocaría. No conocen el país. Pero, en todo caso, convendría que mirasen su entorno. Así, descubrirían que en L’Arena los partidarios de que junto a la toponimia no deturpada (oficial hoy) se introduzca la castellanizada han amenazado físicamente al alcalde y su familia e, incluso, han advertido que, de no plegarse, “contratarían a un expresidiario para quemar el Ayuntamiento”. ¿Radicalismo futuro de los partidarios de la cooficialidad? Es posible, pero en el hoy bien podrían fijarse en algunos que viajan en estelas paralelas. Tal vez tendrían que volver a utilizar aquella frase de la últimas horas del Simancas: “Disparen sobre nosotros: el enemigo está dentro”.

Güei, en LNE: Veinte años después (Ley de Uso, milagro y utilidad)

(Trescribo, como davezu, los primeros párrafos)

Veinte años después

El vigésimo aniversario de la Ley de Uso y Promoción del bable/asturiano

Xuan Xosé Sánchez Vicente 05.04.2018 | 02:48

Por iniciativa de la Consejería de Cultura se ha conmemorado estos días el vigésimo aniversario de la Ley de Uso y Promoción del bable/asturiano. En el acto central participaron tres juristas, los señores José Manuel Pérez, Nicolás Bartolomé Pérez y Leopoldo Tolivar Alas.

Los tres coincidieron en señalar la importancia de la Ley y el salto adelante que significó: Una "ley valiente, que partía de la nada, apenas desarrollada, cuyo desconocimiento es profundo y aprobada por unanimidad, algo impensable hoy en el Parlamento asturiano", dijo Leopoldo Tolivar. José Manuel Pérez señaló que "abrió un gran abanico de posibilidades y colocó al asturiano en el mapa de las lenguas de España" y que "perdimos veinte años al no desarrollar la Ley de Uso: la situación sería ahora diferente". Los ponentes coincidieron, asimismo, en indicar que la Ley contiene elementos propios de la oficialidad, como los del poder dirigirse los ciudadanos a la Administración en asturianu. Del mismo modo, señalaron cuánto más allá va este texto con respecto a otras lenguas peninsulares no oficiales, y, por supuesto, con respecto a la solo aparente oficialidad de Miranda do Douro.

Como he sido el impulsor de aquella ley en mi condición de diputado del PAS, permítanme recordar alguna cosa al respecto. En primer lugar, la historia: a partir del artículo 4º del Estatuto, iniciativa también de quien esto firma (pero entonces en el PSOE), no había existido desarrollo legislativo alguno sobre nuestra lengua. El Gobierno de Pedro de Silva había llevado a la Cámara una ley semejante a la nuestra, pero hubo de retirarla.

En una especial coyuntura política, con un Gobierno del PP presidido por Sergio Marqués, pero sin mayoría, pudimos condicionar la redacción de la futura Ley de Uso. Ya he contado aquí, en LA NUEVA ESPAÑA del 02/12/2017, los avatares ocurridos hasta que pudimos plasmar un texto consensuado con el Presidente, por lo que no volveré a repetirlo. Lo que sí quiero señalar es que en la redacción de la Ley había dos objetivos fundamentales: calificar al asturiano de "lengua" y acercar los derechos de los ciudadanos al borde de la cooficialidad, lo que pasaba por hacer válida la comunicación de los mismos con la Administración en su lengua.

Hay que recordar que el texto del artículo 4º, inexistente en la redacción inicial del Estatuto, calificaba al asturiano como "lengua propia de Asturias". Pues bien, esa calificación desapareció en las Cortes, que dieron a escoger entre la desaparición del artículo 4º o la eliminación de ese sintagma.

No era, pues, un tema baladí, la reintroducción de la palabra "lengua": enlaza, por un lado, con el artículo 3, 2º de la Constitución, "Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades de acuerdo con sus Estatutos"; pero, además, venía a borrar un debate social y político recurrente, el de que el asturiano no era una lengua, sino, a lo más, una serie infinita de dialectos sin cohesión. Lo veía bien Isidro Fernández Rozada, uno de los mayores enemigos de la Ley: "Si decimos que es una lengua, ¿qué razón hay para no hacerla oficial?", manifestó para oponerse.

No juzgaba mal el señor Isidro. Hay que decir, además, que muchos juristas calificaron la Ley de inconstitucional, por adentrarse en el núcleo duro de la oficialidad, el de la comunicación con la Administración. Incluso, un juez llegó a plantear la cuestión ante el Constitucional.

