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LOS PERROS DE ALDEA Y LA POLÍTICA

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                Cualquiera de ustedes tendrá, sin duda tal experiencia. Avanzan por un camino de aldea que no suelen frecuentar. De pronto late un can, inmediatamente le sigue un gozque, a este un mastín, y así hasta que se generaliza una algarabía de ladridos, en la que todos parecen competir por ver quién es más hombre, digo, más perro. Después, a medida que usted se aleja, los ladridos se van apagando progresivamente, hasta que el último, el de aquel más empecinado, lo hace también. Tal vez, en alguna de esas ocasiones, haya usted reflexionado  sobre el valor práctico de ese ladrerío. Porque es seguro que, habituados a esa barahúnda de gañidos muchas veces al día e infinitas al año, los dueños no se pondrán en alerta por ello. Es posible, incluso, que los chuchos no ignoren que su excitación fonadora no tiene función práctica alguna y que usted, que pasa por allí, ni representa peligro alguno ni suscita el menor interés. ¿Por qué lo hacen, pues? Sin duda, porque saben que eso, el latir, es precisamente lo que sus dueños esperan que ellos hagan y que es por ello, por esa actividad intrascendente y ruidosa, por lo que recuerdan su existencia y por lo que les dan de comer.


                Seguramente ustedes, como yo, habrán caído en la cuenta de cuánta semejanza existe entre la sociedad de los perros de aldea y la política. Porque basta que un político o un partido empiece a gritar contra alguien o algo, sobre alguien o algo, para que los demás profieran de inmediato alaridos en la misma dirección. Es suficiente con que discurra un micrófono o una grabadora por delante de sus hocicos para que uno tras otro se pongan a parlotear, sin que les sea posible, ni una sola vez, callar. Con que uno de ellos eructe una tontería, un juicio apresurado, una acusación sin pruebas, un «ex illis es», una tontipropuesta sobre la economía, la sociedad o el paro, los demás correrán a regoldar el mismo vacío de la forma más sonora posible. Ignoro si la mayoría de los políticos conocen la vacuidad, la injusticia, la temeridad de la mayoría de las cosas que dicen —lo más piadoso sería decir que sí, que solo nos engañan, pero temo que ese juicio raye en caridad ilusoria—, pero es seguro que saben que es su obligación, que por meter ruido continuamente y por hacerlo, precisamente, en la cadencia y tono reiterados en que esperan sus dueños es por lo que estos los alimentan con el hueso del voto y la pinguosidad del poder.
Pero compadezcámoslo un poco, al modo del ahora de moda Francisco de Asís, porque si nuestros protagonistas de la aldea solo tienen obligación para con un amo, estos la tienen al menos para con dos, pues si no satisfacen a los intermediarios de sus amos, los medios de comunicación, si los incomodan, aquel ruido incesante por que los alimentan no llegará a sus amos o llegará distorsionado.
                Claro que, a veces, esta inveterada comedia costumbrista, de personajes típicos y argumentos reiterados, da un giro sorprendente y se convierte en drama, o tal vez solo, a la manera arnichiana, en «tragedia grotesca». He ahí a don José Blanco, «Pepiño» como vicesecretario general del PSOE, «don José» como ministro de Fomento. Savonarola de sospechosos, Valdés-Salas de investigados, Beria de corruptos, McKarthy de imputados, Kramer y Sprenger de designados por el dedo acusador, el hombre que más rápido sacaba el revólver de su acusación y más alto hacía sentir el gañido de su voz en el salón de la aldea al pasar el caminante, ha pasado ahora a ser él mismo acusado; en su decir, de la manera injusta, a la ligera y por meros indicios con que él estigmatizaba y sambenitaba a sus adversarios. Y ahora  reconoce que no se puede culpar a nadie únicamente por barruntes y, menos, pedir la dimisión de un cargo público por una mera imputación; asimismo que él ha sido el primero en pecar por ello y manifiesta que, tras su imputación judicial, ha meditado mucho sobre ello y que hasta piensa escribir un libro al respecto.
                Sobre este episodio de don José y su condición de Magdalena penitente podemos, como espectadores, regodearnos o lamentarnos; o, acaso, decir aquello de «El diablo, harto de carne…» o aquello otro de «Después de mujer maldita, hábito de santa Rita». Pero, especialmente, sería bueno que los partidos políticos comenzasen una seria meditación acerca de sus prácticas. Sobre la inutilidad de más del noventa por ciento de su cháchara cotidiana, sobre lo dañino para el conjunto de la sociedad de muchos de sus rituales de agresividad, sobre lo perjudicial que resulta esa espiral de acusaciones y estigmatizaciones del rival en que viene consistiendo el elemento central de la política desde hace muchos años.
                Y es que seguramente en nuestros paseos por la aldea gozaríamos de más solaz sin tanto latir de gozques y mastines. Aunque, quién sabe, tal vez muchos caminantes se espantarían del silencio y echarían en falta la algarabía del chucherío. Y hasta es posible que estos, los canes, quedasen malheridos de desconcierto, ignorando cuál sería su papel a partir de ese momento, recelando de si, no oyéndolos como siempre, sus dueños les volverían a dar de comer.

