SOBRE EL ASTURIANU, LA LEGISLACIÓN Y EL FUTURO
En marzo del año 2007, un funcionario de la Administración asturiana, don Xurde Blanco, presentó un escrito ante sus superiores pidiendo un permiso para una prueba médica. La solicitud iba escrita en asturiano, porque así fue la voluntad del demandante y porque entendía que lo amparaba, para ello, la Ley 1/1998, de 23 de marzo. El Gobierno del PSOE e IU no le admitió el escrito, precisamente por estar escrito en la lengua patria. El ciudadano acudió a los tribunales de Uviéu al entender que se vulneraba su derecho a dirigirse a la administración del Principado en asturiano «por escrito u oralmente», tal como reza el artículo 4.2. de la Ley de uso y promoción del bable/asturiano. El juez correspondiente, el del juzgado número 3 de lo contencioso-administrativo, entendió que el citado artículo podía ir más allá de los derechos reconocidos en el Estatuto de autonomía y, por tanto, al plantear una especie de cooficialidad por la puerta de atrás, ser inconstitucional. Con un voto particular, en auto de 25 de febrero de 2010, el Constitucional entendió que no había lugar a la cuestión.
La decisión del Tribunal (el acto mismo y la doctrina) viene a ratificar varias cosas. En primer lugar la razón, siempre desoída, que teníamos en el PAS al afirmar que, en el estrecho ámbito jurídico en que nos movemos, la Ley de uso, promovida e impulsada por nosotros frente a la oposición frontal del PSOE y la reticencia de la mayoría del PP (sólo salvada por la presencia en el Gobierno de don Sergio Marqués y nuestros pactos con él), era y es el máximo que se podía alcanzar. Asimismo que la Ley aprovecha al límite los recovecos legales para acercarse a una especie de paracooficialidad (y tengo aquí que volver a reconocer públicamente la capacidad y sabiduría jurídica de Xesús Cañedo Valle, Secretariu Xeneral del PAS, para hilar tan hábilmente esa trama).
(Quizás convenga señalar, al respecto, que la impulsión y la aprobación de la única ley que tutela la llingua nacional —y la única donde se le da al asturiano la consideración de «lengua»— es precisamente la Ley de uso. Pues bien el impulso y aprobación de la Ley, tan dificultosos, nos valió la incomprensión de muchos sectores asturianistas, una desaforada campaña de IU en nuestra contra, y la defección de los más débiles o cobardes de entre los nuestros, impresionados por aquella campaña hecha a base de ignorancia, necedad y mala fe. En otras palabras: la única tutela legal desarrollada del asturiano existente hoy —la otra, sin desarrollar, la del Estatuto, es mía también— nos costó nuestra presencia en el Parlamento asturiano. Hoy, 12 años después, es el texto legal que invocan tirios y troyanos para defender los derechos lingüísticos de los ciudadanos).
En segundo lugar, y volviendo a los efectos y consideraciones que provoca la sentencia, debe anotarse, tal como hemos venido reiterando desde hace tres lustros, que el camino de la cooficialidad sólo es uno: el que pasa por su declaración en el Estatuto de autonomía (como en su día intentamos, tanto por la vía directa, como por la indirecta de la cooficialidad diferida, intento éste, el de la cooficialidad diferida, que, una vez más, recibió también en su día la incomprensión generalizada de los teóricamente más interesados en ello), y que no hay más cooficialidad que aquella que confiere validez jurídica plena a los actos realizados en una lengua. Colateralmente el auto del Tribunal, demuestra, como denunciamos tantas veces, el camelo de tantas pseudo declaraciones de oficialidad impulsadas por IU, hechas sólo para engañar incautos o a adictos al autoengaño. Pseudo declaraciones de cooficialidad que movilizan muchos esfuerzos hacia la nada y que, a la larga, cuando se ve sus nulos efectos (salvo el voto de los incautos o de los que quieren dejarse engañar), provocan desmoralización y cansancio entre los ciudadanos.
Finalmente, y en el plano pragmático, la sentencia viene a mostrar, una vez más, la enemiga permanente de PSOE y PP frente a todas las señas de identidad asturianas (todas, hasta las de la piedras y los hórreos: miren si no el estado del arte asturiano o prerrománico) y, muy especialmente, la llingua. Si de ellos dependiese no habría habido artículo 4º del Estatuto (se debe, recuerdo, al que esto escribe), ni Academia, ni Ley de uso (impulsada y llevada a puerto, repito por nosotros). Si de ellos dependiese, no se hubiesen puesto en marcha ni una sola de las medidas contenidas en la Ley de uso, como ocurrió durante tantos años y sigue ocurriendo, en el Principado y en los ayuntamientos. Si de ellos depende, como tienen ya urdido para la próxima reforma estatutaria, se cargarán todos los avances que la Ley de uso representa e impedirán que nunca vuelva a haberlos. Piensan eliminar los efectos de mejora del artículo 4º del estatuto que en la Ley 1/1998 introdujimos al conceptuarla como «lengua tradicional» y amarrarse entre sí por medio de un quórum especial («amarraditos los dos, espumas y terciopelo») para que ningún partido minoritario los fuerce a mejorar el estatus del asturiano en Asturias. (Debe recordarse, por cierto, que el actual artículo 4 del Estatuto, que salió hacia Madrid con estos términos: «El bable, como lengua específica de Asturias, gozará de protección...», fue pasado a cuchillo, en un dos de mayo centralista, en ese sintagma específico, «como lengua específica de Asturias», por los mamelucos del PSOE, los húsares de UCD, los coraceros de AP y los granaderos del PCE).
