(Trescribo, como davezu, los primeros párrafos)

Alimañas y administraciones

Los efectos de una política dañina para con el campo y la vida en las zonas rurales de Asturias

Xuan Xosé Sánchez Vicente 02.03.2018 | 03:56

La vida en las zonas rurales está llamada a reducirse a mínimos, siguiendo una tendencia universal de las últimas décadas: factores económicos, sociales y de identidad personal la impulsan. Pero al margen de esa corriente, en España y particularmente en Asturies operan factores de una intensidad especial, que podríamos sintetizar con el título de este artículo: "Alimañas y Administraciones", que no son dos factores independientes y que en algún caso podrían leerse como una pura tautología.

El 26/04/91 LA NUEVA ESPAÑA recogía unas palabras del que fue concejal del PAS en Amieva, Esteban Intriago de Diego: "El campo lleva el camino de ser el parque recreativo de lobos y jabalíes". No era un profeta, conocía simplemente la realidad. Pues bien, las alimañas constituyen un acicate más para el abandono del campo: en unos casos destruyen los cultivos y los campos; en otros, atacan los ganados. Y, entiéndase bien, el problema no estriba únicamente en las indemnizaciones, sino en el efecto desmoralizador de esos ataques (¿quién levantaría repetidas veces una casa que el río se llevase a cada poco?) sobre el aldeano o el pastor y la sensación de que no sólo están abandonados, sino también perseguidos, con la impresión de que la Administración, si no está en su contra, no tiene para ellos más que palabras engañosas.

La política de parques naturales con zonas habitadas dentro o con naturales que viven de sus recursos es también negativa para los habitantes de las zonas rurales con economías que dependen de la agricultura o la ganadería, y, al tiempo, procura incomodidades mil en forma de prohibiciones y permisos. Es cierto que hay una parte muy valorable -la de la preservación- en esas actuaciones, pero no es menos cierto que en las decisiones pesan más los intereses políticos y propagandísticos, también los de los alcaldes de los territorios afectados. En cualquier caso, los perjudicados son los vecinos.

Tampoco se atiende con diligencia a lo que podríamos llamar la "modernización de la aldea y su inserción en la economía global". En ese sentido, este periódico recogía en la última semana, las quejas de los negocios de la zona rural por los retrasos en la instalación de la banda ancha o las demandas de los vecinos de Boal de una conexión a internet "sin demoras". [.............................]

¿Y qué decir de la inmemorial expropiación de los comunales y del desaprovechamiento de los montes, con daño y perjuicio hacia vecinos y copropietarios, que Juan Luis Rodríguez-Vigil, el expresidente, viene denunciando desde hace tanto tiempo? Aquí, ni siquiera palabras de engaño. Y, en un tema relativamente menor en su singularidad pero importantísimo en el conjunto de cada singularidad, ¿no es la legislación sobre los hórreos -que algunos llevamos años denunciando y tratando de modificar inútilmente- un incordio para los vecinos y para el propio mantenimiento de tan singular bien identitario? Porque los hórreos apenas tienen ya utilidad para sus propietarios y, además, la mayoría de esos propietarios tienen una edad muy avanzada y escasos recursos. La voluntad aquí de preservar va contra el propio bien y es un problema muchas veces para quien lo posee: hay que darle utilidad y eliminar restricciones.

Pero no son solo las Administraciones de la Península quienes laboran contra el campo, lo son también las europeas [.............................................................................]