¿Quién pensó que el socialismo era otra cosa?

Después de los expolios en el sueldo del PSOE (Zapatero) y del PP (Rajoy), el PSOE vuelve a despojar a una parte de los funcionarios de su sueldo, en este caso a los enseñantes de Asturies. Lo hace tras siete años de chapuzas, errores, mentiras e incompetencia.

A propósito de mentiras, les pongo a ustedes aquí la carta que el 10 de octubre de este año de 2012, mandaba la consejera de educación del gobierno de Javier Fernández a todos los centros. Léanla y después reflexionen: hasta hoy ni siquiera ha empezado a pensar en el asunto, como informan los medios de comunicación.

Y otra reflexión: ¿Alguien pensó nunca que el socialismo era otra cosa?

Aquí, la carta, como digo, del 10/10/2012.

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Ana González Rodríguez Consejera

Como sabes, en el día de hoy los medios de comunicación recogen una noticia sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anula la mal llamada "carrera profesional" y que se refiere realmente al Plan de evaluación docente.

Soy consciente de la inquietud que esta noticia genera entre el profesorado por las incertidumbres que el propio sindicato recurrente y los medios de comunicación transmiten, especialmente en este momento tan complejo. Por ello, deseo hacer llegar un mensaje de tranquilidad a todos los docentes que tras haber solicitado voluntariamente y superado el proceso de evaluación realizado, están percibiendo el complemento correspondiente. Como sabes, el sindicato Suatea se ha opuesto siempre a este proceso de evaluación, a pesar de tener amparo en el artículo 106 de la Ley Orgánica de Educación y de que el 94,22 % del profesorado que cumplía los requisitos se adhirió voluntariamente en marzo de 2011 a este Plan.

Esta Consejería comparte la finalidad de la evaluación docente que, tal y como se establece en la Ley Orgánica de Educación, no es otra que la mejora de la educación y la transparencia del sistema educativo.La sentencia recaída en el recurso sólo se refiere a defectos formales de tramitación, que no de fondo.

Por ello vamos a proceder a corregir dichos defectos con el mayor rigor y cumpliendo estrictamente con la sentencia, con el objetivo de evitar lesionar los legítimos intereses del profesorado que voluntariamente ha participado en este proceso.

Como Consejera, lamento profundamente la situación generada y la preocupación que sé que existe en este momento y te garantizo que la solución de esta situación, evitando los posibles efectos negativos, será para mí una prioridad absoluta.

Te ruego hagas pública esta carta en la sala del profesorado para informar a todas las personas afectadas.

Un cordial saludo.

(firmado)

Oviedo, 10/10/2012

¡Esto son los fenómenos que nos gobiernen! (y III)

Recueyo de La Nueva España del 25/01/11 estes informaciones sobre'l Reglamentu d'Evaluación de la Función Docente. Fágolo en tres díes. Pa completar parcialmente la cuestión puede vese'l mio ensiertu (equí, nel blog) del 28/01/11. Pa completalo dafechu, ver los ensiertos relativos a "llexislación".

Sociedad. Un proceso con mucho bache.

La aprobada por la Junta General del Principado el 29 de diciembre de 2009: la de la Evaluación de la Función Docente y sus Incentivos, fruto del acuerdo de ese mismo mes entre la Administración y los sindicatos FETE-UGT y ANPE.

El proyecto de Reglamento.

El proceso nace en mayo de 2010 con la resolución del titular de la Consejería de Educación, entonces José Luis Riopedre. El proyecto de decreto se publica en el BOPA el 20 de mayo.

Una lluvia de alegaciones.

Noventa escritos de particulares y dos alegaciones colectivas por parte de SUATEA y CC OO. Todas acabaron siendo desestimadas.

Informe favorable.

La Comisión Superior de Personal da el visto bueno al texto en junio de 2010. Pocos días después ese texto se remite al Consejo Consultivo.

Primer parón.

Con fecha de 30 de septiembre el Consejo Consultivo pone pegas al proyecto de reglamento. La primera, que no ha pasado por el Consejo Escolar del Principado.

Se reúne el Consejo Escolar.

Fue el 11 de noviembre y con informe favorable, con cuatro votos en contra y dos abstenciones. El 29 de noviembre vuelve al Consejo Consultivo, que emite dictamen el 5 de enero.

