En 1188, en las primeras Cortes de Europa, convocadas en León, el nuevo rey, Alfonso IX, anunciaba que pondría inmediatamente ante los delatados a los delatores y que, en caso de ser falsa la delación, castigaría al delator con las penas que se hubieren de imponer o se pidieren para el delatado.
El rey señalaba así la gravedad moral y la irregularidad jurídica de la delación, conducta que pretendían premiar el Gobierno y Conde-Pumpido, alentando a los controladores "de a pie" para que acusasen a sus jefes de "haberlos obligado", con la promesa de eximir a los delatores, según denunciamos en el ensiertu de anteayer. Con posterioridad, el Gobierno y Conde-Pumpido han rectificado y aplicarán la ley a todos por igual, a cada uno con sus atenuantes o agravantes.
Ni que decir tiene que la propuesta inicial dice mucho de la catadura moral y política de este gobierno; pero, dejando eso al margen, hay que señalar que la postura primera se ha modificado, forzando la mano a todos los fiscales de las comunidades autónomas, a fin de hacerles variar su criterio inicial y hacer aplicar, ahora, el código penal a todos los controladores.
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