Nuestros avisos y la ruina de El Musel

Cuando se tramitó la ampliación de El Musel, nosotros nos opusimos por dos razones: la primera y fundamental porque aquella era una ampliación inviable que, sobre no traer nuevos traficos, aumentaría los costos de explotación, lo que, a su vez, encarecería el puerto y dificultaría los tráficos. La segunda, por razones paisajísticas que, en último término, eran, asimismo, económicas. En las últimas estuvimos acompañados; en las primeras, solos. Todo el mundo estaba encantado con tener un puertón y con el gasto (eufemísticamente llamado inversión). Ello ya es evidente desde hace tiempo, pero ayer el presidente de Puertos del Estado, don José Llorca, ha venido a reafirmar aquel nuestro anuncio (no fue una profecía, sino un anuncio: no "milagro", sino "industria, industria", como dice Basilio tras arrebatar a Quiteria de Camacho en el capítulo XXI de la segunda parte de Don Quijote de La Mancha):

La ampliación lastra la competitividad de El Musel, señala Llorca en el Congreso

Los puertos tendrán que pagarse sus conexiones terrestres al considerar la UE que las inversiones públicas en enlaces por carretera o ferrocarril son ayudas de Estado

Y aquí un artículu nuestro del 31/03/12, en que recordábamos la historia de la ampliación de El Musel y nuestra oposición.

            

EL DESPILFARRO DE EL MUSEL

«!Nación sin cabeza¡ ¡Desdichado de mí!»

Tras una señal sonora, una fotografía se me aparece en la pantalla. Recoge, en perspectiva casi cenital, a mi trasgu particular, Abrilgüeyu, sobre unas ruinas del poblado astur de la Campa de Torres y tocado con un napoleónico bicornio. Abajo, la inmensa explanada de El Musel, completamente vacía. Sobreimpresionada, una leyenda: «Asturianos y contribuyentes, bajo estas ruinas más de 530 millones de despilfarro os contemplan». Y un imperativo, «Glósalo». A ello voy.

«A baxamar too apaez», dice nuestro refrán. Y así sucede. Ahora que la crisis económica muestra que la realidad es como es, y no como la habíamos soñado o nos la habían pintado, la ampliación del gran puerto asturiano revela una parte de su verdadera faz: un disparate, de principio a fin.

La cuestión de El Musel no es, en el fondo, distinta a la de esos aeropuertos (Castellón, Ciudad Real, Talavera la Real) ocupados solo por los conejos; ni dispar a la de los sueños de construir una compañía de bandera catalana, como Spanair; ni desemejante a los centenares de instalaciones culturales sin inaugurar o, inauguradas, sin uso o visitantes. Es, como todo ello, hija de políticos sin ideas y sin conocimiento del mundo, pero con oídos y macbethianas gargantas que les susurran proyectos gracias a los cuales reinarán por las elecciones de las elecciones, amén (algún día les contaré en qué miseria social e intelectual se gestan los proyectos políticos y les reiteraré otra vez cómo se legisla con las témporas).

Porque el problema de la instalación portuaria no es el que actualmente concita los actuales rutiazos entre partidos (¡esos ruidos malolientes y vacuos de nuestro debate político, tan solo aptos para las atufadas pituitarias de los adeptos!) acerca de cómo o en qué plazo consignar las deudas, a fin de que no repercutan sobre las tarifas o no lo hagan en exceso. No, el problema es de origen, de la inutilidad de la ampliación o de la mayoría de ella.

Quienes desde el principio nos opusimos, en solitario, a la ampliación (más tarde otros se sumaron tímidamente) lo hicimos por dos razones: la primera, y más visible, por el impacto que supondría sobre la playa. La segunda, y más importante, porque los costos eran tales que se convertía en inevitable que la amortización de los créditos acabase repercutiendo sobre las tarifas.

Pero, si, además, vamos a los momentos anteriores a la ampliación entenderemos mejor el nudo del problema. El Musel fue en las últimas décadas un puerto de escasos tráficos, exceptos los ligados a Aboño y la siderúrgica. A muchas, incluso, de las empresas asturianas les era más barato o cómodo exportar desde Santander o Barcelona. Pues bien, a partir de ese punto, y al olor de ayudas europeas, de la coyuntura y de otras variables más nebulosas (pero no menos intuibles), se decidió ampliar el puerto, con tres argumentos. Uno (no se carcajeen): en el futuro inmediato vendrían de allende los mares barquísimos de carbón, con toneladísimas que descargarían a la vista de El Muselín para después ser reexportadas desde aquí en otros barcos. Dos (no se rían): el terreno no ocupado por tráficos directos se llenaría con otras industrias (la regasificadora, nunca necesaria, metida a calzador por el gobierno Areces a Zapatero; la planta de biodiesel; industrias energéticas…). Sindicatos y patronal llegaron a decir, al sugerirles el problema de los créditos y los costos que (no se me orinen), si hiciese falta dinero, se venderían los terrenos portuarios antiguos para pisos.

