El señor Pérez (Alfredo) acaba de entrar en campaña con varias dicharacherías, una de ellas, la de que él conoce las recetas para crear empleo. Es posible que tal sea, porque todo el mundo sabe lo que hay que poner en marcha para crear puestos de trabajo en una cantidad apreciable —lo dicen tanto empleadores como economistas—. Lo extraño es que lo sepa algún miembro del PSOE y del Gobierno, porque, hasta ahora, no han aplicado ninguna receta en esa dirección, y aquellas que dicen que han realizado con ese propósito no es que no hayan tenido el efecto deseado, es que «no han sido», esto es, han constituido una pura logomaquia.
Recordemos, en primer lugar, que la economía española se encuentra al borde del colapso: con déficit elevado aún, sin capacidad para ingresar más, con una relativamente alta deuda, con una pesadísima carga de subsidios y prestaciones de paro, con una penalización en el interés de los préstamos exteriores y con alguna dificultad para acceder a ellos, el Estado; debiendo ingentes cantidades al exterior, la banca, y con problemas de capitalización y fallidos, algunos agentes fiduciarios; con problemas notables o irresolubles de subsistencia, muchos individuos y familias.
Por otro lado, nuestra economía —consumida la llamarada del crédito fácil y de la construcción multiplicativa— se ha hallado ante sus problemas estructurales de fondo: baja productividad, escasa competitividad, un muy limitado número de productos o servicios que tengan supremacía en los mercados. Así las cosas, la posibilidad de que podamos crecer en lo inmediato de forma notable a través de la exportación de bienes competitivos o mediante la recuperación de mercados es tan difícil como el que podamos desarrollarnos a base de la demanda interna. Se hace, pues, necesario identificar los sectores en que se podría crecer rápido porque existen ya posibilidades para ello y, al mismo tiempo, poner en marcha los mecanismos (o mejor, eliminar los obstáculos) adecuados para tal fin. A nuestro saber y entender, esos ámbitos se encuentran entre los autónomos y en las pequeñas empresas, y la dificultad mayor para contratar en ellos reside en las incógnitas que suponen las rescisiones del contrato: la legislación española —y la jurisprudencia subsiguiente— entiende, en general y exagerando un poco, que un empresario se casa con una trabajador para toda la vida; es más, nunca sabe por cuánto le va a salir al final el divorcio. De ahí que se multipliquen los contratos por servicio y obra; que los mismos se empleen de forma fraudulenta para enmascarar una contratación indefinida; que el empresario, ante cualquier despido, prefiera declararlo injustificado —y pagar el máximo— a pleitear con razón, puesto que el juicio puede encarecer los costos finales de forma imprevisible. De manera que las condiciones de la contratación para crear empleo deben ser dos al menos: el despido libre —lo cual no quiere decir ni que no se pague indemnización ni que no se cobre paro— y, su corolario, que los jueces no intervengan más que en la estricta interpretación del cumplimiento de los términos explícitamente pactados, no sobre la razón de empresario para despedir, las condiciones económicas de la empresa, la situación del mercado, etc. Esa es la CONFIANZA que necesita el empresario para contratar, y no la del triunfo de Mariano Rajoy u otro cualquiera.
En tiempos de desolación —contrariamente a lo que dice el fundador de la Compañía de Jesús— «sí hacer mudanza». Porque la situación es de extrema gravedad. En esa línea yo propondría dos tipos de modificaciones inmediatas. La primera, para las empresas con diez o menos trabajadores: un nuevo tipo de contrato de duración por cuatro años -susceptible, en su caso de renovación- tras un período de prueba corto, con indemnización pactada entre las partes o corta y tasada a término por la ley, y, el elemento clave, sin posibilidad de recurso del despido ante los tribunales. Naturalmente, en los términos de los salarios del convenio pertinente y con derecho a las oportunas percepciones de paro. La evolución de la contratación iría señalándonos las decisiones de futuro, que probablemente deberían tender, en poco tiempo y para todo tipo de empresas, hacia el contrato único universal, con despido previamente pactado en su cuantía, no recurrible y no progresivo con el correr del tiempo (como disparatan el PP y Rajoy).
La segunda, la modificación de los gravámenes impositivos, en lo relativo a la tributación por módulos para los próximos cuatro años, bien en la ponderación del personal asalariado en el rendimiento conjunto del negocio, bien garantizando que el aumento de un único trabajador no signifique —durante ese período— implementación alguna en los parámetros de la tributación.
Al mismo tiempo, habría que modificar también las condiciones por las que los trabajadores entran y salen del paro, para que, en ningún caso, un trabajo de menor cuantía retributiva aminorase los «derechos» que tienen adquiridos en un empleo anterior con relación a la percepción de la prestación.
Estoy seguro —lo están mis asesores y comunicantes— que una reforma en ese sentido que fuese percibida como transparente, y no como una celada, ayudaría a crear miles de empleos, sin esperar, desde luego, al ya tópico (y no tan fundado) crecimiento del 2,4 para hacerlo.
E independientemente de los señores Pérez y Rajoy.
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