Xuan Xosé Sánchez Vicente: asturianista, profesor, político, escritor, poeta y ensayista. Articulista en la prensa asturiana, y tertuliano en los coloquios más democráticos. Biógrafo no autorizado de Abrilgüeyu
De nuestro negocio hablamos
(Ayer, en La Nuevva España)
DE NUESTRO NEGOCIO HABLAMOS
Los hechos. La ley Sísí rebaja, con respecto a la legislación anterior, las penas a los condenados por delitos sexuales contra la libertad. Por ello, y en virtud de un principio general de la legalidad, a los penados por la normativa anterior se les aplican las nuevas penas. En consecuencia, y a la hora de redactar este artículo, 735 delincuentes condenados por la legislación anterior han visto reducidas sus condenas, 74 han sido excarcelados.
Ni los redactores de la ley, ni el Consejo de Ministros, ni los votantes del Congreso vieron en su día esas que luego calificaron de “consecuencias indeseadas”. Por ser precisos, no quisieron “ver” ninguno de los informes que avisaban de ello.
Ante los resultados de la chapuza y el escándalo subsiguiente, el PSOE se animó a tramitar una modificación de la ley que corrigiese las penas al alza.
Los discursos. UP, Montero y los suyos pusieron el grito en el cielo. Negación: la Ley era perfecta, las rebajas de penas y excarcelaciones no tenían justificación en el texto legal, sino en una conjura de la derecha y de los jueces machistas y franquistas. Afirmación: se quería volver a la «Ley de la manada» (la legislación anterior); se pretendía que la mujer tuviese que demostrar que no hubo consentimiento; eso sería lo que haría la propuesta de modificación del PSOE.
Los hechos: 711 rebajas de penas las sentencian juezas, menores de 50 años, por cierto, y, al parecer, «machistas y franquistas». La «Ley de la manada», la legislación anterior, castigaba con más penas que la ley «Sisí» (15 años, a cada uno de los miembros de «La Manada». El homicidio doloso se castiga con penas de 10 a 15 años). La cuestión del consentimiento (que en UP se ufanan de ser el eje de la «Ley Emperatriz») fue siempre eje central de la legislación penal. La propuesta del PSOE endurece las penas y crea nuevas agravantes.
¿Saben todo esto los vociferantes upedeos? Lo saben, naturalmente, al menos, la mayoría. ¿Por qué mienten? Porque saben que ello les reporta beneficios para su negocio: les hace aparecer ante «los suyos» como paladines del bien (de la mujer, en especial) y como víctimas de una conjura derechista, machista y franquista, hacia donde arriman al PSOE.
(No se le escapa a ninguno de ustedes que la columna vertebral de la actividad de un partido político es su propio negocio, el mantenimiento de su empresa, de sus puestos de trabajo y sus beneficios. Después, por añadidura, podrá afectar su actividad beneficiosamente a una parte de la sociedad, o a mucha, o podrá perjudicar a otra parte, mayor o menor; pero el objetivo fundamental es ese: el mantenimiento y el engrandecimiento de la empresa, del negocio).
Es, pues, inteligible todo ese griterío, toda esa impostura.
El problema radica en otro sitio. En «los suyos», en aquellos a quienes se dirigen con ese discurso, para reforzar su fe, para engañarlos con sus argumentos, para darles argumentos con que engañarse. Porque ahí hay de todo (hablo de encuestas, no de mi parecer): desde quienes sostienen que no ha habido rebajas de penas, a quienes (la mayoría) lo achacan a la conjura machista-franquista de los jueces, a los que pachilopezcamente dicen aquello de «¿A mí qué más te da?», postura en que, en el fondo, se basa toda fe política (y toda «fe», en general), en no creer lo que vemos en virtud de lo que queremos ver, o, expresado con un cínico y viejo adagio parlamentario, «su argumento podrá hacerme cambiar de opinión, pero no de voto».
De modo que toda esa falacia argumentativa, toda esa palabrería mentirosa, no es más que cháchara dirigida a la parroquia, digo, a la clientela.
Ahí reside el busilis de la cuestión. No miremos arriba, sino abajo.
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