En casa del herrero... mala puntuación y lenguaje no sexista poco uniforme.

El nuevo dictamen entra en aspectos como el uso de las mayúsculas y el cribado de numerosas reiteraciones.

Los códigos de Derecho dieron paso a la nueva Ortografía de la Real Academia Española. Es la conclusión que alguno puede extraer de esos 22 folios firmados por el secretario general del Consultivo, José Manuel García Gallo, y por el presidente del órgano asesor, Bernardo Fernández.

El proyecto de decreto del reglamento de evaluación es, en su forma, manifiestamente mejorable, y el Consejo Consultivo entra a saco en detalles en los que alguien puede entresacar cierto ensañamiento por su minuciosidad.

Hay reiteraciones («varias son las que recuerdan en el proyecto que la adhesión a los planes es voluntaria»). Y no se respetan las directrices para las guías de elaboración de disposiciones de carácter general: «en las enumeraciones que forman parte de una oración cada elemento de la lista comenzará con minúsculas y acabará con una coma, excepto el penúltimo, que acabará con las conjunciones «o/y», y el último, que acabará con un punto y aparte». Como en el colegio.

El Consultivo pide asimismo un «criterio uniforme en el tratamiento de lo que se conoce como lenguaje no sexista, evitando soluciones variopintas». Pone ejemplos. El «consejero» del artículo 3 se convierte en «consejero o consejera» en artículos posteriores. Pasa lo mismo con directores, jefes de estudios, presidente, secretario o funcionario (a veces así, a secas, y otras veces con la «a» complementaria tras cada una de las referidas palabras.

Se recomienda vivamente «revisar la utilización de las mayúsculas a fin de evitar un uso inconstante y contradicciones».

El Consejo Consultivo había echado atrás el proyecto de reglamento el pasado 30 de septiembre por faltarle el requisito de paso por el Consejo Escolar. Ahora, tras un segundo dictamen, le queda al Principado la tarea de subsanar agujeros. Son los deberes para el segundo trimestre del curso.

SÍ LOS QUIER SEGUIR COMPRANDO (ESTO YE, VOTÁNDOLOS), CÓMPRELOS. ¡A FIN DE CUENTES, EL SUICIDIU YE UNA OPCIÓN PERSONAL!

¡Estos son los fenómenos que nos gobiernen! (II)

Recueyo de La Nueva España del 25/01/11 estes informaciones sobre'l Reglamentu d'Evaluación de la Función Docente. Fágolo en tres díes. Pa completar parcialmente la cuestión puede vese'l mio ensiertu (equí, nel blog) del 28/01/11. Pa completalo dafechu, ver los ensiertos relativos a "llexislación".

Sociedad. Un proceso con mucho bache.

La aprobada por la Junta General del Principado el 29 de diciembre de 2009: la de la Evaluación de la Función Docente y sus Incentivos, fruto del acuerdo de ese mismo mes entre la Administración y los sindicatos FETE-UGT y ANPE.

El proyecto de Reglamento.

El proceso nace en mayo de 2010 con la resolución del titular de la Consejería de Educación, entonces José Luis Riopedre. El proyecto de decreto se publica en el BOPA el 20 de mayo.

Una lluvia de alegaciones.

Noventa escritos de particulares y dos alegaciones colectivas por parte de SUATEA y CC OO. Todas acabaron siendo desestimadas.

Informe favorable.

La Comisión Superior de Personal da el visto bueno al texto en junio de 2010. Pocos días después ese texto se remite al Consejo Consultivo.

Primer parón.

Con fecha de 30 de septiembre el Consejo Consultivo pone pegas al proyecto de reglamento. La primera, que no ha pasado por el Consejo Escolar del Principado.

Se reúne el Consejo Escolar.

Fue el 11 de noviembre y con informe favorable, con cuatro votos en contra y dos abstenciones. El 29 de noviembre vuelve al Consejo Consultivo, que emite dictamen el 5 de enero.

SÍ LOS QUIER SEGUIR COMPRANDO (ESTO YE, VOTÁNDOLOS), CÓMPRELOS. ¡A FIN DE CUENTES, EL SUICIDIU YE UNA OPCIÓN PERSONAL!

