Ángel de la Fuente (Gijón, 1962), formado en EE UU, es especialista en
Hacienda Pública. Este economista, cuyos trabajos se han publicado en
numerosos medios nacionales e internacionales, desarrolla su labor en el
Instituto de Análisis Económicos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), con sede en Barcelona. Experto en el
sistema fiscal nacional y autonómico, asegura que no hay más remedio
que ahondar en los recortes, aunque suponga alargar la recesión.
-Usted
afirma que no queda más remedio que aplicar los duros recortes
anunciados por el presidente del Gobierno. ¿Servirán para reactivar la
economía?
No. Más bien al revés, seguramente hay un riesgo
elevado de que muchas de estas medidas reduzcan el consumo y alarguen la
recesión. Pero no se toman para estimular la economía sino porque es
urgente reducir el déficit público. No podemos estar mucho tiempo con
déficits cercanos al 10 por ciento del PIB y menos aún con unos mercados
financieros tan nerviosos como los actuales, que sólo nos prestan
dinero a precios muy elevados. Por lo tanto, hay que recortar gastos y/o
subir impuestos y tasas.
-Subir los tipos de IVA u otros impuestos no implica recaudar más.
Eso
es bastante discutible. Normalmente, cuando se suben los tipos se
recauda más. Es verdad que si llevas las cosas al extremo puede pasar lo
contrario, en parte a través de un aumento del fraude y en parte a
través de una caída del consumo, pero yo creo que estamos lejos de haber
alcanzado ese punto.
-¿Está España intervenida, si no de forma oficial sí de facto?
El
mundo no es blanco o negro, sino lleno de tonos distintos de gris.
Cuando entramos en la Unión Europea renunciamos a una buena porción de
nuestra soberanía económica. Esto ha ido a más desde entonces con la
reforma de los tratados, la creación del euro, etcétera, y nunca nos ha
parecido mal. Ahora pedimos ayuda y nos ponen condiciones. Si lo
llamamos intervención suena feo, pero es posible que nos venga bien que
nos empujen un poco desde fuera para hacer ciertas reformas que
necesitamos en cualquier caso. Un buen ejemplo son las pensiones. Hace
tiempo que sabemos que había que reformar el sistema, pero la cosa
solamente se puso en marcha cuando el Gobierno anterior se vio entre la
espada y la pared.
-El Ejecutivo no sólo rechazó compartir
con las comunidades autónomas el punto de déficit que España logró
arrancar a Bruselas, sino que las fuerza a recortar más para acelerar la
reducción del déficit. ¿No debería haber sido más flexible?
El
reparto del margen adicional de déficit tendrá que negociarse. Tengo la
impresión de que el Gobierno central se resiste a ceder de entrada
porque no quiere que las regiones se relajen ahora, que parece que por
fin se están poniendo a recortar, y preferiría guardarse un cierto
margen para compensar ex post posibles desviaciones tanto autonómicas
como estatales que, visto lo visto, no serían ninguna sorpresa. Yo haría
lo mismo.
-Las autonomías tienen que recortar gastos. ¿En qué partidas se debería de incidir?
Me
temo que habrá que tocarlo prácticamente todo pero, por supuesto,
convendría empezar por eliminar todo lo superfluo. Así a bote pronto, yo
diría que casi todas las televisiones autonómicas (y desde luego la
nuestra) son perfectamente prescindibles. También sobran muchas
embajadas autonómicas, se podrían eliminar un montón de subvenciones de
carácter dudoso y algunos organismos regionales que duplican sin
necesidad las funciones de otros estatales, como los defensores del
pueblo. En algunos sitios parece que había más coches oficiales de lo
razonable o demasiados gastos en viajes de carácter más bien lúdico? En
fin, hay un montón de cosas inútiles que seguramente habría que
eliminar, pero no bastará con eso. Habrá que recortar gastos en materias
sensibles e importantes.
-Sanidad y Educación concentran la mayor parte del gasto autonómico.