Sobre los enemigos de la Ley y el ambiente de hostilidad que hacia nosotros se creó no quiero hoy hablar. Recordar que no sólo la dirección del PP estaba en contra, también muchas gentes del ámbito de la cultura: "He hablado con Bueno y Alarcos, proclamó el señor Saavedra, y no voy a apoyar ese engendro". Pero las críticas no provenían únicamente de esos sectores, también del mundo asturianista y sus instituciones, acaso más feroces, víctimas de una ceguera absoluta sobre la realidad y las fuerzas de que cada uno disponía.

Por otro lado, y según han subrayado los ponentes del encuentro antedicho, el único defecto de la Ley ha sido que no se ha desarrollado ni se ha aprovechado todo su potencial. Así es, especialmente durante los años de Gobierno del señor Areces, incluidos aquellos de la coyunda de gobierno con IU, hubo casi una inacción total al respecto. Otros que vinieron después tampoco han sido muy partidarios, como el cura vasco del chiste no lo era del pecado.

Corrijamos una de las afirmaciones de los juristas convocados por la Consejería para la efeméride, la de que la Ley se había aprobado por unanimidad, y su añoranza de aquella voluntad de consenso de antaño. Es radicalmente erróneo. La Ley no solo sufrió el acoso social de tirios y troyanos, susurrado a través de teléfonos o gritado en insultos y pintadas, lo padeció también en el Parlamento. Por un lado, el PSOE ejerció continuadas maniobras de filibusterismo, intentando retrasar o abortar la tramitación del texto. Pero, además, la Ley pactada entre PAS y PP (mejor, PAS y Gobierno) recibió de PSOE e IU sendas enmiendas de totalidad. Los votos del PP y el mío sumaban 22; los de IU y el PSOE otros 22; el señor Saavedra decidió no participar "en aquello". Entiéndase que el procedimiento funciona así: si no se superan los votos en contra prevalece el texto de Ley presentado por el Gobierno. De ese modo, la especial composición de la Comisión que trató la iniciativa permitió que pasase la iniciativa a Pleno y que quedasen rechazadas las enmiendas de totalidad. Una vez aquí, las votaciones hicieron correr ventura distinta a unas y otras enmiendas, en un pleno que al final fue caótico.

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Sobre la Llei d'Usu a los venti años

De la que tanto y tantos esbabayaron,  esprecetaron y reburdiaron: Unos titulares y unos enllacinos.

Una ley de Uso del Asturiano "valiente, apenas desarrollada"

Tolivar Alas destaca la imposibilidad de alcanzar actualmente en la Junta General la unanimidad que concitó esa normativa

http://www.lne.es/asturias/2018/03/20/ley-asturiano-valiente-apenas-desarrollada/2256145.html

“Perdimos venti años al nun desarrollar la Llei d’Usu; la situación sería agora diferente”, afirma Pérez Fernández

• Xuristes van aldericar sobre la Llei d’Usu cuando se cumplen venti años de la so aprobación

http://asturies.com/noticies/perdimos-venti-anos-al-nun-desarrollar-la-llei-dusu-la-situacion-seria-agora-diferente

“La Llei d’Usu foi un milagru y un ésitu”, asegura Sánchez Vicente

http://asturies.com/noticies/la-llei-dusu-foi-un-milagru-y-un-esitu-asegura-sanchez-vicente

Íntegru: Un poco desorientados (el PP, la Ley y l'asturianu)

Asoleyóse en LA NUEVA ESPAÑA DEL 02/12/17

UN POCO DESORIENTADOS

                En su campaña contra la oficialidad del asturiano (que, en realidad, va más allá de ese objetivo, pero eso es materia de otra reflexión), el PP aduce, como muestra de su buena disposición hacia nuestra lengua, el haber sido los autores de la vigente Ley de uso y promoción del bable/asturiano, publicada el 28 de marzo de 1998, en fechas en que regía el país el Gobierno de Sergio Marqués, enfrentado ya desde hacía tiempo con una parte notable del partido.

                He aquí una expresiva muestra de esa atribución al partido de Rajoy de la citada Ley 1/1998 hecha por un dirigente: “Su uso [el del asturiano], amparado y fomentado bajo una Ley de 1998 aprobada por un gobierno del Partido Popular…” He aquí la mentira llevada al límite: los gobiernos no aprueban las leyes, las aprueban los parlamentos.

                Pero es que, además, no fueron ni el PP ni el gobierno de Sergio Marqués quienes impulsaron la Ley. Más aún: en alguna medida una parte del PP hizo lo posible para que no saliese, o para que, a lo más, fuese un engendro.

