Ya que ha saltado a la luz con sorpresa por parte de todos, conviene que sepan parte de lo que proponen y a lo que aspiran (tal cual).
Les presento su programa económico y una consideración de otros aspectos extraída de La Nueva España. Ustedes verán. Léanlo con la atención que merece:
EL PROGRAMA ECONÓMICO:
1. Recuperar la economía, construir la democracia
1.1 - Plan de rescate ciudadano centrado en la creación de empleo decente en los países del sur de Europa.
Programa de inversiones y políticas públicas para la reactivación económica, la creación de empleo de calidad y la reconversión del modelo productivo hacia una economía basada en la innovación que contribuya al bien común teniendo en cuenta criterios de responsabilidad social, ética y medioambiental.
Promoción del protagonismo de la pequeña y mediana empresa en la creación de empleo, resaltando el papel de las entidades de la economía social.
Política de contratación pública favorable a la pequeña y mediana empresa que incluya cláusulas sociales en la adjudicación de los contratos.
Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y de la edad de jubilación a 60 años, como mecanismos para redistribuir equitativamente el trabajo y la riqueza, favoreciendo la conciliación familiar. Prohibición de los despidos en empresas con beneficios.
Derogación de las reformas laborales implantadas desde el estallido de la crisis: 2010, 2012 y RD 3/2014.
Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal. Incremento signifcativo del salario mínimo interprofesional y establecimiento de un salario máximo vinculado proporcionalmente al salario mínimo interprofesional .
Derecho a disfrutar de una pensión pública no contributiva, de calidad y que garantice una vida decente tras la jubilación,su cuantía igualará como mínimo el salario mínimo interprofesional. Derogación de la última reforma de las pensiones y prohibición de la privatización o recortes del sistema público de pensiones.
Establecimiento de políticas redistributivas para la reducción de la desigualdad social en el marco nacional y comunitario. Convergencia del gasto social sobre el PIB respecto al promedio de la Unión.
1.2 - Auditoría ciudadana de la deuda
Auditoría ciudadana de la deuda pública y privada para delimitar qué partes de éstas pueden ser consideradas ilegítimas para tomar medidas contra los responsables y declarar su impago. Reestructuraciones del resto de la deuda y derogación del artículo 135 de la Constitución española con el objetivo de garantizar los derechos sociales frente a los intereses de los acreedores y los tenedores de la deuda. Coordinación de las auditorías y de los procesos de reestructuración de deuda con otros países de la UE. Regulación de las relaciones privadas de deuda para impedir cláusulas de abuso.
1.3 - Conversión del BCE en una institución democrática para el desarrollo económico de los países
Creación de mecanismos de control democrático y parlamentario sobre el Banco Central Europeo y supeditación del mismo a las autoridades políticas.
Apoyo prioritario a la financiación del gasto social de los Estados y de aquellos sectores económicos, sociales y territoriales en situaciones más desfavorecidas mediante mecanismos redistributivos y cuando sea necesario, mediante la creación de bonos sociales europeos.
Diferenciación de la normativa para la banca comercial y la banca de inversión, regulando las actividades especulativas a esta última.
1.4 - Creación de una Agencia Pública Europea de Rating que sustituya a las tres privadas que hoy determinan la política económica de la UE.
Funcionará de acuerdo a criterios democráticos, transparentes e independientes del interés privado empresarial.
1.5 - Reorientación del sistema fnanciero para consolidar una banca al servicio del ciudadano
Aprobación de medidas destinadas a democratizar la dirección de las entidades bancarias y cajas de ahorros. Ampliación de las competencias de organismos públicos de crédito como el ICO de forma que se garantice al crédito a sectores excluidos. Garantía del fujo de crédito a tipos de interés preferentes hacia PYMEs, cooperativas y autónomos, priorizando aquellas empresas que se rijan por criterios democráticos y de responsabilidad social, ética y medioambiental. Promoción de la banca ética y cooperativa.
Establecimiento de una tasa sobre los beneficios bancarios para la reinversión productiva.
Regulación pública de los tipos de interés básicos de la economía.
Prohibición de los instrumentos financieros propicios a la especulación financiera, como los fondos buitres. Reorientación de instituciones como el FROB y la SAREB para convertirlos en instrumentos dedicados a la recuperación de las ayudas públicas concedidas a la banca. Modificación de los criterios de evaluación y adjudicación de los Fondos Europeos de Desarrollo para asegurar un uso ético de los mismos. Creación de una banca pública con gestión democrática bajo control social efectivo, a partir de las antiguas cajas de ahorros convertidas hoy en entidades bancarias y recapitalizadas con dinero público.