¡Estos son los fenómenos que nos gobiernen! (I)

Recueyo de La Nueva España del 25/01/11 estes informaciones sobre'l Reglamentu d'Evaluación de la Función Docente. Fágolo en tres díes. Pa completar parcialmente la cuestión puede vese'l mio ensiertu (equí, nel blog) del 28/01/11. Pa completalo dafechu, ver los ensiertos relativos a  "llexislación".

La evaluación a los profesores recibe otra tanda de críticas del Consejo Consultivo

El órgano asesor exige concretar criterios y parámetros para el «examen» docente y pide a Educación mejorar la gramática del texto del reglamento.

La Consejería de Educación deberá concretar, modificar y mejorar parte del texto del proyecto de decreto del reglamento para la regulación de la Evaluación Docente, tal como le pide el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que examinó por segunda vez el expediente y le encontró numerosas cuestiones mejorables, algunas relacionadas con aspectos esenciales como los criterios de evaluación o los parámetros de medición del absentismo.

El Consejo Consultivo, presidido por el ex vicepresidente del Gobierno asturiano Bernardo Fernández, da además al Principado un tirón de orejas en materia de forma: «Sería conveniente una revisión formal, gramatical y sintáctica de la norma», y eso incluye evitar reiteraciones, mala puntuación y poca uniformidad en el lenguaje no sexista, entre otros defectos. El Consultivo, a pesar de todo, da el visto bueno para que el dictamen pueda someterse a la aprobación del órgano competente (el Consejo de Gobierno) «una vez atendidas las observaciones esenciales, y consideradas las demás». Y lo hace más de ocho meses después de la resolución del entonces titular de la Consejería de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre (12 de mayo de 2010) que iniciaba el procedimiento. Fue una tramitación de urgencia a fin de reducir a la mitad los plazos establecidos por el procedimiento ordinario. Menos mal.

En total son una veintena de observaciones por parte del Consultivo, que lamenta los defectos a pesar de que el texto ha pasado por media Administración regional, direcciones generales y secretarías generales técnicas. Un texto que fue estudiado por todas las consejerías y por el propio Consejo Escolar del Principado. 

A juicio del sindicato CC OO, el primero que ayer valoró las recomendaciones, el texto «necesita rectificarse prácticamente al completo y volver a elaborarse». Y añade que el Consejo Consultivo «obliga a tal serie de rectificaciones que no deja títere con cabeza».

Para empezar, el Consejo Consultivo echa en falta documentación importante: «Hemos de llamar la atención sobre la ausencia de documentación que explique la adopción de algunas decisiones de indudable trascendencia», y pone un ejemplo, como es la eliminación del texto inicial de los anexos correspondientes a las fichas de evaluación.

El Consejo Consultivo recuerda que el texto «debe regular con precisión, es decir, determinar de modo directo e inmediato y razonablemente exhaustivo los criterios de evaluación», en alusión al artículo 6 del reglamento, que determina los parámetros que han de ser tenidos en cuenta en los planes de evaluación: absentismo, función tutorial, participación en proyectos o desempeño de cargos directivos, entre otros.

El Consejo se sorprende de que la Administración regional se arrogue el derecho a incluir «cualquier otro» criterio que crea oportuno para llevar a cabo la evaluación. La falta de concreción choca contra el parecer jurídico «porque, en definitiva, considera este Consejo que no cabe establecer una relación abierta e incondicionada de los criterios de evaluación, por lo que tanto su determinación concreta como las normas y los límites generales para su ponderación han de ser contenidos propiamente reglamentarios».

Respecto al absentismo, el Consejo exige «parámetro de medición», a la vez que entra en modificaciones de detalle en cuestiones como la presentación de la solicitud de adhesión o el trámite de subsanación de solicitudes. Califica de innecesarios algunos trámites de alegaciones y, según algunos sindicatos, entiende que debe modificarse el artículo correspondiente a todo lo relativo al trámite de audiencia y vista del expediente.

«Nuevamente, la posibilidad de incorporación al cobro del profesorado que no percibe el complemento se ve retrasada», señalaba ayer CC OO. «Estamos convencidos que nada sucede por casualidad, que lo que está aconteciendo responde a la intencionalidad de responsables políticos de seguir ahorrando y haciendo caja a costa de perpetuar la discriminación».

