En defensa de la enseñanza pública


El claustro y el consejo escolar del IES La Corredoria ha hecho público el escrito que a continuación transcribimos.

Antes de que pasen ustedes a leerlo, permítanme tres consideraciones:

a) Eso ciudadanos no parecen haberse enterado mucho de qué es la enseñanza pública, por la que tantos se pronuncian y que tantas camisetas verdes ha sacado a la calle estos últimos meses. La enseñanza pública consiste precisamente en eso (y ese es el espíritu de la LOGSE y todas las leyes progresistas que hasta ahora han sido): que en las aulas convivan todas las culturas, con sus formas de ser y de entender el mundo; que prime la formación y el desarrollo del alumno sobre los conocimientos; que el derecho a la educación consiste en estar entre las paredes de los centros de enseñanza todo el tiempo que se quiera y haciendo lo que se quiera, como no solo establece la Ley, sino las reiteradas sentencias de los tribunales; y que, finalmente, tratar de imponer formas de conducta o valores o tratar de seleccionar caminos en virtud de los conocimientos, las actitudes o las voluntades es pura reacción y discriminación, así como un ataque frontal al igualitarismo que debe primar en nuestra sociedad y, ante todo, en el sistema educativo.

b) Que no se entiende cómo, basándose en esas premisas, que deberían ser compartidas por todos, hay todavía padres que prefieren llevar a sus hijos a la enseñanza concertada.

c) Tampoco se entiende cómo, en ver de ver en la enseñanza una ocasión gozosa de actuar en pro de las premisas progresistas que rigen la educación y, por ello, desear continuar su trabajo hasta el límite de la edad de jubilación, en la mayoría de los claustros no se habla más que de la jubilación anticipada y de escapar lo antes posible de las aulas, renunciando así a la ocasión gloriosa de servicio a la comunidad que la enseñanza pública y las leyes progresistas proporcionan al profesorad@.

d) En cuanto al dinero que se proporciona a los padres para que pastoreen a sus hijos hasta ingresar en el recinto escolar, de lo que parecen quejarse los firmantes, hemos de preguntarnos, más bien, si no constituye un timbre de gloria para toda la sociedad el que, sobre el dinero que cuesta a todos la enseñanza (pública y privada), y a pesar de los recortes en material y, especialmente en los salarios (un 20% aproximadamente en los últimos años) de los enseñantes, realicemos entre todos el esfuerzo de mostrar a esos muchachos (los padres quizás lo sepan ya de sobra) alguno de los valores fundamentales que deben regir toda sociedad progresista y avanzada: que todo se cambia por dinero y que siempre hay algún sitio al que acudir para conseguir dinero sin hacer esfuerzo para ello.

Y aquí, el escrito:
El Claustro de Profesorado y el Consejo Escolar del IES La Corredoria decidieron, en reuniones celebradas el 2 de mayo de 2013, manifestarles lo siguiente:

Primero. Que en nuestro instituto, por razones de diverso tipo, en los primeros cursos de la ESO hay un elevado número de alumnos cuyo reiterado comportamiento disruptivo (contrario a las más elementales normas de convivencia del centro y a lo que establece Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios' sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias), está cercenando constantemente el derecho a la educación de otros muchos alumnos y alumnas. Y que esto es así a pesar de que el centro ha adoptado todas las medidas educativas, formativas y disciplinarias que contempla el marco normativo actual; y también después de haber implementado todos los recursos humanos y materiales de los que el centro dispone.

Segundo. Que las enseñanzas regladas actuales no satisfacen el deseo de la mayoría de estos alumnos de una oferta formativa mucho menos teórica, mucho más práctica y encaminada a la inserción laboral. No obstante, dado que la ley les obliga a estar escolarizados hasta los 16, no les queda otra alternativa que seguir acudiendo diariamente al instituto junto con el alumnado que sí tiene interés por los estudios reglados.

Tercero. Que una parte de este alumnado altamente disruptivo recibe ayuda económica de las administraciones local y autonómica, con la única condición de que asistan regularmente a clase.

Cuarto. La consecuencia de todo lo anterior es clara: la ley les obliga a asistir a clase, pero dado que no les interesa en absoluto lo que el instituto les puede ofertar, desarrollan comportamientos disruptivos que cercenan constantemente el derecho a la educación de una gran mayoría de nuestros alumnos. El sentido común nos dice que es imposible que alumnos de estas edades estén tranquilos, sin molestar a los demás, seis horas diarias, cinco días a la semana, cuando lo que se les puede ofertar no les interesa para nada.

Por tanto, para garantizar el derecho de toda la Comunidad Educativa, tanto a la educación como a la formación académica encaminada a la inserción laboral, demandamos a las administraciones competentes la adopción de estas dos medidas:

En el marco de una nueva ley, una oferta educativa específica que canalice los intereses formativos del alumnado al que no le interesa para nada lo que le ofrece la actual enseñanza reglada.

Que las ayudas que las administraciones dan a las familias, especialmente las económicas, estén condicionadas a que sus hijos e hijas respeten el derecho a la educación de los demás alumnos y alumnas, lo que supone mantener un comportamiento acorde a lo establecido en el Decreto 249/2007 antes mencionado.

En Oviedo, a 4 de Junio de 2013

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