Seguimos repasando dalgunos aspectos fundamentales de lo que fueren estos años Zapatero y el PSOE, dende l'l caberu los sos militantes al primeru los vicepresidentes del Gobiernu.
Pero enantes, pueden escuchar esti "Ven y ven". A lo meyor, dalguna estrofa sírve-yos de parábola: VEN Y VEN en directo - Dña OLGA RAMOS La Reina del Cuplé (YouTube)
LA NUEVA ESPAÑA, 08/11/06
ESTADO DE DIFIDENCIA, FRENTE A ESTADO DE DERECHO
(08/11/2006)
La llamada “Operación Puerto” y su gestión constituyen uno de los mayores escándalos de la reciente vida social y política española. Al mismo tiempo, ofrecen un ejemplo más de cómo el estado de derecho va deslizándose hacia una situación nebulosa, donde el derecho —la objetividad de la ley, la igualdad de los ciudadanos ante ella, la neutralidad en su aplicación— queda desdibujado o falseado a favor del enjuiciamiento sin pruebas o del linchamiento basado en el prejuicio y la difidencia.
Recordarán todos ustedes cómo, a partir de una serie de indicios obtenidos en la clínica del conocido médico de deportistas Eufemiano Fuentes, por las autoridades deportivas se lanzó una acusación urbi et orbi a una serie de directores de equipo y corredores, tanto españoles como extranjeros. A consecuencia de ello, ciclistas de varios países (Mancebo, Ullrich, Basso, por ejemplo) fueron suspendidos y no pudieron disputar el Tour; algunos equipos quedaron si patronazgo y se disolvieron. Pocos meses después los expedientes han sido sobreseídos por absolutamente inconsistentes, tanto en España como en Alemania e Italia.
Señalada esa auténtica burla del estado de derecho (esto es, de los derechos de cada uno de nosotros, ustedes, lectores, y yo), cabe hacer otro par de consideraciones. La primera es la de que se viene apostando en los últimos tiempos por realizar una legislación o una práctica jurídica basada en la difidencia hacia grupos y personas que, en virtud de modas, presiones sociales o histerias morales, son consideradas permanentemente sospechosas. Así, mientras la exigencia de ausencia de discriminación alguna se extiende o exige con celo extraordinario para grupos étnicos, confesiones religiosas o prácticas sexuales, la desigualdad de facto se abre para otros conjuntos, que, ante el mínimo conflicto, devienen automáticamente casi en culpables incontrovertibles sobre cuyas espaldas recayere la obligación de demostrar su inocencia. Tal ocurre, así, con las personas del mundo del ciclismo; es ése el mismo prejuicio que, por ejemplo, infunde la legislación discriminatoria hacia los varones en la llamada Ley de violencia de género; no por otra razón exige el aforfugáu Pere Navarro que las sanciones a los conductores han de ser inmediatas: porque, en el fondo, entiende que los derechos de defensa o tutela jurídica de los sancionados no son más que triquiñuelas a fin de que no pague quien es, por su mera condición de conductor, un indubitable culpable.
(Dicho sea por otro lado, ese estado de cosas y de opinión, generalizado en nuestra sociedad, es el que produce y anima tanta condena pública emitida antes del juicio, tanta sanción social realizada de manera perfunctoria.)
Pero junto a esa perversión del estado de derecho cabe señalar otra, la de la utilización de la legislación y del estado al servicio no del conjunto del cuerpo social o de la defensa de los intereses de una parte de él, sino, principal o exclusivamente, de la coyuntura política o de los votos de los partidos. He señalado, junto con Xesús Cañedo, en estas mismas páginas (“Legislando con las témporas”, La Nueva España, 28/09/06) cómo algunas de las decisiones legislativas de las Cortes no tienen otro interés o significado que “resultar bonito”, hacer quedar bien al legislador con el grupo mediático que lo jalea y que transmitirá de él una buena imagen si es que se ajusta en sus decisiones a lo que requiere la moda moral o social imperante en la coyuntura, sin que nadie tenga en cuenta realmente los efectos positivos o negativos que, en la realidad, puedan tener las disposiciones emanadas del Parlamento. Pues bien, es evidente que la voluntad de hacer público alarde de los débiles indicios de delito presentes en la “Operación Puerto”, por parte de las autoridades del gobierno Zapatero, respondió a una ambición de ese tipo: quedar como paladines del bien moral en la lucha contra “el mal”, es decir ganar simpatías y votos a costa de la verdad, la justicia o el derecho de los demás.
Ese práctica de manipulación emocional de la opinión pública en conjunción con la dejación o vulneración de las obligaciones del Estado por parte de quienes vienen obligados a servir desde él es muy frecuente. No es proceder distinto el que lleva a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Pesca a responsabilizarnos de la extinción de las especies marinas si compramos peces inmaduros, mientras ellos se eximen de pasar por rulas y pescaderías en cumplimiento de su deber. Es pareja la actitud de quien nos conmina a no tirar de la cisterna so pena de agravar el problema del agua en el mundo -pretendiendo, a la par, subir escandalosamente los precios de la linfa que consumimos-, en tanto que no invierte un euro para evitar que el cincuenta por ciento de los recursos hídricos se pierdan en las conducciones, para efectuar los sistemas de depuración de las aguas o para que funcionen una vez construidos.
Claro que, en las democracias, los vicios y sevicias de los gobernantes los pagan los sostienen y los alientan los ciudadanos cada vez que acuden a las urnas. Esto es, en último término, son embriones de su voluntad e hijos adultos de su contumacia.
1 comentario:
EN TODA LA HISTORIA DE LA DEMOCRACIA ESPAÑA SIEMPRE HA SIDO UN ESTADO DE DERECHO Y, SALVO QUE LA DERECHA SOBORNE A JUECES, SIEMPRE SE HA CUMPLIDO LA LEY A RAJATABLA.
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