                Recordemos las circunstancias: 1995. Regnante Julio Anguita, IU se empeñó en desbancar al PSOE de los gobiernos, con la voluntad de ir ganándolo en votos. En las elecciones autonómicas de ese año, el PP, con Sergio Marqués al frente, quedó el primero en escaños, 21. IU, que sumaría más diputados con el PSOE, no quiso apoyar a este. En consecuencia, el PP se hizo con el Gobierno.

                La fórmula de votación del Presidente facilitó que Sergio Marqués, sin mayoría, lo fuera, pero sus 21 votos no permitían que salieran adelante los presupuestos que, en aquella coyuntura y con una previsible alta inversión, vendrían a revertir la situación de crisis y alto paro en que nos hallábamos. Inopinadamente, el señor José Antonio Saavedra abandonó el grupo de IU, pasó al Mixto y se declaró dispuesto a apoyar las cuentas asturianas. Yo, que representaba al PAS y que me había mostrado anteriormente proclive a apoyar los presupuestos, por su necesidad para el empleo y la actividad económica, cumplí con lo que había anunciado.

                Como contrapartida a aquel apoyo, los presupuestos incluyeron determinadas medidas económicas y de inversión, se propició la rebaja del IAE y se acordó poner en marcha la tramitación de la citada Ley, Ley que, por cierto, en su día, había sido incapaz de sacar adelante en la Xunta el Gobierno de don Pedro de Silva.

                Pasó más de un año y de aquel texto legal no había noticia. Xesús Cañedo y yo acudimos a ver al Presidente para exigir el cumplimiento del pacto. Nos envió a Cultura a ver cómo andaban las cosas. Quedamos horrorizados. El texto que se manejaba con tanta morosidad, sobre bastante inútil para la normalización del asturiano, era un engendro que contenía todos los tópicos que venían sosteniendo desde hacía tiempo cuantos querían reducir el idioma asturiano a un conjunto de dialectos y subdialectos, bueno (esto es, buenos) acaso para los monólogos y para vender vacas, pero inservible para la vida ciudadana y aun para entenderse de valle a valle (sic).

                (Merece la pena recordar aquí dos cosas: la primera, que no habían pasado cuatro meses del nuevo gobierno cuando la veda contra él ya se había abierto en el PP. “¿Nun vos paez qu’esti Presidente nun val pa nada?”, nos decía en Madrid, ante mi asombro, el Presidente del PP a los portavoces de los restantes grupos parlamentarios, en conversación previa a un acto interautonómico en el Senado. La segunda: durante todo ese tiempo de paralización se trasladaron, día sí, día no, incesantes presiones de ciertas fuerzas vivas a las orejas de los mandamases del PP que estaban fuera del Gobierno para que la ley no saliese o su alcance fuese nulo).

                Pues bien, Xesús Cañedo y yo volvimos a ver al Presidente, con él nos encerramos y acordamos lo sustancial del texto vigente (en el trámite parlamentario recibió algunas enmiendas), del que debo destacar el término “lengua tradicional de Asturias”, que tiene un importantísimo alcance jurídico.

                En su camino hacia convertirse en ley el proyecto sufrió el filibusterismo del PSOE para que no saliese adelante, padeció la absoluta incomprensión del asturianismo y de los sindicatos (quienes continuamente, por cierto vienen apoyando sus reivindicaciones y exigencias en la Ley que en su día vituperaron) y, con seguridad, las insidias internas en el campo del PP, convertido ya entonces en una continua conspiración en voz alta contra su propio gobierno. Pero todo ello es materia de otra historia.

                No realizo este ejercicio de memoria para blasonar de aquellos episodios y de este su fruto, tampoco para echar en cara a los actuales portavoces del PP su ignorancia, atrevimiento o mala fe, sino por un acto de caridad. Si llegan a leer la Ley 1/1998, descubrirán que muchos de los males que achacan a una posible oficialidad, como que los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración en asturiano o que se pueda valorar el conocimiento del asturiano para determinadas plazas, entre otras cosas, ya están en la Ley que ellos dicen suya (no se olvide que un juez elevó la Ley a instancias superiores por entender que incurría en prácticas que sólo la oficialidad podía permitir). Por eso lo hago, para evitar que les dé un mal si llegan a enterarse de que la Ley de que quieren apropiarse alienta derechos en cuya negación quieren basar su oposición a la oficialidad. ¡Qué sería de ellos entonces! ¡Prubitinos!