Tras todo ese planteamiento, una teoría: si tenemos un gran puerto, tarde o temprano captará los tráficos. Pero no hace falta decir que no son los puertos los que llaman los tráficos, sino el tráfico, la actividad económica, la que agranda los puertos. Y, mientras Asturies sea nada y vayamos a menos, eso no tendrá remedio. 

(Hay que agradecer, con todo, que no hayan tabicado por completo la concha, como proponía un «fenómeno» en el pasado, y que la escasa oposición en la calle y la decidida actuación de Álvarez-Cascos como ministro de Fomento —al César lo que es del César— hayan conseguido reducir una parte de la expansión inicialmente prevista.)

Y, así, sobre este ensueño y este disparate político-sindical, tan socialista, se diseñó el disparate económico de la ampliación de El Musel y de la Zalia. Y, ahora, toca pagar lo que no tendrá utilidad en un horizonte verosímil y, como en el clásico cavediano, «Llime mañana les bolses / del llugar el escribanu; / y véndese la reciella / y los potes y los cazos, / pa pagar les llozaníes / de la danza de Santiagu.»

Por cierto, ¿qué dirán ahora todos aquellos empresarios —ya no políticos o sindicalistas— que, por aquellas fechas, nos acusaron de no saber lo que deciamos, y aún más, de estar contra los intereses de Xixón y Asturies, e, incluso, al servicio de Cataluña?

Abrilgüeyu se me aparece. «¿Recuerdas el chiste? Te lo cuento»:  La muyer: «El mio paisanu carez de la cabeza». El mélicu: «¡Será acéfalu!». La muyer: «¡Serálo mui guapamente!». Pues eso.

            Xuan Xosé Sánchez Vicente

            www.xuanxose.net

EL MUSEL: DESPILFARRO Y RESPONSABILIDAD

El asunto de El Musel trae en estos días aún más cola de la que en sí mismo traía. ¿Cuál es la cola actual, o mejor dicho, los problemas antiguos que ahora se manifiestan en toda su virulencia? Pues son, de un lado, los económicos, de otro, las sospechas de un fraude múltiple, cuyos indicios son ahora fehacientes y que, tras haber sido investigados por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude, han sido enviados a las autoridades judiciales españolas.

                Como el lector recordará, los costes de la obra del puerto xixonés se dispararon y, a la vez, existe una reclamación económica de quienes realizaron la obra y una cantidad pendiente de cobrar de subvenciones europeas, sin que sea descartable el que, asimismo, haya que devolver fondos europeos ya recibidos. Estos son los números: 710 millones, en total, de los que 124 son de sobrecostes y 85,67 de actualización de precios; a ellos habría que añadir los 350 de costes adicionales que la empresa constructora reclama ante los tribunales (y pocas veces gana la Administración un pleito). De ese dinero, 531 millones fueron puestos por España, y la UE puso 247,5, de los que 49,5 están retenidos. La citada Oficina recomienda ahora que tanto el Estado Español como la UE recuperen lo puesto, por fraude. El asunto, a examen, enjuiciamiento y pleito.

                Pero no podemos olvidar que la «cola» principal de este asunto estaba en la propia concepción del proyecto, la idea de que un puerto enorme atraería por sí solo actividad portuaria, cuando es la vitalidad económica del área donde se ubica el puerto la que genera actividad. Dentro de esos límites, la gestión comercial puede llevar a un óptimo el aprovechamiento de todas las potencialidades o, por el contrario, aprovecharlas apenas. Esto último era lo que había ocurrido históricamente con la gestión del puerto, pues, amparándose en la sopa boba de los tráficos cautivos, los gestores se habían limitado a poco más que a beneficiarse de las rentas funcionariales, empresariales o (desde el advenimiento de la democracia) sindicales que de por sí se generaban. (Por cierto, es muy difícil, sino imposible, recuperar esos tráficos que, por esa desidia aprovechada, se han ido a otros puertos).

