Oigo, patria (sobre desempleo y empleo)

(Ayer, en La Nueva España) OIGO, PATRIA (SOBRE DESEMPLEO Y EMPLEO) Permítanme que empiece remedando al ilustre Bernardo López García: “Oigo, patria, tu aflicción, / y escucho con desconcierto / el disonante concierto / que hablando del paro forman / el parado y el patrón”. Si ustedes buscan “entra en vigor la reforma del Reglamento de extranjería”, efectiva desde el día 15, verán que, al margen de otros objetivos, loables unos, de eficacia dudosa otros, pretende ayudar a cubrir aquellos puestos de trabajo que los españoles no quieren. Es decir, que existe una oferta de empleos que no se cubren porque algunos de los 3.000.000 de parados inscritos como tales no quieren trabajar en ellos, como empieza a ocurrir, por cierto, en algunos otros países de occidente. Por otro lado, verán ustedes las continuas quejas de hosteleros, constructores y algunos otros gremios —no siempre de trabajos manuales— de que no consiguen cubrir las plazas que ofrecen (basta con que ustedes den una vuelta por nuestras ciudades en este mes para ver la oferta en bastantes establecimientos). La respuesta sindical —y de muchos trabajadores—es la misma que la de Joe Biden: “que paguen más”. Al margen de que yo creo que, en general, si un empresario está seguro de que una contratación le va a ser rentable —en dinero y con seguridad— no deja de contratar, lo que nadie quiere decir es esto: que quien se niega a trabajar por un dinero que estima escaso es que tiene cubiertas sus necesidades (vivienda, comida, gastos varios) por otras vías: paro, subvenciones diversas, ingresos familiares, etc. Y lo mismo ocurre en el caso de los jóvenes que se niegan a trabajar por una cuantía inferior a sus expectativas o a las de sus familiares (¿cuántas veces han oído decir “el mio fíu (o el mio nietu) por eses perres nun trabaya, nun quiero que lu esploten: do-ylo yo”?). De modo que entre los parados tenemos un número difícil de cuantificar cuyo problema no es exactamente que no haya trabajo para ellos, sino que no quieren determinados trabajos (ya digo que ocurre en muchas partes) o que no cubren sus expectativas. Estamos, pues, ante un problema que no siempre es económico, sino de mentalidades. Quizás merecería la pena, en consecuencia, enfrentar la cuestión desde otro punto de vista que no sea el puramente registral, ya que se trata de un problema costoso, angustioso para la población en general y que ocupa mucho tiempo y esfuerzo a la Administración. En todo caso, una de las razones evidentes de algunos rechazos a un empleo nuevo es la pérdida de derechos adquiridos de paro cuando se accede a un nuevo trabajo, que el empleado nunca sabe si va a ser por quince años o por seis meses. Esa modificación de la norma seguramente animaría a algunos a explorar las nuevas ofertas. ¿Alguien hace algo por ello? En el caso de Asturies los datos de esa paradoja son especialmente llamativos. Es sabido que hay mucho estudiante con estudios medios y superiores (otra cosa es la adaptación de esos estudios a las necesidades del mundo laboral); también que, en general, los salarios no responden a las expectativas de los licenciados y que muchos emigran en busca de empleos remunerados conforme a esas expectativas o de trabajos que satisfagan sus deseos de progreso sapiencial. Ahora bien, junto con eso, los datos: la tasa de emancipación (la edad a la que el joven se marcha de casa) está un punto por debajo de la media de España; la tasa de actividad y empleo de los mozos es la menor de España. Y añadan ustedes: el aumento de vacantes de trabajo en Asturies duplica a la media española. Quizás convendría repensar todo esto sin prejuicios ni tópicos, sin demagogia. Llamando a las cosas por su nombre, enfrentando los problemas en sus justos términos y modificando la legislación en lo que sea necesario (por ejemplo, como queda dicho, en lo relativo a los derechos del paro adquirido al intentar un nuevo trabajo).

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