La falacia del consenso

(Ayer, en La Nueva España) LA FALACIA DEL CONSENSO O engañifla, o mentira, o trampa saducea. Creo que fue doña Teresa Fernández de la Vega, abriendo el ciclo de conferencias del RIDEA para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la aprobación del Estatutu, quien por primera vez lanzó la idea casi conminatoria: “la reforma del Estatuto ha de hacerse por consenso, como se hizo hace cuarenta años”. Vengamos a un acuerdo reciente, el que firmaron, bajo los auspicios del Gobierno, sindicatos y CEOE. ¿Habría habido acuerdo si cada una de las partes hubiese mantenido todas sus exigencias sin caminar al encuentro de la otra? No. ¿Hablaríamos de consenso si una de las dos partes, digamos con el apoyo del Ejecutivo, hubiese impuesto sus exigencias en el texto final, sin considerar las demandas de la otra? Tampoco. En esos supuestos, y suponiendo que el Gobierno no hubiese legislado, ¿habría nueva legislación laboral? Ninguna. El consenso se produce porque cada una de las partes cede algo de lo suyo y acepta algo de la otra: se camina hacia el encuentro. Pues bien, en la reforma estatutaria asturiana no cabe consenso alguno, porque una de las partes (PP, CS, Vox) no está dispuesta a dar ni un solo paso hacia uno de los dos elementos claves de la reforma, la oficialidad del asturiano (el otro, salvo locura de petición competencial disparatada, es el de la duración de cuatro años del nuevo mandato a mitad de período electoral). Ni quórum, ni tiempos, ni limitaciones, ni…, nada, pura y simplemente, “de ningún modo”. Pues bien, para mi asombro, la idea del consenso como condición ineludible para la reforma estatutaria se ha convertido durante estos meses en un caudaloso e incesante torrente. Pero no nos engañemos, salvo algunos ingenuos o bienintencionados, lo que proclaman todas estas voces no es la exigencia de un consenso, sino una negativa a la oficialidad, pues, planteados los términos reales del debate como están, es lo que de facto, aquí y ahora, significa “consenso”: “Fuera el asturiano del espacio público”. Pero es que una parte del argumento, la comparación con la tramitación del parto estatutario, es absolutamente falsa. El Estatu no se aprobó –por ejemplo, el artículo 4º– por consenso, sino por mayorías en cada uno de sus artículos. En lo que sí hubo consenso fue en la aceptación democrática de los resultados. Todas las fueras políticas votaron afirmativamente al conjunto del texto, fuera cual fuera su éxito o derrota en cada uno de los artículos controvertidos. (Hubo, es verdad, el detalle de AP, a través de Juan Luis de la Vallina, de abstenerse para que no hubiese un voto negativo al conjunto). La falacia del consenso, de manera indirecta, o taimada, si lo prefieren, la ha utilizado Foro en la negociación. El 5 de noviembre publicaba yo en estas páginas un artículo titulado “Foro y su trampa saducea” en que manifestaba lo que era casi mi certeza de que el partido no pretendía llegar a ningún acuerdo sobre la oficialidad, pues planteaba cuestiones que sabía que, tal como estaban formuladas, en términos absolutos e inmodificables, eran inaceptables para las fuerzas de izquierdas. Es decir, Foro planteaba el consenso desde la exigencia de que los demás se moviesen de sus posiciones para realizar todo el camino hacia las suyas. Esa posición le ha permitido ocupar durante meses un amplio espacio en los medios, espacio que, de otro modo, con su representación no hubiera tenido. Si esa campaña propagandística lo va a beneficiar o no es otra cuestión, pero así ha sido. En todo caso, ya lo saben, cuando oigan la palabra “consenso”, si son parte de una negociación, miren a ver si su contrario tiene los pies clavados en el suelo para no moverse; si son oyentes, pónganse arrectis auribus, coles oreyes bien tieses, probablemente quieren decir otra cosa, y hasta es posible que los quieran engañar. Como dice el clásico, “latet anguis in herba”, un áspid se oculta bajo la hierba. Por cierto, ahora que ha concluido la pirotecnia, es hora de que el Gobierno asturiano se ponga en serio a hacer por el asturiano lo que debería venir haciendo hace tiempo en lo que puede, donde puede, y para lo que no necesita más consenso que su voluntad.