En las propias barbas del profesorado

                                              

Se ríen. En sus propias barbas, o en sus focicos, si lo prefieren. El Gobierno y sus componentes, PSOE, IU. Y los sindicatos que en su día lo apoyaron. No hace falta, para demostrarlo, acudir a sesudos razonamientos, ni requerir la presencia de mi trasgo particular, Abrilgüeyu. Basta con recordar y enumerar.

Cuando, allá en el 2006, galenos y enfermería llegaron a un acuerdo para la puesta en marcha de la carrera profesional, el señor Areces y el PSOE llamaron a UGT y CC OO a fin de hacer extensiva la citada carrera profesional a todos los funcionarios: eran las vísperas de las elecciones del 2007.

Esas mejoras profesionales se pusieron en marcha en la Administración asturiana para todos los sectores, pero en la enseñanza la conjunción de tres factores (determinadas cosmovisiones sindicales, la falta de desarrollo legal de un aspecto de la LOE, la voluntad abusadora del Gobierno y su incapacidad) introdujo dos tipos de problemas: el primero, que no todos los enseñantes se adscribieron al cobro de la llamada carrera profesional; el segundo, que determinadas sentencias judiciales -impulsadas por algunos sindicatos- pusieron en solfa la legalidad sobre la que se basaba todo el proceso. Supuso ello que la continuidad de la carrera profesional quedaba paralizada y que existía el riesgo de que los enseñantes debiesen devolver las cantidades recibidas en años anteriores.

Tarde, mal y de mala manera, el Gobierno de IU y PSOE «sanó» los defectos formales anteriores en la tramitación de los Presupuestos de 2010. Pero no pusieron en marcha el procedimiento «sanatorio», el Reglamento de Evaluación Docente (en realidad, una nueva convocatoria, mediante la que se podían incorporar a la carrera profesional quienes no lo hubiesen hecho anteriormente), hasta pasado el verano de ese año. Y, en ese momento, ¡oh, pasmo!, se descubre que queda invalidado porque el Consejo Consultivo avisa de que no se han seguido los trámites preceptivos.

Desde entonces hasta ahora, silencio. Pese a que los dos sucesivos consejeros de Educación, don José Luis y don Herminio, prometieron la solución del problema; primero, antes de diciembre, y, después, en el primer trimestre del año 2011. Y, cuando por fin se sabe algo -como nos ha dado a conocer el martes LA NUEVA ESPAÑA-, el texto parece inútil, es confuso, falto de sindéresis y, probablemente, deba ser rehecho. O sea, otra vez, nada.

En las propias barbas de los docentes se ríen. Ellos, PSOE e IU, y los sindicatos firmantes del acuerdo, que, para más inri, anduvieron proclamando «sotto voce» que la segunda parte de la carrera profesional estaba ya presupuestada para el 2011.

Y no nos olvidemos del PSOE español, del Gobierno Zapatero y de don Ángel Gabilondo, el ministro del ramo. ¡Tan amante éste de los profesores, tan preocupado por sus problemas, tan dispuesto a «darles el reconocimiento que se merecen»! Y desde el 2005 en que prometieron la carrera profesional y el Estatuto del Profesorado al negociar la LOE con los sindicatos y la promulgación de ésta en el 2006, no han querido desarrollar el citado Estatuto, requisito legal imprescindible.

¡Una tan homérica risa al pensar en los profesores! ¡Un coro tan grande de carcajadas! ¡Y en sus propias barbas!

Estimaos enseñantes, ¿la evaluación docente? (II)

Como complementu al ensiertu d'ayer, asoleyó equí un artículu yá publicáu nesti blog a mediaos del mes de payares.

¡PERO QUÉ GOBIERNO!

Que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie puso leyes

En breve resumen. Cuando, a consecuencia de las huelgas médicas, don Vicente Alberto hubo de aumentar el sueldo a galenos y enfermería, llamó a UGT y CCOO a fin de escenificar un pacto —ventajoso políticamente para los firmantes— en que, bajo el concepto de «carrera profesional», se hacía extensible una porción del incremento a todos los funcionarios de la Administración. Los requisitos exigidos para acogerse a la subida salarial no representaron escrúpulo alguno para el común de los empleados de la función pública, pero sí para unos cuantos de los de la enseñanza, en parte porque el Gobierno aprovechó para insinuar un alza de las obligaciones como contrapartida, en parte porque, gente un poco suspicaz y espiritual la de la enseñanza, vio dragones donde no había otra cosa que ladradores y ligeramente malintencionados gozques. Como consecuencia, algunos sindicatos acudieron a los tribunales y estos declararon nulo todo el proceso.

