Pero
es que, además, ello va unido al mantenimiento de la cancelación de dos
tributos que pesan fundamentalmente sobre las rentas altas, el de patrimonio
(suspendida su aplicación desde que el Gobierno Zapatero, que lo había
liquidado, volvió a recuperarlo en 2011) y el de sucesiones (eliminado por doña
Esperanza en 2005). Es cierto que ambos impuestos representan una segunda carga
impositiva sobre bienes que ya han tributado y que el de sucesiones conlleva
problemas en la transmisión de la empresa familiar y es muy injusto por debajo
de ciertos límites, como se ha venido aplicando generalmente en la mayoría de
España. Pero no es menos cierto que la eliminación de ambos tributos, sin más,
ha provocado graves problemas de competencia recaudatoria y distorsiones
fiscales entre comunidades autónomas, al radicarse en Madrid, por esa razón,
muchos sujetos tributarios. Con todo, no es menos cierto que la recuperación de
esos dos impuestos —que vendrían a representar, se estima, unos 3.000 millones
de euros— evitaría la injustísima medida del euro por receta.
(Por
cierto, ¿y quién piensa en los farmacéuticos, convertidos en recaudadores y
gestores obligatorios del impuesto a pensionistas de Rajoy y, ahora, del de
Ignacio González o, en Cataluña, del de Artur Mas? ¿No es ello un abuso
flagrante?)
Pero,
a mayor abundamiento, la decisión se presenta bajo una no disimulada capa de
cinismo. En efecto, decir que es una «medida no recaudatoria, sino meramente
disuasoria», porque supone confiscar «apenas 83 millones» se hace al margen de
la realidad. Por solo fijarnos en el dinero, apuntamos que Asturies, sumándose
a la central estatal de compras de fármacos, piensa recortar «solo 20
millones»; que Murcia, imponiendo para el 2013 el «céntimo sanitario», espera
recaudar «solo 25 millones»; que La
Rioja lleva varios años intentando eliminar el peaje de la AP-68 y que para ello, pese
a las promesas, el Estado no dispone de los «solos 2 millones» que representa
la medida. ¡Qué tropa!
En
Cataluña, la Junta
Electoral Central ha decidido prohibir una campaña
institucional de CiU-Generalitat para pedir el voto. Más por razones formales
de incumplimiento de la ley que por su contenido, escandalosa, patente y
flagrantemente partidista. Los responsables de la Generalitat (con Mas y
Homs a la cabeza) se han quejado de la «escasa calidad democrática de España» y
de que «la ley española primase sobre la de Cataluña». ¡Qué escándalo de
manipulación social y de despilfarro del dinero público! ¡Qué tropa!
Y
allí mismo, en el otro Principado, en el que no es Principáu, sino Principat,
el PSOE apoya «el derecho a decidir para Cataluña» en el marco de un estado
federal. Ya ven ustedes qué «estado federal»: los catalanes —y supongo que los
vascos— con derecho a decidir. ¿Y ustedes, los asturianos y los demás españoles?
A esos que les den, que les den el trato que merecen, en opinión del PSOE, de
ciudadanos de segunda. Ese es el estado federal real para los fenómenos de
Rubalcaba, Griñán y Javier Fernández.
¡Qué tropa!
Pasa
por delante de mi despacho, de la que esto escribo, a primeras horas de la
mañana del luctuoso día de Todos los Santos, mi trasgu particular, Abrilgüeyu.
Se desliza silencioso hacia su cubículo y sobrepasa la puerta de mi despacho.
Pero, después, lo piensa mejor, se da la vuelta y se planta en el umbral. Viene
halogüinesco: en vez de montera, una calabaza hueca con vela alumbrante dentro;
en lugar de su capa roja, una armazón de lo que parecen huesos de santo, alguno
de ellos mordisqueado y pintarrajeado de carmín; de su boca trasciende un inconfundible
olor a sidra.
—¡Atrévete a decir tropa de qué!
¡Átrévete! —Y se va levantando la calabaza a guisa de saludo.
La verdad es que no me atrevo.
Me lo impiden la educación con que me han adiestrado desde mi más tierna
infancia y, por qué no decirlo, el Código Penal.