Sin duda, mejor con autonomía

(En La Nueva España del 30/12/2021, nun estraordinariu dedicáu al cuadraxésimu aniversariu del Estatutu. SIN DUDA. MEJOR CON AUTONOMÍA Últimamente ha decaído en las encuestas el fervor por la autonomía, pero aún así siguen siendo mayoría los asturianos que apuestan por ella, frente a los partidarios de una vuelta a un sistema competencial centralizado. A estos últimos los mueven, en general, dos tipos de razones, una que consiste en un complejo emocional donde se junta la añoranza de supuestos mejores tiempos pasados con premisas ideológicas; otra, la de una hipotética mayor eficacia del centralismo, unida a un supuesto menor coste. Quizás, antes de adentrarnos en debates tan abstractos, deberíamos tocar tierra con ejemplos concretos, videlicet, ¿existirian los hospitales de Xarrio (1989) y Les Arriondes (1987) de no existir la autonomía asturiana? Pues seguramente no, especialmente este último, fruto de la presión social y política de la zona. Ambos hospitales, con sus carencias, que se suplementan con los servicios del HUCA, prestan, sin embargo, un valioso servicio en sus respectivas zonas, tanto a los enfermos, ingresados o no, como a sus familiares. He ahí, uno de los frutos de la autonomía. Alejémonos ahora del examen a ras de tierra. Pensemos en el conocimiento de los problemas reales de la población, en toda la extensión de nuestro territorio, de norte a sur, de este a oeste. ¿Sería más fácil su conocimiento para una Administración cuyo centro estuviese en Madrid y que aquí contase solo, como antaño, con delegados territoriales? La respuesta es obvia, tan patente como lo son sus limitaciones en el pasado. Démosle la vuelta: ¿podrían los ciudadanos trasladar con más facilidad sus exigencias o necesidades a un poder radicado en la capital del Reino a través de delegados de ese poder? Es difícil dar más que una contestación negativa a esa pregunta. Aún más: ¿presionarían sobre el poder central con más insistencia y fuerza unos subordinados cuya carrera depende fundamentalmente del agrado que causen a sus superiores de lo que lo pueden hacer, aun con todas las limitaciones que ustedes quieran, quienes dependen en parte de los ciudadanos que los votan? Es sabido que en Madrid se postergan, a veces por décadas, las soluciones de los problemas de Asturies y se favorecen las inversiones en las comunidades más poderosas políticamente (AVE, cercanías, soterramientos de trenes, estaciones de los mismos, carreteras, obra pública en general), es cierto que, en parte, por la sumisión a Madrid de nuestros diputados cuando son los suyos los que allí mandan, ¿pero se imaginan lo que ocurriría si ni siquiera dispusiésemos de la presencia y capacidad de exigencia que supone el poder autonómico, por limitado que sea? En algunos aspectos, es indudable que la existencia de la autonomía ha supuesto un elemento decisivo para defender e impulsar nuestra cultura: museos, monumentos, conocimiento en la escuela de nuestras tradiciones. Y, sobremanera, ¿sin la autonomía qué podríamos haber hecho a favor de nuestra lengua, aun con el incumplimiento del artículo tercero de la Constitución y la deficiente ejecución de la Ley de Uso? Es más, dentro de sus limitaciones y ramplonería, ¿cuánto no contribuye nuestra televisión al conocimiento de Asturies y de los asturianos entre sí y al refuerzo de la identidad colectiva? No ocultaré que una de las razones contrarias a la autonomía es el de los costes de la Xunta y del Gobiernu, así como la de la poca utilidad visible de los parlamentarios, argumentos que se refuerzan en estos tiempos (como en casi todos) con el desprestigio de la política. A ello puede oponérsele razonablemente lo que vendría ser el “lucro cesante” de su inexistencia, al no poder ser receptores ni transmisores de los problemas y exigencias de los ciudadanos, y el de no ejercer, en caso de no existir, el control y censura del Gobierno y la Administración, operativos en todo caso, ya sitos en el Gobierno central, ya en las delegaciones territoriales. La voluntad autonomista, que lo es de cercanía al ciudadano y de mejor gestión de las cosas, no debe, sin embargo, llevarnos a reclamar competencias indebidamente valoradas, como ha afirmado correctamente el Vicepresidente Cofiño a propósito de la de los ríos (“No aceptaremos esa competencia a cualquier precio”). No olvidamos que en el traspaso de Educación se nos “espetaron” 12.000 millones de pesetas de pufo y nada menos que La Laboral y su gestión, sin una sola perrona para su atención. Tampoco deberíamos, por una vocación autonómica idealista o por mera imitación, reclamar competencias que nos serán de muy difícil gestión por nuestro tamaño y la debilidad social de control y transparencia que conlleva dicho tamaño, como la de prisiones o la de la creación de una policía autonómica. Lo que sí parece absolutamente necesario modificar en la reforma estatutaria es nuestro sometimiento a la convocatoria general de elecciones de las “autonomías del 145” en caso de convocatoria anticipada de elecciones durante el cuatrienio posterior a una elección dentro del calendario general. Ese sometimiento al interés general de los partidos de ámbito estatal no solo es una negación de la autonomía, sino que supone un despilfarro económico injustificable, no únicamente por los gastos electorales, sino por la paralización administrativa y de ejecución de proyectos. Bajemos a tierra otra vez. Concluyamos con una manifestación patente de la utilidad de la autonomía: la magnífica gestión que de la vacunación ha hecho durante la pandemia nuestro Gobiernu, es decir, nuestra autonomía.