Para «sanarlo», hacer viable el cobro de las nuevas cantidades y el que los que las estaban cobrando no tuviesen que devolverlas, en los presupuestos para el 2010 se incluyó la cobertura legal correspondiente (por cierto, en el proceso de acuerdo de «sanación» encontró el señor Valledor el pretexto para largarse de IU, que tanto tiempo llevaba buscando), la cual requería un ulterior desarrollo reglamentario. El caso fue que dicho reglamento durmió el sueño de los justos durante casi todo este año y, cuando finalmente fue enviado al Consejo Consultivo, este lo devolvió porque faltaba un trámite de obligado cumplimiento. En consecuencia, a finales ya de octubre, hubo que empezar toda la tramitación de nuevo, con lo que se corre el riesgo de que, de no llegarse antes de finales de diciembre al término del proceso —el cual incluye petición de adscripción de los funcionarios, valoración individual de los mismos, confirmación posterior e inscripción definitiva, todo con sus plazos—, un avatar judicial no sólo impida la percepción de las prestaciones que se vienen cobrando o que se anunciaron que podrán cobrar nuevos funcionarios, sino el que haya que devolver las de más de dos años.

Se puede pensar que todo esto se ha hecho malintencionadamente, y que el objetivo último del Gobierno es proclamar que, pese a su voluntad, se ve obligado a no pagar esas cantidades comprometidas. Es posible, pero no muy probable. Lo más verosímil es que nos hallemos, una vez más, ante la actuación ordinaria de un Gobierno y un partido que atesoran ingentes cantidades de i+d+i (incompetencia, despilfarro, ineficacia). Porque, en efecto la incapacidad para realizar con un cierto decoro un sencillo proceso administrativo o legislativo es una de las más notables características del Gobierno socialista asturiano. Recordemos, por ejemplo, y por no salirnos del ámbito de la educación, que cuando, tras ocho años de dilación, se publicó el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, de derechos y deberes de los alumnos, se empeoró notablemente el anterior Decreto 732/1995. Posteriormente, y tras una campaña de protestas en la que La Nueva España y quien esto firma algo tuvimos que ver, el Ejecutivo socialista rectificó, afirmando que parte de lo inaceptable de aquel texto «se debía a un error de redacción».

Pero aquí, al respecto de toda esta historia del reglamento de Evaluación Docente de que hablamos, hay algo mucho peor aún: la destrucción o el desprecio de todo el proceso administrativo —y, por tanto, de las reglas más elementales que han de regir la Administración y el Derecho—. Porque, en efecto, es inconcebible que, a lo largo del itinerario del documento no haya habido un letrado que advirtiese de la necesidad de completar el expediente, lo que implica que los cargos políticos han hecho caso omiso de dicha advertencia o que hayan pensado que, a fin de cuentas, el Consejo Consultivo, con gente nombrada por ellos, iba a silenciar los errores. ¿Grave? Puede ser aún peor. Puede resultar que la advertencia jurídica no haya aparecido, bien porque el PSOE haya destrozado de tal modo la Administración que no se cumplen los mínimos requisitos exigidos para la tramitación de expedientes, bien porque haya reducido a los funcionarios al sometimiento y al acatamiento.
En cualquier caso, estos hechos no brotan en terreno yermo. Son fruto de una mentalidad general del socialismo español, entre adánica y rousseauniana-revolucionaria, que piensa, de un lado, que la realidad puede modificarse por el mero imperio del deseo y, de otro, que las leyes no son más que cortapisas carentes de entidad.

Romántico-adolescente, este tipo de izquierdista, sentado en la popa del Estado, ve el mundo al igual que el pirata esproncediano cuyas palabras encabezan este artículo, «Que yo tengo aquí por mío…», y piensa que su voluntad es la única ley.

En todo caso, anoten, pues, que, sobre otros desastres de que esta Administración es responsable —los económicos, los del paro, los del déficit y la deuda, los de la sumisión a Madrid, los culturales…—, hay que sumar uno más: ha dejado la Administración destrozada, hecha unos zorros. O unas zorras, si ustedes son partidarios del lenguaje no sexista.