                Al margen de esa visión errónea de lo que es un puerto, en la voluntad de su ampliación desmesurada (no olvidemos que la pretensión inicial era dar aún más amplitud a la misma) estaba ínsita la voluntad de realizar el mayor gasto posible, aprovechando fondos europeos, pidiendo al Estado, endeudándose. «Caballo grande, ande o no ande», podría haber sido el lema que guio el desatino. Si recordamos la época, la de la inflación de expectativas y endeudamiento del 2002 al 2008; los impulsores, el PSOE y Areces (a quien la opinión pública aclamaba como «El deseado», teniéndolo —recuérdese— ¡por un gran gestor!); la filosofía de tantos políticos, que podría ser el paulino «comamos hoy y bebamos, que mañana moriremos» o el más vulgar «el que tire detrás que arree»,  entenderemos perfectamente cuál fue el clima en que se produjo el dislate .

                Llegados a este punto, se alzan por doquier voces contra los anteriores gestores del puerto y, especialmente, contra don Vicente Álvarez Areces, sus políticas y su responsabilidad al respecto. Ahora bien, seremos tremendamente arbitrarios, y contrarios a los propios intereses colectivos en el futuro, de no apuntar que sean cuales sean las responsabilidades del presidente y de otros, en el ámbito político esas responsabilidades se encuentra repartidas entre una parte importante de la ciudadanía asturiana. Porque debe recordarse cómo por aquel entonces una mayoría de los ciudadanos aprobaba con sus votos y con su entusiasmo la política del «comamos hoy y bebamos, que mañana moriremos», como si el futuro no existiese, no ya para sus hijos o nietos, sino ni siquiera para ellos mismos a la vuelta de un lustro. Y de ese modo, cuando en una soledad casi absoluta algunos nos opusimos a aquella ampliación desmesurada del llamado «superpuerto» por inútil, porque no estaba ahí la solución de nuestra economía y empleo, porque los costos iban a empeorar aún más las opciones de captar tráficos en el futuro, no solo no nos vimos acompañados por ninguno de los partidos institucionales, sindicatos ni opinión pública, salvo una exigua minoría en este caso, sino que hubimos de soportar acusaciones e infamias. Así, por ejemplo, empresarios no ligados al negocio portuario ni a su ampliación llegaron a decirme personalmente que lo que yo hacía era «trabajar para Barcelona y los catalanes», acusación que nunca entendí plenamente y, menos, como me pareció que se me quería sugerir, no por incapacidad o ceguera, sino por algún motivo o estímulo inconfesable. Es cierto, por otro lado, que aquella ocasión me proporcionó instantes de hilaridad, como cuando sindicatos y patronal llegaron a decir, al sugerirles el problema de los créditos y los costos, que (no se me orinen, queridos lectores), si hiciese falta dinero, se venderían los terrenos portuarios antiguos para pisos.

                La democracia se caracteriza, entre otras cosas, por la irresponsabilidad de los electores, no solo porque ellos no sean responsables de los actos desacertados o delictivos que puedan cometer los electos por ellos, sino porque, en general, el ciudadano tiende a no establecer conexión entre su voto y las consecuencias del mismo, hasta el punto de que, cuando las cosas van mal, «se olvida» de a quién ha votado o para qué lo ha votado o dice creer que ha votado a otro partido.

                Y, sin embargo, si la democracia ha de acercarse a la perfección, hay que exigir que no solo el político (el chivo expiatorio del «Levítico») sea consciente y responsable de y por sus decisiones, sino que lo sea también el ciudadano, responsable último en su parte alícuota del conjunto del Estado y la Administración. Entre otras cosas, porque, si nunca toma conciencia del cuándo, cómo y por qué de sus errores, volverá a repetirlos, ya no en su voto, sino en la exigencia de que aquellos a quienes elige vuelvan a cometer los mismos dislates que hasta aquí nos trajeron.

                Y las calles están llenas ya de ciudadanos que están dispuestos a votar a los mismos para que hagan exactamente lo mismo. En olvido y desfiguración de aquello y en la irresponsabilidad de quiénes fueron los responsables, de quiénes sostenían la pancarta del «comamos hoy y bebamos, que mañana moriremos», de la que únicamente les era visible la primera parte de la frase, sin ver que inevitablemente implicaba la segunda. O viéndola, sí,  quizás, sin percibir que la frase, cuyo sentido ellos entendían y entienden como pragmático y epicúreo, como un «carpe diem», les lanzaba un guiño admonitorio y sarcástico que eran y son incapaces de percibir, el de una consecuencia, el de un «memento».