EL MENOSPRECIO DE LA POLÍTICA

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Cualquiera que conozca un poco de historia sabe que el clima que se respira hoy contra la política y los políticos no es una novedad. Como el ratón y la ortiga al hombre, las críticas al parlamentarismo deben de ser consustanciales con su existencia. Es más, ha habido períodos en que ese antipoliticismo parlamentarista ha sido una virulenta fiebre en toda Europa, como en las primeras décadas del XX. He dicho «antipoliticismo parlamentarista», pero no antipoliticismo. Porque, efectivamente, las «débiles» democracias coexistían con la admiración popular ante otro tipo de políticas, más expeditivas, «fuertes» y «eficaces»: comunismo y fascismo. El ejemplo más notable en España de esa suma de desprecio por la política de partidos y de extasiamiento ante las soluciones por la vía rápida lo hallamos en la colaboración entre la dictadura de Primo de Rivera y la UGT y el SOMA.

Las críticas a la democracia —y a su única forma de articulación, de una forma u otra, la democracia de partidos— tienen, al margen del comportamiento de los políticos en cada momento histórico concreto, fundamentos variados. De un lado, la inevitable componente de demagogia y populismo que exige toda acción política, pues el instrumento único de ella es el voto y el cauce de este, la ilusión del ciudadano, decirle lo que espera o prometerle lo que quiere (y en el fondo de nuestra crisis hay una parte notable de esta causa). Por otro lado, su lentitud en resolver, lo exasperante de sus procedimientos, los continuos debates que no son más que tomas de posición ante el futuro seducido (digo, votante). De alguna manera, la gente desearía ver todos los problemas sustanciados de un día para otro, las causas resueltas, los debates cerrados, y les ocurre como al rapaz comentador del retablo de Melisenda, en el capítulo XXVI de la segunda parte del Quijote, que, ante la rapidez con que el rey Marsilio castiga a un infractor (sin más tribunal ni procedimiento que el de su propia persona real y su entender), se manifiesta con satisfacción, diciendo: «y veis aquí donde salen a ejecutar la sentencia, aun bien apenas no habiendo sido puesta en ejecución la culpa, porque entre moros no hay «traslado a la parte», ni «a prueba y estése», como entre nosotros.»

A lo que sigue el narrador: «—Niño, niño —dijo con voz alta a esta sazón don Quijote—, seguid vuestra historia en línea recta y no os metáis en las curvas o transversales, que para sacar una verdad en limpio menester son muchas pruebas y repruebas.» Esto es, la lentitud, las pruebas, los debates, los procedimientos, las reglas: la democracia; todo ello, poco satisfactorio para la pronta «cólera del español sentado».