Y, a todo esto, no sé si se habrán fijado: IU, parte del mismo Gobierno que el PSOE, receptora de honores, dineros y poder por estar en él, lleva más de dos meses amatagada y arronchada, como si la cosa no fuese con ellos, al igual que si no resultasen exactamente igual de responsables de todos los desastres de estos últimos años.

Estimaos enseñantes, ¿la evaluación docente? (I)

Creo qu'hai poques coses que decir. Esti gobiernu (PSOE e IU, que nun se-y escaeza a nadie, qu'IU anda amatagada y paez que nun ta nel gobiernu) aprobó colos presupuestos del 2010 (esto ye, a finales del 2009), los mecanismos pa regularizar na enseñanza la carrera profesional de la que yá disfruten la xente de la sanidá (en tolos tramos) y los de l'alministracion xeneral (en dalgún). Agora, yá, caminando pa finar el 2010, la cuestión nun solo nun ta iguada, sinón que se pasó per aquel episodiu escandalosu de la falta d'informe del Conseyu Escolar, que fizo que'l Conseyu Consultivu rechazase'l testu.

Pasaren otros dos meses y nun hai un solu movimientu. Ye más, nun de ningún mou se puede solucionar la cosa enantes de finales d'añu y ye fácil que nun se faga enantes de febreru, si ye que se fai dalgún día o si ye que los enseñantes nun tienen que devolver toles perres recibíes (los que les recibieren) o quedar ensin elles los que non s'incorporaren nel so momentu. Que, a lo meyor, ye d'eso de lo que se trata.

¡Vaya gobiernu d'ineptos!
¡Vaya despreciu a los ciudadanos y, especialmente, a los sos votantes y afiliaos!

¡Pero qué gobierno!

Que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie puso leyes

En breve resumen. Cuando, a consecuencia de las huelgas médicas, don Vicente Alberto hubo de aumentar el sueldo a galenos y enfermería, llamó a UGT y CCOO a fin de escenificar un pacto —ventajoso políticamente para los firmantes— en que, bajo el concepto de «carrera profesional», se hacía extensible una porción del incremento a todos los funcionarios de la Administración. Los requisitos exigidos para acogerse a la subida salarial no representaron escrúpulo alguno para el común de los empleados de la función pública, pero sí para unos cuantos de los de la enseñanza, en parte porque el Gobierno aprovechó para insinuar un alza de las obligaciones como contrapartida, en parte porque, gente un poco suspicaz y espiritual la de la enseñanza, vio dragones donde no había otra cosa que ladradores y ligeramente malintencionados gozques. Como consecuencia, algunos sindicatos acudieron a los tribunales y estos declararon nulo todo el proceso.

Para «sanarlo», hacer viable el cobro de las nuevas cantidades y el que los que las estaban cobrando no tuviesen que devolverlas, en los presupuestos para el 2010 se incluyó la cobertura legal correspondiente (por cierto, en el proceso de acuerdo de «sanación» encontró el señor Valledor el pretexto para largarse de IU, que tanto tiempo llevaba buscando), la cual requería un ulterior desarrollo reglamentario. El caso fue que dicho reglamento durmió el sueño de los justos durante casi todo este año y, cuando finalmente fue enviado al Consejo Consultivo, este lo devolvió porque faltaba un trámite de obligado cumplimiento. En consecuencia, a finales ya de octubre, hubo que empezar toda la tramitación de nuevo, con lo que se corre el riesgo de que, de no llegarse antes de finales de diciembre al término del proceso —el cual incluye petición de adscripción de los funcionarios, valoración individual de los mismos, confirmación posterior e inscripción definitiva, todo con sus plazos—, un avatar judicial no sólo impida la percepción de las prestaciones que se vienen cobrando o que se anunciaron que podrán cobrar nuevos funcionarios, sino el que haya que devolver las de más de dos años.