1.6 - Recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía
Limitar las privatizaciones de las empresas, reconociendo el derecho patrimonial de la ciudadanía sobre las empresas públicas, y el carácter meramente gestor de los gobiernos sobre las mismas. Se entenderá por tanto que toda privatización debe hacerse mediante referéndum, ya que supone la venta de activos colectivos propiedad de la ciudadanía.
Auditoría rigurosa del coste real del sector energético eléctrico. Unificación de costes energéticos en toda la UE evitando situaciones de abuso y de competencia desleal. Apoyo a la producción de energía por parte de los particulares.
1.7 - Intercambio fluido y transparente de información fiscal entre todas las Administraciones tributarias europeas.
Derogación del secreto bancario y establecimiento de una norma vinculante para todas las entidades financieras establecidas en Europa que obligue a facilitar a las administraciones públicas toda la información respecto de sus clientes, cualquiera que sea el país en el que operen directamente o a través de filiales. Establecimiento de sanciones por infracciones muy graves para las entidades y jurisdicciones que no colaboren.
1.8 - Obligatoriedad para todas las empresas multinacionales y sus filiales de rendir cuentas de sus actividades.
Puesta en marcha de medidas destinadas a acabar con las denominadas prácticas fiscales agresivas y deslocalización de beneficios de las sociedades multinacionales, eliminando las posibilidades de elusión fiscal que la disparidad de legislaciones sobre el impuesto de sociedades les brinda.
Establecimiento de un nuevo modelo con el fin de evitar la doble tributación y prevenir el fraude fiscal, con sanciones penales y la obligación de devolver lo defraudado. Incrementar la democracia económica facilitando la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas y, por lo tanto, en la gestión de las mismas, con pleno acceso a la información relevante y la contabilidad. Unificación de los sistemas de contabilidad europeos en la que no se acepten apuntes virtuales como son las amortizaciones y deterioros, con el objeto de reflejar fielmente el beneficio empresarial.
1.9 - Persecución y endurecimiento de las sanciones del delito fiscal.
Persecución y endurecimiento de las sanciones del delito fiscal. Implantación de la Tasa Tobin sobre las transacciones financieras. Tipificación del delito fiscal a partir de 50.000 euros de cuota defraudada y ampliación de los mecanismos y de los recursos destinados a su persecución. Endurecimiento de las sanciones por este delito, penalizando especialmente a aquellas entidades financieras que ofrezcan productos o servicios que faciliten la evasión fiscal. Eliminación de los paraísos fi scales ubicados en territorio de la Unión Europea, y coordinación con el resto de países para conseguir la eliminación del resto de paraísos fiscales, mediante el establecimiento de medidas como la persecución penal y las sanciones a las empresas que coloquen capitales en aquellos (tipo impositivo de inversiones procedentes de paraísos fiscales del 50% en sus transacciones).
1.10 - Política tributaria justa orientada a la distribución de la riqueza y al servicio de un nuevo modelo de desarrollo.
Política tributaria justa orientada a la distribución de la riqueza y al servicio de un nuevo modelo de desarrollo.
Supresión de todas las posibilidades de elusión para grandes fortunas y corporaciones empresariales contempladas en las legislaciones nacionales, haciendo efectivos los principios de generalidad, equidad y progresividad. Impuestos a las grandes fortunas y fiscalidad progresiva sobre la renta.
Aumento de los tipos impositivos del Impuestos de sociedades. Recuperación del Impuesto de Patrimonio basándolo en el principio de equidad, con un mínimo exento para la vivienda familiar en función de la renta, sin exenciones para segundas viviendas, y de aumento progresivo en función del valor del patrimonio. Supresión de mecanismos de elusión fiscal como las SICAV. Eliminación de los privilegios fiscales del capital financiero . Aplicación de un IVA súper reducido para bienes y productos básicos. Modificación de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del IVA, que introduzca un nuevo tipo agravado que grave los bienes de lujo entre un 30-35 %. Las cuotas soportadas por la adquisición de estos bienes en ningún caso podrán ser objetos de deducción por los sujetos pasivos. Coordinación de la reforma fiscal a nivel europeo para hacer efectivo estos principios. Solidaridad fiscal intraeuropea y cooperación con los países en desarrollo.
