Esti artículu asoleyóse en LNE el domingu 22/09/19. Al final pronosticaba que, convocaes les elecciones, apaecería una fórmula pa pagar a les autonomíes los 4.700 millones d'atrasos (l'artículu preparóse, como ye naturalmente, unos díes enantes). Pues bien, el mesmu domingu 22 apaecía la noticia que'l Gobiernu "yá topara una solución".

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LAS CUENTAS Y LOS CUENTOS

«La bajada de impuestos en Madrid no es solo una guerra fiscal. Es el mayor ataque a la Constitución en años» ha dicho don Adrián Barbón. La misma idea, acaso no con tal grandilocuencia, la repiten sus conmilitones en toda España, especialmente cuando esas disminuciones impositivas se producen en Madrid. Lo que argumentan es que la competencia fiscal a la baja reduce los ingresos de otras comunidades (por posible traslado del domicilio fiscal de los contribuyentes con más capacidad) y, por lo tanto, las deja con menos recursos para atender a las demandas de los ciudadanos, fundamentalmente en sanidad, educación, dependencia y salarios sociales.

¿Es cierto? Según y cómo. En primer lugar, esa capacidad de reducir la carga impositiva es parte de la potestad normativa de todas las comunidades. De modo que nada impediría a Asturies bajarlos (de hecho, ya lo hizo parcialmente hace pocos años en un pacto presupuestario entre el Gobierno del PSOE y el opositor PP). Pero es que, además, Asturies, como otras comunidades, han hecho uso de su potestad normativa para elevar los impuestos desde que tienen dicha capacidad. ¿Por qué subir los impuestos es autonomía legislativa y bajarlos no? Subrayemos, por otro lado, que nunca, nunca, los prebostes socialistas han dicho nada en contra de la situación impositiva en las Comunidades del País Vasco y Navarra, que, además de estar sobrefinanciadas, han eliminado prácticamente el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. ¿No hay ahí «un ataque a la Constitución», esto es, a la igualdad entre españoles?: sobre razones más o menos razonables, he ahí un caso de palabrería en discursos de los socialistas, palabrería que oculta una verdad: el mayor aprecio que tienen a que el dinero esté en manos del Estado que a que esté en manos de quienes lo han ganado.

Porque los impuestos tienen dos caras: contribuyen, de un lado, a un conjunto de servicios y prestaciones a disposición de todos los ciudadanos, de los que unos usarán más (los que viajan con más asiduidad, por ejemplo, los que están enfermos, los parados) y otros menos; se apropian, por otro, del trabajo y la riqueza que unos crean en mayor medida o de forma más continuada que otros. Por ello, ante los impuestos hay que preguntarse dos cosas: ¿son justas o proporcionadas las cargas tributarias que se imponen o son excesivas? Por ejemplo: ¿es justo para las personas que tienen que tributar el que Asturies sea de las comunidades con unos gravámenes más altos? Y, segunda, ¿se gasta el dinero que se recauda adecuadamente?, ¿se despilfarra? Remachemos: ¿no es un abuso intolerable, una verdadera exacción el que se tase por la Administración el valor de un piso más alto de lo que se ha vendido y el que se siga haciendo pese a las reiteradas sentencias judiciales en contra? ¿Se gobierna así para el ciudadano en concreto, o contra el ciudadano en concreto en nombre del ciudadano en abstracto?

Y hablando de cuentas, recordemos que, desde hace años, las comunidades autónomas vienen reclamando un nuevo modelo de financiación, que es insuficiente para todas, más para unas que para otras. Pues bien, una nueva situación ha venido a complicar la tesorería de las comunidades de régimen común (y, por ello, el pago de facturas y personal y, en último término, el empleo). Y es que está retenido el pago a las mismas de los 4.700 millones de euros que se derivarían de la actualización de las entregas a cuenta previstas en los Presupuestos de 2018. Esa actualización debería haberse hecho en los presupuestos de 2019, pero como no los hubo y el Gobierno está en funciones, se alega que no puede hacerlo. ¿Es así? Es dudoso. El motivo se basa en un informe de última hora, finales de agosto, de la abogacía del Estado. ¿Incontrovertible? Existen opiniones jurídicas fundadas en sentido contrario. Y es muy posible, que, de convocarse elecciones, aparezcan soluciones antes de la cita electoral. La ministra Montero afirmó a finales de agosto que “encontrarán soluciones para que el dinero pendiente llegue a las comunidades autónomas antes del 15 de diciembre”. ¿Sin presupuestos, como ahora? Sí. ¿Con un gobierno en funciones? Sí. Pero, de momento, ha venido sirviendo de argumento para acusar de no mirar por el interés general a quienes no facilitan la investidura de don Pedro.