Algunos de los vectores que caracterizan al movimiento de los del aduar —desprecio por las normas, anhelo por la inmediatez en la ejecución— se parecen a los que hemos citado. Acompaña alguno más, altamente inquietante: la pretensión de erigirse, por sí y ante sí, en poseedores únicos de la verdad y de las soluciones; en detentadores exclusivos de la soberanía. Con voluntad de izquierdas o de derechas, eso no tiene más que un nombre (o dos, pero son dos formas de decir lo mismo).

Pero no es mi voluntad hoy hablar de los del aduar (me ha pedido por telegrama que espere para ello mi trasgu particular, Abrilgüeyu, que se halla en cierto lugar niminoso haciendo un máster con una beca de ampliación de estudios), sino de las reacciones de entusiasmo que ha suscitado en tanta opinión pública, y, especialmente, en tanto columnista y tertuliano, el movimiento aduarino. Se explica parcialmente por las razones arriba dichas, que están siempre presentes en la sociedad, pero también por algunos otros factores específicos de la derecha y la izquierda españolas. En aquella, porque han visto en el movimiento lo que se podría denominar como «compañeros de viaje» en su eterna desconfianza y menosprecio hacia los políticos, el parlamentarismo y los complicados ritos del apareamiento democrático, así como su desprecio por quienes, en general, consideran unos «don nadie», los electos de todos los partidos. En la izquierda, porque el viagra emocional segregado por los pulgones del 15-M, les ha permitido —so capa de defenderlos— volver a paladear el discurso del dulce nectar de «la revolución pendiente». ¡Oh, qué tradicional y encantador país! Cada cierto tiempo, el hormiguero engendra una nueva generación gironiana, que también tiene su revolución pendiente. Y, mira por donde, aggiornamientos aparte, todas ellas pasan por fijar su apetito erótico-revolucionario en la banca y los banqueros, entre otras pulsiones más o menos idénticas.

PS. IU es experta, como las ranas, en pedir a Júpiter reyes. Ayer pedía una España federal, lo que tuvo como resultado que Cataluña tuviese privilegios frente a otras comunidades. Hoy, ella en persona, o a través del discurso de sus médiums, pide una modificación de la ley electoral. Ya se preparan las grullas para que, en los próximos parlamentos, no haya ningún representante de IU ni de ningún partido minoritario.

LA ECONOMÍA Y LA FICCIÓN DE LA POLÍTICA

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—Yá tarán cansaos de tenételo sentío —me dice mi trasgu particular, Abrilgüeyu—, de modo que no lo repitas. Si lo haces, me voy.

Pero me da la gana. Lo reitero, a ver si así, de paso, se larga el pesado de él: en enero del 2009 afirmé que teníamos un triple problema, financiero, de estructura productiva (de costes, de productos competitivos y de competitividad) y de legislación fiscal y laboral; que mientras no se abordasen esos problemas, el primero de los cuales era el de la legislación laboral y fiscal, no habría reactivación, es decir, no se crearía empleo. Y, frente a quienes aseguraban que el año 2011 sería el del despegue, yo pronosticaba que no, puesto que no se habría hecho ninguna de las cosas posibles y necesarias para ello. ¿La razón? Un partido gobernante, unos grupos de opinión y una mayoría social embebidos de prejuicios y fantasías sobre el mundo (es decir de ideología) y, por tanto, incapaces (¿inhabilitados evolutivamente?) para verlo como es y para entenderlo.

Por desgracia, así es y así ha sido. Se ha evitado de momento una crisis total del sistema financiero ante la amenaza externa de “cortárnoslos”, a base de “cortárselos” no sólo a los funcionarios y algunos pensionistas, sino a las empresas constructoras y a los proveedores de la administración, con las consecuencias, menos visibles en primer plano, de la paralización de la obra pública y de la destrucción de miles de empleos. Pero no existe crecimiento y, al no existir, sigue creciendo el paro, aumenta el dinero dedicado a la asistencia, no se pueden destinar recursos a la inversión, la reducción del déficit únicamente se podrá realizar a base de “contárselos” a más y más a los mismos, etc. Es decir, el futuro inmediato, de seguir la misma inacción —la misma línea de disparate político—, será más paro y menos riqueza colectiva.