Constituye un sarcasmo pensar, como algunos hacen, que la ausencia de conflictos graves en Asturies por los asuntos lingüísticos se debe a los partidos madrileñistas, PP y PSOE. Todo lo contrario: si en su mano estuviese el hacerlo con facilidad, ya hubiesen liquidado el asturiano y todo vestigio del mismo. Es más, no segregan a sus hablantes y les prohíben votar porque piensan, al modo como Vespasiano decía a su hijo Tito a propósito del impuesto sobre las aguas fecales de la Cloaca Máxima, que «votus non olet».
(Por cierto, aunque aparentemente IU no parece situarse en primera fila del antiasturianismo, hay que preguntarse por su responsabilidad en toda esta situación, permitiendo ataques a los derechos de los hablantes —como ocurrió en el caso de Xurde Blancotiene— en un gobierno en que participa o siendo socio cooperante en esa política lingüística negadora de derechos y cicatera, tanto en el Gobierno autonómico como en varios gobiernos municipales. Medítelo el lector).
¿Soluciones y avances? Yo creo que es claro que el combate o partido se dilucida en tres frentes: en el cívico, con el uso de la lengua en la calle; en el jurídico, con la cooficialidad; en el político, mediante la normalización social de la lengua (para este fin, basta con la Ley de uso y un Gobierno que quiera realizarlo). Ninguno de estas dos últimas cuestiones se solucionará si no se barre en las urnas a unos partidos que no sólo no tienen ningún interés por las señas de identidad asturiana, sino que son manifiestamente hostiles a las mismas porque les repugnan profundamente.
De modo que, estimado lector, «De te fabula narratur»: es una historia tuya, no de los políticos.
Xuan Xosé Sánchez Vicente
Presidente del Partíu Asturianista (PAS)
La operación de CAM nu va ser la última na que s'atope Cajastur. Ta en marcha un auténticu terremotu de fusiones, atropamientos, encloyamientos y sofitamientos nel ámbitu de les caxes d'aforros.
El día de san Xuan, al comienzo mismo del verano, marca el comienzo de un intenso ajetreo festivo, a lo largo de tres meses, por toda nuestra tierra. Como en toda actividad social de raigambre tradicional, en cada una de las fiestas se mezclan elementos diversos, que van superponiéndose a lo largo del tiempo.
Cuando en 1809 el Marqués de la Romana disuelve la Xunta Xeneral, Xovellanos y Camposagrado recurren la decisión, calificando a la institución como “constitución de Asturias”, “inviolable”, “soberana” y poseedora de “fueros” o “derechos”. Esa postura soberanista será derrotada en 1834, con la disolución de la Xunta, a la cual no sólo empuja el Gobierno central, sino una serie de asturianos (como Caveda), partidarios de una organización centralista del Estado. Sin embargo, esa visión no muere en la fecha, pervive casi un siglo en una parte de las derechas asturianas: la que articula sus vivencias y pensamiento político en torno al carlismo, muy notable en nuestro país (además de militar en él escritores como Xuan María Acebal, da señal de su importancia el que cuando Adolfo Posada llega en 1883 a la cátedra universitaria, el 25% de los catedráticos son carlistas); los que configuran un movimiento, más tardíamente, bajo la égida de Vázquez de Mella; los conservadores de la Liga Regionalista de De Las Alas Pumariño y La Voz de Asturias o quienes promovieron la Junta Regionalista, ambas en la década que va de 1910 a 1920.
El ex-presidente Juan Luis Rodríguez Vigil viene publicando en las páginas de La Nueva España una serie de artículos donde aborda los problemas del campo asturiano, que tienen un nudo central: el desperdicio de sus posibilidades, su nula rentabilidad. De esos dos elementos deriva una parte sustancial -no toda- de su despoblamiento.
A propósitu de la recién sentencia del Constitucional sobre'l recursu de Xurde Blanco con motivu del frañamientu del artículu 4.2 de la Llei d'Usu y Promoción del PAS pol Gobiernu del PSOE e IU, asoleyo mañana, na sección "Tribuna", un estensu artículu n'El Comercio de Xixón.
La política de personal d'esti Gobiernu ye un desastre (salvo pa los amigos). A les xubilaciones caprichoses de facultativos, hai que señalar la pésima xestión de la fixación de places a través d'oposiciones, qu'anula a cada triqui-traque la xusticia.
¿Recuerden el mio comentariu sobre 
Pos IU, coincide plenamente coles declaraciones de don Willy Toledo, lo sofita públicamente, y propuso una declaración institucional del Ayuntamientu de Xixón nesti sentiu (evidentemente, cuenta colos votos del PSOE).
Tamién el PSOE asofita toos estos disparates.