1.11 - Apuesta sostenida por el cambio del modelo productivo mediante el desarrollo de un sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de mayor valor agregado
Respaldo presupuestario y ampliación del desarrollo de los centros públicos de I+D+i, favoreciendo así el retorno de investigadores y científicos españoles en el extranjero. Dotación de recursos para el desarrollo de políticas de movilidad coherentes, capaces de favorecer de manera real el intercambio del conocimiento en todas las áreas. Reducción de la partida presupuestaria destinada al gasto militar para destinarla al sector de la investigación, especialmente la investigación básica. Diseño de los programas de I+D+I orientados a la consecución de un beneficio común que revierta en la ciudadanía, en estrecha colaboración con las universidades públicas.
Promoción de un modelo productivo orientado al reequilibrio de la actividad productiva entre los diferentes países
1.12 - Derecho a una renta básica para todos.
Derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno. La renta básica no reemplaza al Estado de bienestar, sino que trata de adaptarlo a la nueva realidad socio-económica. Sustitución de las prestaciones sociales condicionadas menores a la cuantía de este ingreso básico. Financiación a través de una reforma progresiva del IRPF y de la lucha contra el fraude fiscal.
¿Qué defiende Podemos?
El partido de Iglesias pide un salario máximo, la jubilación a los 60 años y el "derecho a decidir de los pueblos"
LNE 26.05.2014 | 13:25
EP, EFE / Madrid Tres años después, cuando muchos lo daban por amortizado, el descontento social que fraguó en el movimiento del 15M ha llegado a las urnas y lo ha hecho, a través sobre todo de Podemos, con una fuerza que ha sorprendido a sus propios impulsores.
Un millón doscientos cuarenta y cinco mil votos, casi el 8 por ciento del total; cinco escaños en el Parlamento Europeo; cuarta fuerza política del país. Así ha irrumpido la formación de Pablo Iglesias en el panorama electoral.
La nueva formación, creada en enero con el objetivo de "convertir la indignación en cambio político", se marcó como meta conformar un amplio frente de izquierdas que fuera capaz de acabar con el bipartidismo y dar respuesta a los verdaderos problemas de los ciudadanos. Para ello, Iglesias hizo un llamamiento a IU y a otras fuerzas y movimientos políticos para concurrir en una sola candidatura en estos comicios, si bien el acuerdo no fue finalmente posible y Podemos se presentó en solitario.
Entre dichos postulados centrales, que Pablo Iglesias se encargará ahora de defender desde su escaño en Estrasburgo, está por ejemplo, la necesidad de poner en marcha una auditoría ciudadana de la deuda pública y privada "para delimitar qué partes de éstas pueden ser consideradas ilegítimas", medida que ya fue adoptada por el Gobierno de Ecuador de Rafael Correa y que el profesor ha utilizado como ejemplo de cómo se debería hacer.
En esta línea, Podemos también aboga por recuperar el control público en sectores estratégicos de la economía como las telecomunicaciones, la energía, la alimentación, el transporte, el sanitario, el farmacéutico y el educativo, "mediante la adquisición pública de una parte de los mismos, que garantice una participación mayoritaria pública en sus consejos de administración y/o creación de empresas estatales que suministren estos servicios de forma universal".
"Todo este programa de reformas se verifica como posible y viable si vemos lo que ha pasado en América Latina en los últimos años. Aunque con contradicciones y problemas, los resultados son espectaculares en Venezuela, que se ha convertido en el país que más ha reducido la desigualdad, o en Bolivia y Ecuador", aseguraba en una entrevista en el canal 'Cubainformación'.
Asimismo, Iglesias y su formación también defienden la necesidad de abrir un proceso constituyente que establezca nuevas bases jurídicas de convivencia para garantizar los derechos sociales de la población, en las que elementos como la propiedad privada estén subordinados al interés social.
Otra de las bases que sustentan su programa es la apuesta por impulsar la participación ciudadana a través, por ejemplo, de la creación de un Comisariado de Participación en la Comisión Europea o de la puesta en marcha obligatoria de unos "presupuestos participativos" en todos los ámbitos de la administración.
Renta básica y "derecho a decidir"
Además de su programa, Podemos elaboró un decálogo de compromisos que ahora Pablo Iglesias y los otros cuatro nuevos eurodiputados de la formación deberán cumplir desde sus escaños, entre los que figuran, entre otros, la obligación de que la retribución neta mensual que perciban sea como máximo tres veces el salario mínimo español, es decir, unos 1.935 euros en 14 pagas, y de destinar el dinero sobrante a financiar a la formación o a otros proyectos que compartan los fines de Podemos.
La Nueva España del 26/05/14
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