Creí haberlo alejado definitivamente, pero Abrilgüeyu vuelve a aparecérseme. Está echado sobre el llombu, tiene las piernas levantadas y los pies descalzos y, sobre el derecho, hace girar su montera picona.

—¡Háblales de la ficción, anda, de la ficción compartida de la política! ¡Atrévete!

Me niego a ello. Les contaré, en cambio, que en estos días se está poniendo el foco de atención sobre la deuda de los ayuntamientos y las autonomías, atención que viene acompañada de sonoros clarinazos de alarma. En sustancia, unas y otras instituciones gastan de forma sistemática más de lo que tienen, no pagan o pagan mal a sus proveedores, van a paralizar sus inversiones y no podrán cumplir sus compromisos de reducción de la parte del déficit que les corresponde. Es posible que un segmento de ese gasto sin los ingresos correspondientes se deba al despilfarro, a la mala gestión o la elefantiasis injustificable de organismos y personal, hecha muchas veces con la única y prioritaria intención de aumentar el poder político de los partidos y premiar a los próximos. Pero, con todo y con ello, la base fundamental de ese desfase económico se halla en unas cuantas fantasías aceptadas comúmente tanto por los gestores de la cosa pública como por la junta general de accionistas que les reitera su confianza cada cuatro años: la de que los ayuntamientos y las diputaciones tienen como obligación endeudarse y de que ya llegará después alguien que lo arregle; la de que los municipios deben hacerse cargo de las demandas de la gente —y, por tanto, asumir competencias y cargas que no tienen— porque son la administración más próxima a los ciudadanos; la de que el crecimiento económico iba a seguir su expansión progresiva (y, en consecuencia, posibilitar la capacidad de endeudamiento con cargo al futuro) hasta la eternidad; la de los ciudadanos de que tienen siempre el derecho a que se satisfagan sus demandas, caprichos y necesidades; la de que el catálogo de prestaciones sanitarias y asistenciales podría seguir aumentándose indefinidamente sin tener en cuenta los ingresos necesarios para ello; la de que era suficiente con que una ley fuese “progresista” (la Ley de Dependencia, por ejemplo) para que su bondad fuera total —es decir, en un mecanismo idealista semejante al del argumento ontológico de san Anselmo, «para que fuese posible sin dinero»—. Y así podríamos seguir con un largo etcétera, que se ajustaría siempre en el molde parabólico de un padre que se endeuda progresivamente para satisfacer las demandas ilimitadas de sus hijos mayores de edad, los cuales, a pesar de que podrían saber perfectamente cuál era la situación real de la economía casera, prefieren mirar para otro lado mientras les sigue llegando puntual e inmediatamente todo cuanto piden.

¿Y estamos haciendo algo para salir de esa situación? Pues no, porque este gobierno y su bloque de opinión son absolutamente incapaces (reitero la duda: ¿evolutivamente inhabilitados?). En aquello en que podemos obrar y que inmediatamente sería capaz de multiplicar los empleos no actúan ni van a actuar: no ha habido reforma de la contratación (una legislación en que los jueces tengan que decidir sobre el momento económico de la empresa no sirve para nada) ni va a haber reforma válida de la negociación colectiva. Tampoco van a producirse cambios en los múltiples ámbitos de la imposición fiscal en que ese cambio podría ayudar a crear empleo.

Y todo ello, en la ficción de que esa inacción se hace a favor de aquellos a quienes se condena al paro, la desesperación y la pobreza, los trabajadores. ¿Pero es una ficción inocente o fingida? ¿Vista como tal fabulación o aceptada como realidad incotrovertible? Medítenlo ustedes a propósito del último intercambio de bocayaes entre PP y PSOE. Rajoy: «España tendrá el estado del bienestar que pueda tener». Pérez (Alfredo): «Rajoy amenaza con recortar el estado del bienestar».

Y el inevitable —¡qué pesado!— Abrilgüeyu:

—O sea que, contrario sensu, vamos a tener el que no podemos tener. Esa es la ficción que vende el señor Pérez. ¿Cuántos crees que van a chutarse con esa logomaquia?