Precisamente
porque concentran el grueso del gasto autonómico va a ser inevitable
reducir el gasto en estas partidas u obtener más recursos vía tasas (el
famoso «copago»). Si no, no llegamos. Y yo creo que también aquí hay
margen para ahorros razonables que permitan mantener un servicio de
calidad en condiciones equitativas para los ciudadanos. Por ejemplo, en
algunos sitios los libros de texto o las comidas escolares eran gratis
para todos, pero esto no es necesariamente razonable. Lo mismo pasa con
las comidas en los hospitales o con las medicinas de los jubilados. Hay
mucha gente que se puede pagar estos servicios y no tiene sentido
regalárselos. Otros no, y a ésos es a los que hay que proteger
especialmente.
-¿Y en Educación?
Los
resultados académicos no dependen primordialmente del volumen de gasto.
El que en un aula pueda haber 35 o 40 estudiantes en vez de 30 no tiene
por qué ser una tragedia.
-¿Hay otras alternativas?
No. Puestos a recortar gastos, es inevitable entrar en las partidas más gordas.
-¿Tendrán las autonomías que subir más sus impuestos?
Las
autonomías tendrán que escoger la combinación de subidas de impuestos y
recortes de gasto que consideren menos mala en cada caso. Pero tienen
que asumir de una vez su mayoría de edad fiscal y dar la cara ante sus
ciudadanos. En muchos casos, eso supondrá subir sus impuestos y explicar
a los votantes por qué lo hacen.
-Se llegó a hablar hace un par de años de que las comunidades debían crear nuevos tributos para incrementar sus ingresos.
Con
la posible excepción de tasas medioambientales, es difícil pensar en
cosas potencialmente gravables que no estén ya gravadas. Los nuevos
impuestos que han creado algunas comunidades (por ejemplo, sobre fincas
rústicas no explotadas) han sido casi anecdóticos. No creo que veamos
muchas novedades en esta línea. Pero no hace falta inventar impuestos
nuevos, las comunidades autónomas tienen mucho margen para subir o bajar
los tipos en los impuestos que tienen ya cedidos total o parcialmente.
-Usted
es crítico con las reivindicaciones de Cataluña, donde sus partidos
políticos denuncian un «expolio fiscal» desde Madrid. ¿Paga más de lo
que recibe?
Vayamos por partes. Es verdad que los residentes
en Cataluña, en promedio, pagamos más en impuestos estatales de lo que
recibimos de vuelta de la Administración central por diversas vías. Pero
es lógico, porque somos una comunidad con un nivel de renta elevado
dentro de España. Yo también pago bastante más en impuestos a la
Generalitat de lo que recibo en servicios autonómicos y por la misma
razón, porque tengo una renta superior a la media. Por lo tanto, el
déficit fiscal catalán (que ciertamente existe, aunque es muy inferior
al madrileño, por ejemplo) no es el resultado de ningún «expolio», sino
de la deseable redistribución de la renta desde los que más tienen hasta
los más necesitados.
-¿Es insolidario el sistema actual con Cataluña?
No,
aunque con ciertos matices. Hasta la última reforma, Cataluña estaba
ligeramente por debajo de la media en términos de financiación por
habitante o por habitante ajustado. Por lo tanto, sí tenían un cierto
motivo de queja, aunque limitado porque estamos hablando de dos o tres
puntos porcentuales. Otras comunidades, incluyendo Baleares, Valencia y
Madrid, estaban bastante peor tratadas y daban bastante menos murga. En
cualquier caso, con la última reforma del sistema, Cataluña ha pasado a
estar por encima de la media (unos cuatros puntos con datos de la última
liquidación disponible), así que ya no tienen, a mi entender, un motivo
legítimo de queja en lo que respecta al sistema de financiación. En
materia de inversión en infraestructuras, habría más que hablar, pero
ése es otro tema y cuantitativamente mucho menos importante.
-Los
partidos de corte nacional se han sumado a las reivindicaciones y al
discurso de los nacionalistas catalanes. ¿Es quizá consecuencia de la
crisis?
Con matices, pero sí, lamentablemente parece que
tanto socialistas como populares han comprado parte de la reivindicación
nacionalista de un sistema «singular» que mejore sustancialmente la
financiación catalana y reduzca la aportación de la región a lo que
ellos llaman la «solidaridad» interterritorial. Esto es especialmente
cierto en el caso del PSC, pero hace ya tiempo que el PSC se ha
convertido en la práctica en un partido nacionalista y poco más (para
disgusto de buena parte de sus bases y potenciales votantes).