Se puede pensar que todo esto se ha hecho malintencionadamente, y que el objetivo último del Gobierno es proclamar que, pese a su voluntad, se ve obligado a no pagar esas cantidades comprometidas. Es posible, pero no muy probable. Lo más verosímil es que nos hallemos, una vez más, ante la actuación ordinaria de un Gobierno y un partido que atesoran ingentes cantidades de i+d+i (incompetencia, despilfarro, ineficacia). Porque, en efecto la incapacidad para realizar con un cierto decoro un sencillo proceso administrativo o legislativo es una de las más notables características del Gobierno socialista asturiano. Recordemos, por ejemplo, y por no salirnos del ámbito de la educación, que cuando, tras ocho años de dilación, se publicó el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, de derechos y deberes de los alumnos, se empeoró notablemente el anterior Decreto 732/1995. Posteriormente, y tras una campaña de protestas en la que La Nueva España y quien esto firma algo tuvimos que ver, el Ejecutivo socialista rectificó, afirmando que parte de lo inaceptable de aquel texto «se debía a un error de redacción».

Pero aquí, al respecto de toda esta historia del reglamento de Evaluación Docente de que hablamos, hay algo mucho peor aún: la destrucción o el desprecio de todo el proceso administrativo —y, por tanto, de las reglas más elementales que han de regir la Administración y el Derecho—. Porque, en efecto, es inconcebible que, a lo largo del itinerario del documento no haya habido un letrado que advirtiese de la necesidad de completar el expediente, lo que implica que los cargos políticos han hecho caso omiso de dicha advertencia o que hayan pensado que, a fin de cuentas, el Consejo Consultivo, con gente nombrada por ellos, iba a silenciar los errores. ¿Grave? Puede ser aún peor. Puede resultar que la advertencia jurídica no haya aparecido, bien porque el PSOE haya destrozado de tal modo la Administración que no se cumplen los mínimos requisitos exigidos para la tramitación de expedientes, bien porque haya reducido a los funcionarios al sometimiento y al acatamiento.

En cualquier caso, estos hechos no brotan en terreno yermo. Son fruto de una mentalidad general del socialismo español, entre adánica y rousseauniana-revolucionaria, que piensa, de un lado, que la realidad puede modificarse por el mero imperio del deseo y, de otro, que las leyes no son más que cortapisas carentes de entidad.

Romántico-adolescente, este tipo de izquierdista, sentado en la popa del Estado, ve el mundo al igual que el pirata esproncediano cuyas palabras encabezan este artículo, «Que yo tengo aquí por mío…», y piensa que su voluntad es la única ley.

En todo caso, anoten, pues, que, sobre otros desastres de que esta Administración es responsable —los económicos, los del paro, los del déficit y la deuda, los de la sumisión a Madrid, los culturales…—, hay que sumar uno más: ha dejado la Administración destrozada, hecha unos zorros. O unas zorras, si ustedes son partidarios del lenguaje no sexista.

Y, a todo esto, no sé si se habrán fijado: IU, parte del mismo Gobierno que el PSOE, receptora de honores, dineros y poder por estar en él, lleva más de dos meses amatagada y arronchada, como si la cosa no fuese con ellos, al igual que si no resultasen exactamente igual de responsables de todos los desastres de estos últimos años.

Un gobierno de mierda

Esto es, experto en i+d+i, en incompetencia, despilfarro, ineficacia. En el proceso de regularización de la carrera profesional en el ámbito de la función docente, han vuelto a hacer las cosas como acostumbran: no son capaces ni siquiera rellenar los papeles bien, lo que sabe cualquier indocumentado. Esto es socialismo, y esto es lo que debemos a este Gobierno de Areces (el fenómeno), a sus ministros y consejeros del ramo, a Javier Fernández y a todo el partido, el PSOE, que los apoya y a la UGT, desde el primero al último de sus afiliados.

Por recordarlo bevemente: es este un proceso hecho administrativa y legalmente de forma errónea y pésima desde el principio; un proceso que se negaron a corregir pese a la evidencia de su error; que subsanaron más tarde y de mala manera, pero, como se ve ahora, que subsanaron otra vez sin atenerse a las más elementales normas de la tramitación administrativa, porque ESTA PANDILLA DE INÚTILES NI SIQUIERA SABEN PONER UN SELLO EN UN SOBRE.

La consecuencia de todo ello va a ser que quienes no se han incorporado a la carrera docente no podrán hacerlo, que los que están cobrándola dejarán también de hacerlo y que los que la han cobrado tendrán que devolver el dinero. GRACIAS A ESTA PANDILLA QUE NO MERECEN MÁS COMIDA QUE LA ESLLAVA NI MÁS MEDIO AMBIENTE QUE LA PILA CUCHU.

