El Gobierno español aprobó en el Consejo de Ministros del pasado día 8, jueves, una reducción del parque móvil del Estado, que incluye una disminución del 66 % de los coches para altos cargos y del 53 % en el conjunto de la administración (del Estado dependiente de la Administración central), según anunció doña Soraya Sáenz de Santamaría.
La noticia agradó a quienes piensan que hay que ahorrar, hizo saltar de gozo a la jauría antipolítica y, al mismo tiempo, pedir "más", más en ayuntamientos, más en diputaciones, más en autonomía. Y, como siempre, en este rugir de pasiones o prejuicios se acabó la cosa.
Pero convendría hacerse algunas pregunta: Esos coches tendrían un chófer a su servicio, ¿o no?. Al menos, uno por cada dos coches. ¿Y qué va a ser de los chóferes? Por que es obvio que, en una administración ya sobrecargada, muy necesarios en otros destinos no lo son; y, por otro lado, tampoco es sencillo reconvertir un conductor en administrativo, en profesor o bombero.
¿Quedarán, pues, mano sobre mano, sin ocupación en los respectivos ministerios? Poco presentable, ¿no? Entonces, ¿habrá que rescindir sus contratos y echarlos a la calle? ¿Qué dirán entonces tantos de la jauría que alternan sus mandíbulas trituradoras de la política y los políticos con su mirada compasiva hacia los empleados (esto es, hacia la política)? ¿Protestarán si se los despide? ¿O creerá que se puede, al tiempo, dejar sin ocupación a los empleados -conductores- y mantenerlos al tiempo sin hacer nada a costa del erario público?
Bueno, lo mejor es lo de siempre: se protesta y manifiesta uno por el gasto; se protesta y manifiesta uno cuando se ahorra e, inevitablemente, se despide. Total, lo único que importa de verdad es satisfacer las pulsiones y los prejuicios propios y considerarse por encima de los demás.
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