Últimamente, sin embargo, el problema parece estar empezando a afectar
también a la rama local del PP. Es posible que sí, que la crisis tienda a
reforzar el impulso digamos egoísta de no querer repartir con otros,
pero no creo que el problema venga sólo de ahí. Los nacionalistas llevan
décadas haciendo demagogia con esto y les está funcionando. La cosa ha
ido calando ante el silencio irresponsable de los sucesivos gobiernos
españoles y de los grandes partidos nacionales, que nunca han salido a
responder a las falacias nacionalistas con datos y argumentos.
-El Gobierno catalán acaba de reclamar que las comunidades autónomas se puedan beneficiar de la subida del IVA.
Tal
como yo la interpreto, la actual ley de Financiación dice que el 100%
del incremento de recaudación derivado de una subida de los tipos del
IVA irá a las arcas del Estado y no beneficiará por tanto a las
comunidades autónomas. Esto se produce de una forma un tanto enrevesada:
comenzando el año próximo, las regiones recibirán en efecto el 50% de
la recaudación total del impuesto, lo que supondrá mayores ingresos,
pero a cambio su fondo de suficiencia se reducirá en la misma cuantía,
de forma que los dos efectos se compensen.
-¿Es esto razonable?
Yo
diría que no, en parte por lo retorcido y opaco del sistema, pero
tampoco sería razonable que el Estado sea el que se moje subiendo los
tipos del IVA y que las comunidades se beneficien de mayores ingresos
sin tener que dar la cara ante sus votantes. Lo razonable sería
desdoblar el IVA en dos tramos separados, uno estatal y otro autonómico,
y que cada Administración suba o baje el suyo como considere oportuno.
Por razones técnicas y por imposición de la Unión Europea, el tipo del
tramo autonómico tendría que ser el mismo en toda España, así que la
decisión de subirlo o bajarlo tendría que tomarse de forma colegiada por
todas las autonomías (o una mayoría de ellas). En mi opinión, las
regiones deberían disponer de ese instrumento, pero tendrían que dar la
cara si deciden usarlo y no esconderse detrás del Estado, que es lo que
siempre han hecho y lo que les pide el cuerpo a casi todas.
-Los
catalanes pagan más impuestos autonómicos que el resto de las
comunidades. ¿Quizás el problema sea más de gestión que de escasos
ingresos?
Una mayoría de tus ciudadanos puede estar contenta
con impuestos más altos que en otros sitios si a cambio tiene mejores
servicios o más redistribución. El problema es que no está del todo
claro que éste sea el caso aquí. Mi impresión es que esos impuestos
extra lo que financian es un gasto de carácter identitario que no
aumenta el bienestar de muchos de los que vivimos aquí, más bien al
revés (aunque sí el de otros a los que les gustan estas cosas y son más
disciplinados en el voto).
-Asturias es una de las
comunidades autónomas en las que también se pagan más impuestos y
también defiende un modelo solidario. ¿Dónde están las diferencias entre
Cataluña y el Principado?
En todos los sitios cuecen fabes,
y en mi casa a calderades. A muchos asturianos les encanta quejarse
tanto o más que a los catalanes y se sienten maltratados por el Estado. Y
tienen todavía menos razón que éstos porque Asturias es una de las
regiones mejor tratadas por el sector público español, hasta extremos
muy poco razonables. En financiación siempre hemos estado por encima de
la media, tenemos una población muy envejecida con unas pensiones muy
altas que no se podrían pagar sin la caja única de la Seguridad Social,
en materia de infraestructuras seguramente se ha gastado más de lo
razonable en las últimas décadas (incluyendo una ampliación de El Musel
que no tiene mucho sentido, un AVE en construcción condenado a ser
eternamente deficitario y un hermoso túnel vacío que atraviesa Gijón de
punta a punta). Y luego está el carbón. Igual que los vascos tienen el
cupo, nosotros hemos tenido las subvenciones al carbón, que son
completamente injustificables.
-Cataluña reclama ser como el País Vasco y Navarra. Supongamos que se le concede. ¿Qué consecuencias tendría?
Al
día siguiente lo pedirían Madrid y Baleares y luego Aragón. Al final
tendríamos un Estado completamente disfuncional, inmanejable y sin un
duro para garantizar un nivel aceptable de servicios públicos en las
regiones más pobres. Sería un desastre.