Güei, en LNE: Un poco desorientados (El PP, la Llei y l'asturianu)

(Trescribo, como davezu, los primeros párrafos)

Un poco desorientados

La ley de promoción del asturiano aprobada durante el Gobierno de Sergio Marqués

Xuan Xosé Sánchez Vicente 02.12.2017 | 04:09

Un poco desorientados

En su campaña contra la oficialidad del asturiano (que, en realidad, va más allá de ese objetivo, pero eso es materia de otra reflexión), el PP aduce, como muestra de su buena disposición hacia nuestra lengua, el haber sido los autores de la vigente Ley de uso y promoción del bable/asturiano, publicada el 28 de marzo de 1998, en fechas en que regía el país el Gobierno de Sergio Marqués, enfrentado ya desde hacía tiempo con una parte notable del partido.

He aquí una expresiva muestra de esa atribución al partido de Rajoy de la citada Ley 1/1998 hecha por un dirigente: "Su uso [el del asturiano], amparado y fomentado bajo una Ley de 1998 aprobada por un gobierno del Partido Popular?". He aquí la mentira llevada al límite: los gobiernos no aprueban las leyes, las aprueban los parlamentos.

Pero es que, además, no fueron ni el PP ni el gobierno de Sergio Marqués quienes impulsaron la Ley. Más aún: en alguna medida una parte del PP hizo lo posible para que no saliese, o para que, a lo más, fuese un engendro.

Recordemos las circunstancias: 1995. Regnante Julio Anguita, IU se empeñó en desbancar al PSOE de los gobiernos, con la voluntad de ir ganándolo en votos. En las elecciones autonómicas de ese año, el PP, con Sergio Marqués al frente, quedó el primero en escaños, 21. IU, que sumaría más diputados con el PSOE, no quiso apoyar a este. En consecuencia, el PP se hizo con el Gobierno.

La fórmula de votación del Presidente facilitó que Sergio Marqués, sin mayoría, lo fuera, pero sus 21 votos no permitían que salieran adelante los presupuestos que, en aquella coyuntura y con una previsible alta inversión, vendrían a revertir la situación de crisis y alto paro en que nos hallábamos. Inopinadamente, el señor José Antonio Saavedra abandonó el grupo de IU, pasó al Mixto y se declaró dispuesto a apoyar las cuentas asturianas. Yo, que representaba al PAS y que me había mostrado anteriormente proclive a apoyar los presupuestos, por su necesidad para el empleo y la actividad económica, cumplí con lo que había anunciado.

Como contrapartida a aquel apoyo, los presupuestos incluyeron determinadas medidas económicas y de inversión, se propició la rebaja del IAE y se acordó poner en marcha la tramitación de la citada Ley, Ley que, por cierto, en su día, había sido incapaz de sacar adelante en la Xunta el Gobierno de don Pedro de Silva.

Pasó más de un año y de aquel texto legal no había noticia. Xesús Cañedo y yo acudimos a ver al Presidente para exigir el cumplimiento del pacto. Nos envió a Cultura a ver cómo andaban las cosas. Quedamos horrorizados. El texto que se manejaba con tanta morosidad, sobre bastante inútil para la normalización del asturiano, era un engendro que contenía todos los tópicos que venían sosteniendo desde hacía tiempo cuantos querían reducir el idioma asturiano a un conjunto de dialectos y subdialectos, bueno (esto es, buenos) acaso para los monólogos y para vender vacas, pero inservible para la vida ciudadana y aun para entenderse de valle a valle (sic).

(Merece la pena recordar aquí dos cosas: la primera, que no habían pasado cuatro meses del nuevo gobierno cuando la veda contra él ya se había abierto en el PP. "¿Nun vos paez qu'esti Presidente nun val pa nada?", nos decía en Madrid, ante mi asombro, el Presidente del PP a los portavoces de los restantes grupos parlamentarios, en conversación previa a un acto interautonómico en el Senado. La segunda: durante todo ese tiempo de paralización se trasladaron, día sí, día no, incesantes presiones de ciertas fuerzas vivas a las orejas de los mandamases del PP que estaban fuera del Gobierno para que la ley no saliese o su alcance fuese nulo).

Pues bien, Xesús Cañedo y yo volvimos a ver al Presidente, con él nos encerramos y acordamos lo sustancial del texto vigente (en el trámite parlamentario recibió algunas enmiendas), del que debo destacar el término "lengua tradicional de Asturias", que tiene un importantísimo alcance jurídico.

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