Pasen y vea, y, si son enseñantes -afectados- échense a temblar:

El reglamento de Evaluación Docente sufre otro parón por evitar al Consejo Escolar (La Nueva España del 27/10/10)

Ahí tienen lo que es un gobierno responsable, un gobierno progresista, un voto útil y el futuro de Asturies, si los dejamos seguir.

Por cierto, aunque se agachen, los de IU están en el Gobierno y son responsables de toda esta basura, de todo este i+d+i, incompetencia, despilfarro, ineficacia.

Créanme, ninguno de ellos es la solución, pero, sin duda, ambos son parte -y no poco importante- del problema.

Jaculatoria del funcionario asturiano

El Señor me lo dio,

el Señor me lo quitó,

él mismo lo volvió a dar.

¡Oh, Señor, tanto rodar,

dónde cóño parará!

Don Vicente Alberto, ¡Un fenómeno! (carrera profesional)

"LA CARRERA PROFESIONAL NO FUE UN ERROR; NO EXIGIRÉ RESPONSABILIDADES". Son palabras textuales del Presidente, don Vicente Alberto Álvarez Areces. ¡Un fenómeno! Porque no es él quien tiene que exigir responsabilides, sino que son los ciudadanos quienes se las exigimos a él, por gestionar de forma tan irresponsable millones de euros. Y deberían ser los funcionarios (esos trabajadores a los que se les va a rebajar un 8% el sueldo) los que exigiesen responsabilidades al PSOE y a Areces, esos gestores tan incompetentes e ineficaces.

Porque, por lo demás, no sólo el Presidente de un Gobierno y el partido que los sustenta son los únicos y últimos responsables de la acción de gobierno, sino que, además, aquí, ni Rosina Migoya, ni María José Ramos, ni Rabanal, ni Riopedre pintan nada. Aquí el único que toma decisiones es Areces -y, en su caso, Javier Fernández-.

Pero don Vicente Alberto hace como que no él, sino otros (tal vez nosotros), fuesen los responsables. ¡Un fenómeno!

Por lo demás, ya saben, especialmente si son funcionarios de los desueldados por estos incompetentes: recuérdenlo: PSOE, EL VOTO ÚTIL.

¡A la pila cuchu!

Nun anterior ensiertu, el que tenía de base un artículu publicáu na Nueva España col títulu "...o inmadurez? (05/06/09), afirmaba de forma elusiva y discreta que lo qu'había que facer con toa esta manada d'incompetentes, como'l Tribunal Constitucional o el Gobiernu asturianu, que ponía en marcha un procesu alministrativu ensin fundamentu llegal, como'l de la carrera profesional de los funcionarios, yera chalos a la pila cuchu, como les coses inservibles.

Decía ellí:

«Un gobierno, el de Areces, que desgobierna de tal forma que pone en marcha para los empleados públicos una llamada carrera funcionarial que no tiene base legal alguna, que constituye una arbitrariedad y que va a traer un montón de complicaciones, colectivas e individuales. Unos sindicatos que firman todo esto y no lo firman. Que, al mismo tiempo, apoyan al Gobierno y no lo apoyan…».

Y concluía:

«Dime —concluye ante mi gesto de apagar el ordenador para quitarlo de delante—, ¿qué empresa?, ¿qué sociedad?, ¿qué particular aguantaría tanta incompetencia, tanta ineptitud, tanto mangante, tanto daño a las arcas públicas, tanta traición hacia quienes depositan en ellos su confianza en forma de voto, tanta logomaquia, tanto engaño, tanta mentir…».

Pues agora acaba de certificase lo que todos sabíemos: la carrera profesional nun tenía base llegal dala, como acaba de sancionar el TSJA.

De mou y manera que tol gobiernu -entamando por Areces y acabando por Migoya- debería acabar na pila cuchu, por inútiles, incompetentes y por ser un peligru públicu. Y con ellos, los sindicatos que corrieren a sofitar lo de la carrera profesional d'estes maneres, sólo pa tapa-y a Areces les vergoñes de la so entrega a los sindicatos profesionales de los médicos.