-¿Qué le parece el recorte del 30% en el número de concejales?
No
me parece mal. Seguramente con un 30% menos, aún tenemos suficientes
concejales para asegurar la proporcionalidad en la representación y para
que se repartan el trabajo que tienen que hacer de una forma razonable.
Algo se ahorrará, pero poco, en parte porque muchos concejales no
cobran o cobran sólo dietas. Es más un gesto que otra cosa.
-¿Hay que reducir el número de ayuntamientos en España?
Sería
bueno, pero es muy difícil administrativamente y porque a la gente no
le gusta la idea de perder su «identidad municipal». De todas formas, la
mayor parte del ahorro posible se puede obtener por otras vías. Una es
la que parece que el Gobierno está considerando en estos momentos: hacer
que sean las diputaciones las que presten servicios en municipios
pequeños para así explotar las posibles economías de escala. De todas
formas, los posibles ahorros tampoco van a ser espectaculares.
-¿Está de acuerdo con la limitación en los sueldos de los altos cargos públicos?
Con
algún tipo de limitación o de baremo, sí. Pero creo que el principal
problema en este sentido es que los sueldos de los altos cargos públicos
son demasiado bajos. Tan bajos que resulta muy difícil atraer a gente
razonablemente capaz porque ganan mucho más en el sector privado, o que
generan incentivos casi irresistibles a buscar ingresos complementarios
por vías poco sanas. Mala idea en cualquier caso.
-Usted es funcionario, ¿le indignan las medidas anunciadas por el Gobierno?
En
absoluto. Hay que repartir los costes y nosotros somos casi los únicos
en este país que sabemos con cierta seguridad que nuestros empleos no
corren peligro inminente. A largo plazo, sin embargo, lo dicho arriba se
aplica aquí también en la parte alta de la pirámide. Si queremos buenos
altos funcionarios, hay que pagarles razonablemente bien.
-El
empleo público se ha incrementado un 10 por ciento en los últimos
cuatro años, en plena crisis. ¿Cómo se explica y se justifica?
Entre
mi lista de cosas a hacer está buscar información sobre esa variable,
pero todavía no me he puesto. Me gustaría ver de dónde sale ese dato y
mirar con cuidado la letra pequeña porque en principio no me cuadra con
las limitaciones a la oferta de empleo público que hemos tenido en los
últimos años, a pesar de la inercia que llevan estas cosas. Si es
verdad, me parece muy preocupante. Habría que pensar sobre qué falla en
un sistema que permite ampliar plantillas en administraciones que tenían
que ser conscientes de la necesidad de fuertes recortes.
-¿Es eficiente el funcionariado español?
¿Y
los periodistas, o los empleados de banca? Supongo que habrá de todo.
Yo conozco a muchos que sí, y a alguno que deja bastante que desear.
-Si usted tuviera que hacer recortes en este campo ¿qué propondría?
Tengo
la sensación de que podríamos arreglarnos con bastantes menos
funcionarios, aunque habría que mirar cada caso con cuidado. Empezaría
por intentar enviar los efectivos disponibles a los sitios donde
realmente se les necesita, cerrando o reduciendo algunos organismos o
servicios que seguramente están sobredimensionados, en buena parte
debido al traspaso de competencias a las autonomías.
En todo caso, y junto con esas cuestiones señaladas apunta en el horizonte otra: la posibilidad de una época convulsiones sociales, especialmente en el sur de Europa. Es sabido que unos cuantos estados han de realizar ajustes económicos severos que, además, irán unidos a una época de recesión —y, por tanto, de paro— relativamente larga. El malestar social es, en consecuencia, inevitable. El tamaño y forma de expresión de ese malestar no depende únicamente de la capacidad del estado y de las fuerzas políticas para gestionarlo, sino de la aparición o no de fuerzas «antisistema» que sepan utilizarlo y, como en todas las cosas sometidas a la humana ventura, de imprevisibles circunstancias o accidentes coyunturales. Una de las manifestaciones de ese malestar mal gestionado o ingestionable pueden ser las explosiones de violencia social o política. Otra, no incompatible, con la anterior, la «argentinización» (o la «helenización») de los estados, la progresiva depauperación del país a base de políticas demagógicas que conviertan en aparente pan de hoy la miseria del mañana.
